El agujero de la Cámara de Comercio de Valladolid: abocada a la extinción por una deuda millonaria si no pone remedio en cuatro años

La Cámara de Comercio de Valladolid está atenazada por las deudas y su supervivencia, después de 133 años de historia, depende de cómo las afronte a partir de ahora. La institución presentó la auditoría de las cuentas de 2018 a la administración tuteladora, la Junta de Castilla y León, el pasado mes de junio. Al igual que en ejercicios anteriores, los resultados son negativos, tal y como ha podido saber eldiario.es. Esta vez, la Cámara está obligada a sanear sus finanzas o a desaparecer.

El artículo 11 de la Ley de Cámaras de Castilla y León, que entró en vigor en enero de 2019, obliga a que cuando una cámara incurre en resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos debe ponerlo en conocimiento de la Administración y acompañar su informe de un plan de viabilidad que deberá ser aprobado posteriormente por el Pleno. Tal y como ha confirmado la Consejería de Empleo a este diario, la Cámara de Valladolid, incumpliendo esta norma, no ha presentado el plan de viabilidad, por lo que se le ha requerido. Este plan puede ser auditado externamente y debe recoger actuaciones destinadas a corregir el desequilibrio en un plazo que no puede ser superior a cuatro ejercicios contables. En el caso de que la inviabilidad económica no pudiese superarse tras acabar el plazo de aplicación del plan, la Cámara de Comercio de Valladolid tendría que extinguirse, por ley.

Es ahora, porque es una obligación legal, cuando la Junta impone el plan de viabilidad, pero lo cierto es que la Cámara tiene problemas de liquidez desde 2013, cuando empezó a acumular una importante deuda con la Consejería de Economía. Lejos de solventar la situación entonces, se obvió un problema que no ha dejado de crecer.

La Cámara es incapaz de hacer presupuestos realistas. Por ejemplo, para el ejercicio 2017 la previsión de ingresos era de 4,5 millones de euros y la de gastos, prácticamente la misma, para tener un superávit de apenas 21.000 euros. Los ingresos fueron de 2,7 millones, por lo que hubo un desvío de 1,8 millones. Se ganó solo el 60% de lo planeado. En 2018 la previsión era ingresar 4,6 millones y gastar 4,5 y tampoco se ha logrado, dada la resolución de la Junta de Castilla y León. El descenso de los ingresos en la institución cameral no es nuevo: la bajada suma 1,4 millones desde 2015 –los datos más antiguos que aparecen en el portal de transparencia– hasta 2017.

Una deuda con la Junta refinanciada a 43 años

Una de las piedras de toque es la Escuela de Cocina, un acuerdo a tres que se cerró en 2008 entre el Ayuntamiento de Valladolid, entonces regido por el PP de León de la Riva; la Consejería de Economía, en esa etapa en manos de Tomás Villanueva, imputado en dos casos de corrupción poco antes de fallecer inesperadamente; y la Cámara, que en ese momento presidía José Rolando Álvarez, al frente del Grupo Norte.

La escuela se construyó en terreno cedido por el Ayuntamiento de Valladolid durante 50 años y fue financiada por una de las empresas públicas de la Consejería de Economía, la entonces denominada Ade Parques. Era el año 2012 y Ade facturó la construcción y su amueblamiento por 5 millones de euros. En ese momento se estipuló que se pagaría en 180 cuotas hasta 2026. Aunque los distintos presidentes que han desfilado por la Cámara de Valladolid siempre se han referido a la derogación del recurso cameral en 2010 como motivo de todos sus males, lo cierto es que no se dejó de cobrar –más de tres millones de euros– hasta 2012.

En esos dos años, se podría haber optado por abandonar el ambicioso proyecto de la Escuela de Cocina, pero no se planteó. Eran tiempos de crisis, pero no para la Cámara, que en una comida anual agasajaba a los periodistas económicos con algo más que un detalle: ellos regresaban a su redacción con una corbata de seda y ellas, con un bolso de Carolina Herrera. La mayoría utilizaba el cheque regalo para devolverlo y pedir el reembolso en unos grandes almacenes que formaban parte del comité directivo de la Cámara.

La Cámara apenas satisfizo algunas mensualidades. Que la empresa pública de la Junta que más deuda acumulaba y cuyo objeto social era la creación de parques tecnológicos y empresariales se hiciese cargo del proyecto ya fue sorprendente. El Consejo de Cuentas de Castilla y León, en un informe de fiscalización de Ade Parques apuntaba que “el suministro de mobiliario industrial para una Escuela de cocina no se puede considerar incluido dentro del objeto social de la empresa recogido en sus Estatutos, lo que incumple lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector Público”.

