“Un muro de contención contra el sanchismo” (Mañueco dixit)

Por si quedaba alguna duda de que estamos en precampaña electoral, el acto protagonizado el pasado domingo en El Bierzo por Pedro Sánchez no puede ser más revelador. Un acto en formato mítin, plagado de guiños electoralistas, diseñado en apoyo de Luis Tudanca, quien virtualmente reelegido secretario autonómico del PSOE, volverá a encabezar el cartel socialista en las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León.

Unos comicios que con toda seguridad serán convocados antes del próximo 10 de marzo, fecha a partir de la cual el PSOE estaría en disposición de presentar de nuevo una moción de censura. Un riesgo al que lógicamente no se va a exponer el presidente de la Junta y menos cuando las encuestas otorgan al PP una mayoría, si no absoluta, más que suficiente para seguir gobernando sin los apuros de ahora y sin un socio de gobierno, Ciudadanos, que a estas alturas constituye un pesado e indeseable lastre.

En el pasado pleno de las Cortes Alfonso Fernández Mañueco acusó a Tudanca de buscar trásfugas en apoyo de esa segunda moción de censura. “Sigue buscando apoyos ilegítimos en esta Cámara para retorcer la voluntad de Castilla y León”, le espetó literalmente. Con ello dispone de la excusa perfecta para justificar un adelanto electoral que a partir del 10 de enero puede producirse en cualquier momento.

En esa misma intervención, anterior a la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, Mañueco enfatizaba objetivo prioritario de su gobierno: “La Junta será un muro de contención contra el sanchismo”, proclamó. Y no era la típica balandronada soltada en un mitin de partido, sino una declaración en sede parlamentaria.

Aunque políticamente la Legislatura puede darse por amortizada, el calendario obliga a la Junta a presentar los Presupuestos de la Comunidad para 2022 y a sumar el voto que necesita para garantizar su aprobación. Aprobado el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) la Junta no puede seguir demorando la tramitación del suyo, que pasa en primer lugar por someter a las Cortes el techo de gasto para el próximo ejercicio. Esta votación preliminar servirá de test para conocer con qué apoyo contarán PP y Cs para sacar adelante estos segundos Presupuestos. Pese a la negativa del PP a firmar un pacto de legislatura con la formación, el procurador de “Por Ávila”, Pedro Pascual, sigue siendo el “socio preferente”.

“Sicilia y León”.- Entretanto, el cierre de la instrucción de la llamada “trama eólica” avala a quiénes en su momento motejaron esta comunidad autónoma como “Sicilia y León”. Las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción relatan con todo detalle el “modus operandi” de las extorsiones sufridas durante años por los promotores de parques eólicos, forzados a compartir el negocio con determinados empresarios afines a la consejería de Economía que dirigía el fallecido Tomás Villanueva. Nada menos que 148 años de cárcel y 848 millones de multa suman las penas que solicita la Fiscalía para los 16 encausados, entre ellos cuatro ex altos cargos de la Junta.

Precisamente el fallecimiento de Villanueva, a quién el relato del fiscal sitúa en la cúspide de la trama, rebajó muchísimo la dimensión política del caso, ya que no es lo mismo que la máxima responsabilidad recaiga en un antiguo viceconsejero - Rafael Delgado, en realidad el brazo ejecutor- que en el que fuera todopoderoso vicepresidente de la Junta bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera.

Por más que el PSOE se afane en atribuirle responsabilidad política, Mañueco contempla es caso de la misma forma que Pablo Casado el rosario de casos de corrupción del PP a los que se considera completamente ajeno. Como ex consejero de la Junta, el actual presidente nunca tuvo competencia en la materia investigada, y como ex secretario autonómico del PP, en la instrucción no ha aparecido nada relacionado con la financiación del partido. No parece por ello que a estas alturas la “trama eólica”, pendiente por otra parte de juicio oral y sentencia, vaya a perjudicar las expectativas electorales del candidato Mañueco.

No así el incumplimiento de su solemne compromiso de restablecer la atención presencial (médica y de enfermería) en los centros de salud y consultorios locales.

Más exclusión financiera.- Mientras la consejera Verónica Casado sigue mareando la perdiz tratando de sortear ese compromiso del presidente de la Junta, en la Castilla y León vaciada sigue deteriorándose la calidad de vida. Según datos del Banco España, ya éramos la comunidad a la cabeza de la “exclusión financiera”, con más del 80 por ciento de nuestros municipios sin una sola oficina bancaria.

