La Cámara de Comercio de Valladolid falseó los salarios de sus directivos

La Cámara de Comercio de Valladolid falseó en la auditoría del ejercicio de 2016 los salarios percibidos por los miembros de la Alta Dirección, tal y como ha podido comprobar eldiario.es. En su web, la institución refleja que su “estructura” la conforman el director general, Roberto García Marcos, el secretario general, Federico Sanz Rubiales, la controller financiera, Sofía Sevillano Palacios y el responsable comercial y de comunicación, Javier Gallo Fontanillas. No se hace referencia al resto de trabajadores, una treintena, de manera que estos son los que la entidad considera directivos.

Según la auditoría de 2016, un año que finalizó con un saldo negativo de 714.000 euros, la Alta Dirección percibió 133.765,30 euros brutos, sin que se especifique cuantas personas forman parte de ese grupo.

Sin embargo, eldiario.es ha tenido acceso a un documento fechado en enero de 2016 en el que se detallan todos los salarios y en los que se aplica, a excepción de los del director general y el secretario general, una reducción del 10% por la crisis económica de la Cámara. Así, el director general cobró 103.371.09 euros, el secretario general, 77.371.07 euros, el director de Comunicación 53.632,47 y la controller financiera 57.158,71 euros. Ni siquiera eliminando a los dos últimos cargos se llega a la cifra reflejada en la auditoría de 133.765,30 euros, sino a una bastante superior (por encima de los 180.000 euros).

En la auditoría también se hace constar que en 2015 estos mismos directivos sumaron entre todos una cifra redonda, sin céntimos: 149.000 euros. La suma de los sueldos en bruto, con la seguridad social incluida, hace prácticamente imposible llegar a una cantidad sin decimales.

Según la web de la Cámara, las percepciones de 2017 ascienden a la “cantidad total bruta de 160.468,12 euros por todos los conceptos”. Así, a pesar de incurrir en pérdidas un año tras otro, las percepciones de los directivos aumentaron un 17% de un año a otro.

La Cámara niega que esté obligada al plan de viabilidad

Este diario ha tratado de obtener una explicación de la Cámara de Comercio. Desde la institución negaron que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Empleo, le hubiese impuesto un plan de viabilidad que, según la Ley de Cámaras de Castilla y León, debe arrojar resultados en un máximo de cuatro ejercicios o se hará efectiva la extinción de la entidad. Además mostraron su malestar por la información publicada por eldiario.es, que según sus dirigentes “ha causado un daño considerable” a su reputación.

La información de eldiario.es está basada en las dos únicas auditorías colgadas en su portal de transparencia y en los datos que facilitó la Consejería de Empleo, que durante la mañana de este martes reiteró a esta redacción que se había comunicado a la Cámara de Valladolid que tenia que elaborar el plan de viabilidad.

Mailing a empresarios de la ciudad

Horas después de que la Cámara negase la información de eldiario.es, su presidente, Víctor Caramanzana, firmó una carta que se hizo llegar por mail a un buen número de empresarios de Valladolid a primera hora de la tarde del martes y a la que tuvo acceso este diario. En el encabezado, Caramanzana explica que envía la comunicación “en relación a una información publicada recientemente por un medio de comunicación” y desgrana en tres puntos una serie de explicaciones que al contrario de lo que pretende, corrobora lo adelantado por este medio.

Sobre las cuentas de 2018, que según informó la Junta a eldiario.es son negativas, asegura que son las que se presentaron al pleno de la Cámara el 29 de marzo y que han sido aprobadas por la Junta de Castilla y León en resolución de fecha 6 de septiembre “en donde no se realiza requerimiento de ningún plan de viabilidad”, afirma. Sin embargo aporta el documento adjunto con la resolución. En él, la Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Empleo, dice claramente en su página 4 a lo largo del punto 4: “La situación de resultados negativos continuados durante varios ejercicios, hacen necesaria la elaboración de un plan de viabilidad por parte de la Cámara de Valladolid tal y como se regula en el artículo 11 de la Ley 8/2018 de 14 de diciembre”.

