¿Nuevas elecciones autonómicas en 2023?

El pasado 10 de marzo, al presentar el pacto alcanzado entre PP y Vox en Castilla y León, el entonces presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, aseguraba que dicho acuerdo garantizaba un “gobierno estable y sólido” durante los 4 años de la nueva Legislatura completa abierta a partir de las elecciones anticipadas del 13 de febrero.

Fernández Mañueco se mostraba así de optimista horas después de haber tenido que claudicar y entregar a Vox la presidencia de las Cortes, cedida bajo la amenaza de que sin ella el partido de Santiago Abascal no apoyaría su investidura y forzaría una repetición electoral.

No se apeó de su optimismo Mañueco cuando durante el debate de investidura aseguró que el gobierno PP-Vox actuaría como una “piña” y cuando todavía no hace mucho defendía que se trata de “un gobierno acoplado, en marcha y que funciona con normalidad”.

La realidad es que han bastado tan solo unas semanas para comprobar que, lejos de mantener un único discurso nucleado en torno al programa pactado, el gobierno Mañueco está hipotecado por la estrategia partidista de Vox, que desde el primer día se ha erigido en un compartimento-estanco comandado desde la vicepresidencia sin cartera parasitada por Juan García-Gallardo.

El PP confiaba en que la institucionalidad del poder moderaría el extremismo de su socio, pero se ha encontrado con un exaltado vicepresidente que se vale de su cargo institucional (79.5571 euros brutos anuales) para anteponer el credo ultraderechista de su partido, emponzoñar la convivencia política y sembrar la crispación social. Y lo que es peor, desafiar la autoridad del presidente Mañueco, convertido en el rehén político de un partido que para colmo aboga por suprimir el Estado de las Autonomías. Sin ir más lejos, en el próximo pleno de las Cortes al PP no le quedará otro remedio que salvar a García-Gallardo de la reprobación presentada por el grupo socialista tras la vejatoria forma en la que el vicepresidente se dirigió a la procuradora Noelia Frutos en la anterior sesión parlamentaria.

Es evidente que el PP de Castilla y León no midió bien las consecuencias que podía acarrear esta alianza con la extrema derecha. A Alberto Núñez Feijóo no le gustaba por el precedente que iba a sentar, pero menos aún tener que estrenar su mandato con una repetición electoral que, aparte de no pintar nada bien para el PP, interfería su aterrizaje y toma de control del partido. Y optó por poner distancias, no asistiendo a la toma de posesión de Mañueco y atribuyendo a éste toda la responsabilidad de su pacto con Vox.

Y lo que está sucediendo en Castilla y León se da completamente de bruces con la estrategia electoral adoptada por Núñez Feijóo, convencido de que, bajo su liderazgo, el PP conseguirá recuperar buena parte del voto fugado hacia Vox sin necesidad de impregnarse del tinte ultraderechista de los de Abascal.

El desleal comportamiento de Vox ya sería suficiente motivo para que el PP de Castilla y León se replanteara la ruptura de un pacto que, más allá de someter a esta comunidad autónoma a los excluyentes dictados ideológicos de la extrema derecha, está resultando humillante para el partido mayoritario. Unido a esto su colisión con la estrategia de Génova, en el seno del PP se está abriendo paso la idea de la necesidad de sacudirse el yugo de Vox poniendo cuanto antes fecha de caducidad a un pacto de gobierno descaradamente instrumentado por el socio minoritario.

Y apenas seis semanas después de la toma de posesión del presidente, vicepresidente y consejeros de la Junta, en el seno del PP empieza a circular el runrún sobre unas nuevas elecciones autonómicas anticipadas que ponga fin a esta tormentosa alianza con la ultraderecha. No serían otras elecciones aisladas como las del pasado 13 de febrero, que además no pueden convocarse hasta un año más tarde, sino que se trataría de hacer coincidir su nueva convocatoria con las elecciones municipales a celebrar el domingo 28 de mayo de 2023, volviendo así al calendario tradicional de celebrar en la misma fecha ambos comicios. Para ello Fernández Mañueco tendría que disolver las actuales Cortes a primeros de abril.