A modo de ejemplo, en la provincia de Zamora el 28 por ciento de sus habitantes carecen de un servicio del que solo disponen 47 de sus 248 municipios. Y ese ratio va a empeorar en toda Castilla y León tras el anuncio de Unicaja de cerrar 395 sucursales, se calcula que un centenar de ellas en esta comunidad. A principios de este año, Unicaja, el banco que engulló Caja España y Caja Duero, tenía aquí 364 sucursales y 1.700 empleados. A finales de 2014, cuando se hizo cargo de España-Duero (Banco CEISS) las sucursales eran 565 y los trabajadores 3.556. Y en el momento de su fusión, año 2010, Caja España y Caja Duero sumaban casi 1.000 oficinas y 4.500 empleados.

Aparte de haber acabado en manos de un banco gestionado desde otra comunidad, las dos principales cajas de Castilla y León han quedado reducidas en términos de oficinas y volumen de empleo a una tercera parte de lo que fueron. En esto ha quedado aquel “músculo financiero” que iba a resultar de la fusión de las cajas de esta comunidad.

COSAS VEREDES

Otra vez la larga mano de Maíllo.- La carrera política de la nueva delegada territorial de la Junta en León, Esther Muñoz, no se entendería sin el padrinazgo de Fernando Martínez Maíllo, del que fue estrecha colaboradora durante la etapa en la que el político zamorano ejerció como vicesecretario nacional de Organización del PP.

Gracias a esa proximidad, Muñoz accedió a las listas del PP al Senado por León en las elecciones de 2015 y 2016, ocupando escaño en la Cámara Alta hasta marzo de 2019. En los siguientes comicios no pudo mantener el escaño, pero tan solo unos meses después, en septiembre, era incorporada por Alfonso Fernández Mañueco como asesora de su Gabinete.

Y lo siguiente ha sido esta extraña permuta con el hasta ahora delegado territorial en León, Juan Martínez Majo, que pasa a formar parte de dicho Gabinete, aunque no en el puesto que ocupaba Muñoz, remunerado con 43.712 euros, sino en el que había dejado vacante el polémico Ignacio Cosidó (55.616 euros). La flamante delegada progresa salarialmente hasta los 61.477 euros anuales con los que retribuye a los delegados territoriales sin antigüedad en la función pública.

Revilla saca los colores a Mañueco.- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no está nada contento con la pasiva actitud de la Junta de Castilla y León respecto a determinadas infraestructuras estatales que conciernen a ambas comunidades. “Estoy haciendo yo más por Castilla y León que el presidente Mañueco, que no pide nada”, ha dicho Revilla en el Parlamento Cántabro.

En concreto se refiere a las obras de la Autovía A-73 (Burgos-Aguilar de Campóo) y a la proyectada línea de AVE desde Palencia hacia Cantabria. Revilla reprocha a Mañueco que desde la Junta no muevan un dedo para impulsar estas infraestructuras. “Van a aparecer en los Presupuestos Generales del Estado una serie de partidas económicas para obras en Castilla y León incluidas gracias a nuestras gestiones”, asegura el presidente cántabro. Sobre la A-73 Revilla no comprende que la Junta haya admitido sin rechistar que se fraccionaran en seis tramos diferentes los 70 kilómetros que separan Burgos de Aguilar: “Yo hubiera puesto el grito en el cielo”. Ciudadanos, sólo en Valladolid y León.- Si a estas alturas alguien quiere contactar con Ciudadanos y no reside en León o Valladolid´, que no se moleste en llamar a la sede del partido. Salvo en estas dos capitales, la dirección nacional ha decidido cerrar sus sedes ante la falta de medios para mantenerlas.

Tras el descalabro en las últimas elecciones generales, la tesorería naranja está bajo mínimos y las cuotas aportadas por sus menguantes afiliados no permiten mantener ese gasto, incluso en provincias como la de Burgos, donde el partido cogobierna tanto en el ayuntamiento de la capital como en la Diputación.

La sede de Valladolid de momento no corre peligro, ya que, al ser a la vez de ámbito autonómico, está sostenida con cargo a la subvención oficial (47.770 euros mensuales) que recibe el grupo parlamentario de las Cortes. El mantenimiento de la de León quizás obedezca a una concesión de Inés Arrimadas para no dejar en situación tan desairada a la coordinadora autonómica del partido, la leonesa Gemma Villarroel.