La coalición PP-Vox, hacia un nuevo récord de gasto político

Cuando Vox, que defiende en su programa la reducción del gasto político, se conformó con tres consejerías en lugar de las cuatro que ocupó Ciudadanos, hubo quien ingenuamente pudo pensar que el nuevo gobierno de Castilla y León iba a reducir su estructura y con ella su nómina de altos cargos. Máxime cuando con el anterior gobierno de coalición dicha nómina creció de 82 a 95 altos cargos.

Desguazada la consejería de Transparencia creada “ad hoc” para el anterior vicepresidente, el PP habría mantenido la misma cuota de poder reduciendo a 9 el número de consejerías, con el consiguiente ahorro de gasto. Pero tal cosa ni se le ha pasado por la cabeza a Alfonso Fernández Mañueco, quien ha aprovechado para desdoblar en dos la de Fomento y Medio Ambiente, manteniendo el número de consejerías en diez, el máximo que permite la Ley de Gobierno.

Es así que a la espera de que se conozca la estructura orgánica completa de las 10 consejerías, todo apunta a que el número de altos cargos acabará alcanzando el centenar. De momento, la vicepresidencia ociosa con la que entretiene su tiempo Juan García-Gallardo ha supuesto que el Consejo de Gobierno haya pasado de 11 a 12 miembros. Y el segundo escalón, el de las viceconsejerías, ha pasado de ocho a nueve, al estrenar una nueva la consejería de Sanidad y dotarse de una segunda la de Presidencia, al tiempo que inexplicablemente se ha suprimido la de Universidades e Investigación, la única que existía en Educación. De momento, ya se contabilizan dos altos cargos más que en la etapa anterior.

Tres asesores al servicio del vicepresidente

Tampoco parece que vaya a reducirse la nómina de personal eventual (asesores) nombrados a dedo al servicio del presidente, vicepresidente y consejeros, capítulo que con el anterior gobierno se disparó hasta el número de 45 puestos. En su momento, Mañueco no se cortó un pelo en utilizar parte de ese cupo para proporcionar cobijo a políticos del PP desubicados, llegando a colocar en esa nómina a cuatro ex senadores. El más conocido, Ignacio Cosidó, que acabó renunciando a la sinecura cuando arreció el caso Kitchen. Otra ex senadora, Esther Muñoz, saltó desde el Gabinete del Presidente al cargo de delegada territorial de la Junta en León, en el que acaba de ser confirmada.

Puesta la lista a cero al entrar el nuevo gobierno, la Junta ha nombrado ya a 35 de estos asesores, entre los que vuelven a figurar los ex senadores Félix Colsa y Laura Prieto. Y esta vez el fichaje más descarado del presidente ha sido el Daniel Llanos, el ex concejal del PP en el ayuntamiento de Salamanca forzado el pasado año a dimitir por triplicar la tasa de alcoholemia cuando circulaba por el casco urbano de la capital.

Mañueco sigue ciertamente sin cortarse un pelo a la hora de utilizar sus resortes de poder de forma espuria y partidista, pero el que no le está yendo a la zaga a la hora de seleccionar personal de confianza es el vicepresidente y edecán de Santiago Abascal, Juan García-Gallardo. Para empezar, ha fichado a un pariente, José María Barrio Gíl-Fournier, un gestor urbanístico de agitada trayectoria, para que le haga las veces de secretario particular. Y al tiempo se ha traído de Madrid a dos periodistas sin ninguna vinculación con Castilla y León: Montserrat Lluis y Fernando Argüello. Lluis, durante poco más de un año directora general de Trece (la cadena televisiva de la Conferencia Episcopal), fue cesada fulminantemente el pasado mes de marzo. Por su parte, Fernando Argüello procede del Departamento de Comunicación y Prensa de la sede central de Vox.

Ya advertimos que el gasto generado por la superflua vicepresidencia de García-Gallardo no se iba a limitar a su sueldo, próximo a los 80.000 euros anuales. A ello habría que añadir el generado por el coche oficial y el personal eventual a su servicio, que de momento se concreta en los tres fichajes reseñados. Que será todavía alguno más, ya que faltan todavía por nombrar 10 asesores (suponiendo que se mantenga en 45 el número total de los mismos).

