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La huelga de los funcionarios de Justicia de Castilla y León paraliza 800 demandas judiciales

Funcionarios de Justicia protestan a las puertas de los juzgados de Valladolid para exigir el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realizan.

Gadea Velasco

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La huelga de los funcionarios de Justicia ha paralizado 800 demandas judiciales en Castilla y León. El responsable del Sector de Justicia de Csif en la comunidad, Juan José Banciella, ha calificado este año como “judicial perdido” al haber retrasos en los juzgados de lo social y de primera instancia hasta junio de 2024.

En una concentración que ha agrupado a más de un centenar de funcionarios frente a la Sala de los Juzgados de Valladolid, el secretario general del sector de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO), Luis Calero, ha explicado que el Ministerio de Justicia solo está negociando con las asociaciones de jueces y magistrados mientras que está ninguneando al resto de profesionales.

Calero también ha denunciado que se están suspendiendo “centenares de miles de actuaciones judiciales”. “Se está produciendo un retraso inasumible y la ministra sigue sin reaccionar”, ha reprochado.

La huelga, que se ha prolongado cinco semanas, será de carácter indefinido desde el próximo 22 de mayo. 2.800 funcionarios de Justicia de Castilla y León y 600 en Valladolid están llamados a la concentración de ámbito nacional convocada por los sindicatos para exigir una subida retributiva y el mantenimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

“Hemos convocado una huelga indefinida desde el próximo 22 de mayo hasta que nos convoquen para solucionar el conflicto”. El secretario de CCOO ha explicado que desde el sindicato exigen una subida retributiva en la misma línea que se ha pactado con los letrados de la Administración de justicia, los jueces y los fiscales. Los trabajadores también han apuntado que la ministra de Justicia, Pilar Llop, tiene una actitud “indecente y clasista”.

Calero ha destacado que la huelga está teniendo un alto seguimiento con más de 25.000 trabajadores en toda España. Además, los sindicatos se han dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una carta para que solucione el conflicto.

 

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