Pero Caramanzana indica que “desde los servicios jurídicos de la Cámara infieren que se trata de una simple observación que no se traslada al dispositivo de la resolución, donde únicamente consta la aprobación de las cuentas [ello al margen de que la observación se retrotrae a un marco anterior a la Ley regional de Cámaras]”. Es decir, que para el presidente de la Cámara de Valladolid, aunque la Junta de Castilla y León es la administración que vela por el cumplimiento de los requisitos legales, la indicación de que tiene que hacer un plan de viabilidad por ley, no es más que una “observación”.

Lleva a la Junta a los tribunales por la Escuela de Cocina

Pero Caramanzana también aporta información de mayor calado a los empresarios, como que tras diferentes solicitudes de Compliance -una Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos- presentó una solicitud de informe al Consejo Consultivo a través de la Consejería de Economía y Hacienda “para que se dirimiera sobre la nulidad de pleno derecho sobre los contratos de la Escuela de Cocina”.

Así, el presidente entiende que el que fue un proyecto estrella de la Cámara no sólo es un lastre, sino que es un contrato ilegal que hay que anular. La solicitud, dice, “fue rechazada de plano” por el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE), la empresa pública que absorbió a la a su vez empresa pública Ade Parques, que financió la Escuela de Cocina por 5 millones de euros. Por ello, la Cámara ha recurrido a “los Tribunales de lo Contencioso-administrativo, que decidirán al respecto”. Según los servicios jurídicos de la Cámara de Comercio “el asunto abarca desde la nulidad de pleno derecho hasta una posible dación en pago”.

Confirma los resultados negativos pero los minimiza

También se pronuncia el presidente sobre los presupuestos y resultados sobre los que informó eldiario.es. “En cuanto a lo primero es cierto que en el año 2017 por diferentes factores que se han explicado debidamente, hubo una desviación en el presupuesto, reconoce. En concreto, en 2017 la previsión de ingresos era de 4,5 millones de euros y la de gastos, prácticamente la misma. Se esperaba un superávit de apenas 21.000 euros. Los ingresos fueron de 2,7 millones, por lo que hubo un desvío de 1,8 millones. Se ganó solo el 60% de lo planeado. Caramanzana defiende que ”en el año 2018 el presupuesto no pudo ser más realista“ puesto que sólo hubo un desvío del 3% y minimiza las pérdidas. ”Aunque el resultado de Pérdidas y Ganancias es negativo, arroja un EBITDA positivo por 344.056,16 euros“.

Lo que no dice, pero sí subraya la Junta de Castilla y León en su resolución y los auditores en su informe, es que tiene un fondo de maniobra negativo de 278.000 euros. Y todo ello sin conocer a cuánto asciende el pasivo en el ejercicio 2018. En 2017 era de 8,6 millones de euros. De esa deuda, el máximo responsable de la Cámara de Comercio sólo informa a los empresarios diciendo que “en cuanto a la deuda” se sabe que “tras la retirada del recurso cameral” fue imposible afrontar las obligaciones financieras en relación a la construcción de la Escuela Internacional de Cocina. “En los pasados ejercicios, hemos seguido afrontando pérdidas en nuestra cuenta de resultados al no poder afrontar la amortización del proyecto de la Escuela”, añade. Para demostrar que no todo es tan malo, aporta un cuadro “con el resultado de explotación sin las amortizaciones de la Escuela de Cocina” porque es lo que discuten con la Junta “mediante conversaciones y negociaciones desde 2014”.

A pesar de todas las evidencias, Caramanzana concluye desmintiendo el titular de eldiario.es: “la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid no está abocada a la extinción ya que además de los argumentos que os he indicado anteriormente, nuestra institución cuenta con un importante patrimonio al tratarse históricamente de una Cámara inversora”. Omite que parte de ese patrimonio está hipotecado para hacer frente al pago de la Escuela de Cocina y que tal y como indican los auditores en una salvedad, algunos de sus activos tienen que volver a valorarse porque presentan indicios de deterioro. Además, parte de ellos fueron sufragados con donaciones y subvenciones, no mediante inversión.