Cortes: Recorte del 0,68 % en las subvenciones frente al 5,1 de aumento en la masa salarial de los liberados

El propio García-Gallardo se ufanó de promover una reducción del gasto político en las Cortes, que en lo que se refiere a las subvenciones a los grupos parlamentarios llegó a cifrar en un ahorro de 333.626 euros anuales. Pero tal como puede comprobarse en la página web de las Cortes, la realidad es que dicho ahorro se ha reducido a 25.272 euros, que equivalen al 0,68 por ciento del montante total de dicho capitulo. El gasto anual de las subvenciones a los grupos ha pasado de 3.742.320 euros anuales a 3.717.048. Esa ha sido la infima reducción practicada.

Y esto ha ocurrido al mismo tiempo que la retribución básica de los miembros de la Mesa, de los portavoces de los grupos y demás procuradores liberados por cuenta de la Cámara se ha incrementado en un 5,3 por ciento, al pasar de 73.211 a 76.355 euros brutos anuales. A dicho salario se añade la mal llamada “indemnización por gastos”, denominación con la que se camufla un complemento salarial fijo que se ha mantenido en las mismas cuantías de 1.800 y 1.440 euros. Con ello, la retribución total de los 6 miembros de la Mesa y los 5 portavoces titulares se ha disparado hasta los 97.955 euros anuales, mientras que la de los 14 liberados restantes ha pasado a ser de 93.635 €.

Tras esta “actualización”, la nómina salarial de la élite política de las Cortes ha pasado de 2.272.601 a 2.388.340 euros anuales, 115.739 euros de incremento que equivalen a un 5,1 por ciento. Un aumento de gasto que podría haber sido aún mayor de no habérsele escamoteado al grupo mixto (Podemos, C´s y Por Ávila) la portavocía adjunta que tuvo asignada incluso cuando solo contó con dos procuradores, como ocurrió en la legislatura 2015-2019, en la que estuvo integrado tan solo por Luis Mariano Santos (UPL) y Francisco Sarrión (IU).

Sumando los capítulos dedicados a las subvenciones a los grupos parlamentarios (3.717.048 €) y a la nómina salarial de los procuradores liberados (2.388.340 €), el gasto anual resultante se cifra en 6.105.388 €, cuantía que supera en 90.467 euros a la vigente en el momento de la convocatoria electoral, en la que ambas partidas sumaban 6.014.921 euros. Y se hubiera incrementado en otros 93.635 € más si no hubiera sido por esa burda represalia adoptada contra el nuevo grupo mixto. Conclusión: Lejos de aplicar una reducción del gasto político en las Cortes, PP y Vox lo han incrementado hasta elevarlo a un nuevo record.

Y ni palabra sobre los “chiringuitos”

Añádase a todo lo anterior que la palabra “chiringuito” no aparece en ninguno de los puntos del Acuerdo de Legislatura firmado entre ambos socios de gobierno, de donde se desprende que a Vox no le sobra ninguno de los entes y fundaciones que conforman la llamada Administración B de Castilla y León. El presidente de ASAJA, Donaciano Dujo, que se ha apresurado a marcar las tareas a su viejo conocido y nuevo consejero, Gerardo Dueñas, puede estar tranquilo sobre el futuro del ITACYL, Instituto que siempre ha defendido su organización. Y si Ciudadanos indultó en su día a la Fundación Siglo, no será el nuevo consejero de Cultura, Gonzalo Santonja -al Noé ex director del Instituto de la Lengua le van a hablar de inundaciones- quien vayan a prescindir del chiringuito desde el que se ejecuta con plena discrecionalidad gran parte del presupuesto de la consejería.

Aunque sea con otros gestores, todo ese entramado de la Administración B seguirá tal cual bajo la égida de PP y Vox. Y nos daremos con un canto en los dientes si el ínclito García-Gallardo no se inventa algún chiringuito de nuevo cuño que dé lustre a ese trampantojo que es su vicepresidencia. Vista la colonización política de la Junta emprendida por Vox, tendría toda la lógica.