La clave andaluza

Por medio están las inminentes elecciones andaluces, absolutamente claves para consolidar la estrategia de Núñez Feijóo. A diferencia de Mañueco, Juan Manuel Moreno Bonilla siempre ha querido evitar a toda costa la tóxica dependencia de Vox. De ahí que se haya resistido prácticamente hasta el último momento a anticipar unas elecciones que pudieran entregar la llave del gobierno a la ultraderecha. Y una vez convocadas con Núñez Feijóo en Génova, el objetivo común es alcanzar una victoria “a lo Díaz Ayuso”, es decir lo suficientemente amplia para poder gobernar en minoría sin necesidad de incluir a Vox en el gobierno. Para ello le basta que el PP sume por sí mismo más escaños que el conjunto de la izquierda, que en esta ocasión comparece fraccionada en tres formaciones distintas: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Desde la fortaleza adquirida durante estos años de gestión de gobierno, Moreno Bonilla ha decidido plantgar cara sin ningún complejo al partido de Abascal, presentándose a sí mismo “como un dique de contención contra Vox” y mostrándose dispuesto a ir a una repetición electoral antes de compartir el gobierno andaluz con la ultraderecha.

Y los sondeos electorales le pintan bien al PP andaluz, que, al contrario de lo ocurrido el 13-F en Castilla y León, resultaría el gran beneficiario del hundimiento electoral de Ciudadanos. Según el CIS, su porcentaje de voto de 2018 (20,75) se situaría ahora en torno al 35 por ciento, pasando de 26 a 47-48 escaños en un Parlamento que tiene su mayoría absoluta en 55. De la mano de Macarena Olona, Vox, que cuenta ahora con 12 escaños, saltaría hasta alrededor de 20, cosecha insuficiente para resultar imprescindible en la ecuación de gobierno. El PSOE se estancaría en torno a sus 33 escaños actuales y las dos opciones a su izquierda sumarían como máximo 12, con lo cual Moreno Bonilla estaría en condiciones de gobernar en solitario.

Si esto se confirmara, el pacto PP-Vox en Castilla y León sería toda una mácula para estrategia de Núñez Feijóo de presentarse a las próximas elecciones generales como alternativa política moderada no contaminada por una ultraderecha montaraz y asilvestrada. Y la solución pasaría por aprovechar las elecciones municipales del 28 de mayo para poner fin al nefasto pacto de gobierno mediante el pertinente adelanto de las autonómicas, en la confianza de que la doble urna y la revalorización de la marca PP ayuden a Mañueco a iniciar una nueva etapa de gobierno en solitario o con otros apoyos, en todo caso liberado del actual yugo de Vox.

Desbarajuste sin precedentes

Buen ejemplo del desbarajuste causado en la Junta por el ninguneo mutuo entre ambos socios ha sido su tardía reacción ante la crisis sobrevenida en el Grupo Siro, que el pasado fin de semana decidía suspender la producción en todas sus plantas en Castilla y León. Centrado en su particular cruzada “contra el virus del comunismo” y el “fanatismo climático” de la Agenda 2030, el consejero de Industria, Mariano Veganzones, ha permanecido ausente de un conflicto laboral que mantiene en vilo a los 1.300 trabajadores que emplea el emblemático grupo galletero.

Dicha crisis se ha gestado y ha estallado mientras el consejero ha mantenido seis semanas sin cubrir la viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral, cuyo titular, Óscar Villanueva, no ha tomado posesión hasta el pasado viernes. Aunque el origen de la crisis es la deuda financiera, el conflicto es de naturaleza laboral desde el momento en que los fondos de inversión dispuestos a recapitalizar el grupo condicionan la operación a unas duras reducciones salariales que no aceptan los trabajadores de tres de las cuatro factorías.

Simultáneamente, en su afán de entrometerse en los asuntos concernientes a las tres consejerías en manos de Vox, el “audaz” vicepresidente se ha jactado de haber modificado el modus operandi de la Junta respecto a la tuberculosis bovina. Con el argumento de que se estaban matando moscas a cañonazos, la consejería ha optado por sacrificar exclusivamente a las reses enfermas, “indultando” al resto contra el criterio del estamento veterinario. “Los ganaderos de Castilla y León ya saben que ahora tienen un gobierno regional que les defiende de imposiciones arbitrarias”, ha afirmado García-Gallardo ufanándose de una temeraria decisión que puede terminar poniendo en peligro la exportación de carne de vacuno.

García-Gallardo no se para en barras en la burda instrumentación de su cargo y de los medios públicos en beneficio de su partido, al extremo de haber llegado a colgar en su cuenta de Twitter un video de autobombo que mezclaba el logotipo de Vox con el emblema institucional de la Junta. Un abuso partidista del que luego ha dado marcha atrás tras la advertencia del procurador Francisco Igea de que el hecho podía ser constitutivo de un delito de malversación.

Con este panorama, las elecciones andaluzas pueden resultar determinantes. Si Moreno Bonilla consigue formar gobierno sin el apoyo de Vox, la estrategia de Núñez Feijóo y la desairada situación de Mañueco conducen inexorablemente a la celebración de nuevas elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo 28 de mayo.