En este informe, el Consejo de Cuentas escogió contratos al azar y entre ellos no estaba el de la construcción de la Escuela de Cocina, por eso no se pronuncia. Sin embargo, sí parece cuestionable que la Junta, a través de Ade Parques, financiase el proyecto, ya que en el objeto de la empresa pública estaban la adquisición de suelo y la creación y promoción de parques tecnológicos. En ningún caso aparecía la posibilidad de financiar una empresa de explotación privada levantada en suelo público.

¿Qué pasó con esos 5 millones de euros de dinero público? En 2016, la Cámara ahogada por las facturas tuvo que refinanciar su deuda con la Junta. El 29 de junio de 2016 la Cámara y la Agencia de Innovación y Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ente que adquirió el 29 de diciembre de 2014 la totalidad de los derechos y obligaciones de Ade Parques) suscribieron una escritura de Reconocimiento de Deuda, Aplazamiento y Garantía Hipotecaria.

En dicha escritura se reconoce que la deuda de la Cámara a 31 de mayo ascendía a 1,5 millones de euros y se acuerda un aplazamiento de la deuda vencida a 42 años con una carencia de 5. Durante toda la duración del aplazamiento se devengarían intereses a favor de la Agencia de Innovación y Financiación e Internacionalización empresarial de Castilla y León. La Cámara, para garantizar el pago total del capital y los intereses devengados, hipotecó el edificio destinado a Vivero de Empresas en Valladolid.

La situación se complicó aún más el 23 de enero de 2017. La Cámara y la Agencia de Innovación firmaron un acuerdo por el cual la deuda no vencida que no fue objeto de aplazamiento en la escritura de 29 de junio de 2016 se retrasaba en las mismas condiciones que el aplazamiento anterior. En la escritura se reconoce que la deuda de la Cámara asciende a 3,6 millones y acuerdan un aplazamiento de la deuda vencida a un plazo máximo de 39 años con un periodo de carencia de 4 años. Durante la duración del aplazamiento, se devengarán intereses. Así, la Junta de Castilla y León arrastrará la deuda de la Cámara de Comercio durante décadas, en el mejor de los casos. En el peor de los escenarios, la extinción, el dinero se perderá.

Bajada de sueldo a trabajadores pero no a directivos

Siempre según la auditoría de 2017, puesto que la de 2018 no está aún en el portal de transparencia, la Dirección General tenía previsto acometer diversas medidas que garantizasen la continuidad de las operaciones con normalidad. Para ello se planteó reorganizar las actividades de la cámara y seguir impulsando la prestación de servicios de valor a las empresas como las principales formas de financiación. Pero además preveía una reestructuración de la Cámara “en su conjunto”, eliminando varios puestos de trabajo y manteniendo la bajada salarial de 10% acumulada desde 2012 y recuperación progresiva “a medida que se genera tesorería”. Estas medidas supondrían en torno a un 20% de reducción de personal. También planeaba la renovación de las líneas de crédito existentes.

La deuda contabilizada en 2017 asciende a 8,6 millones de euros. En concreto la auditoría precisa que las deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2017 eran de 6,2 millones, 5,4 en el ejercicio 2016. Las de corto plazo en 2017 ascendían a 2,4 mientras que en el ejercicio anterior eran de 2,7 millones de euros.

Pese a que los números no acompañan, las retribuciones de sus directivos no han sufrido en la crisis. Según el portal de transparencia, “los miembros de la Alta Dirección” –el director general Roberto García, el secretario general, Federico Sanz, y el director de Relaciones Externas, Javier Gallo–, cobraron entre los tres 160.468,12 euros brutos, un 17% más que en 2016, cuando percibieron 133.765,30 euros. Fuentes sindicales confirmaron a eldiario.es que la bajada de sueldos que comenzó en 2012 nunca llegó a los directivos.

En una entrevista en noviembre de 2018, tras su reelección, el presidente de la Cámara, Víctor Caramanzana, aseguraba que la situación de la Cámara a su llegada en 2016 era “compleja” mientras que dos años después estaba “en condiciones de liderar el futuro de las empresas de Valladolid”. Lo que no explicó es cómo iba a aconsejar sobre el futuro de las mercantiles una institución que no consigue superar los números rojos.