Igea critica la “politización” de la Junta de Castilla y León ante el elevado número de casos de personas ingresadas

El exprocurador Francisco Igea ha calificado de “desastre” la última campaña de vacunación contra la gripe en la Comunidad y ha denunciado la “indolencia” y la “politización” de la Junta de Castilla y León ante el elevado número de casos de personas ingresadas.

El parlamentario ha asegurado en rueda de prensa en las Cortes autonómicas que “se ha llegado tarde al incendio” al incentivar las vacunaciones abiertas después de las vacaciones navideñas y ha advertido del impacto en la salud de la ciudadanía.

Un impacto que se ha traducido en 4.877 enfermos en los hospitales, con un índice de saturación del 80% por lo que “no hay colapso”, ha apuntado, aunque en algunos centros, como el Río Hortega de Valladolid, supera el 100%, lo que obliga a “tomar decisiones” como cancelar servicios o cirugías menores.

Del mismo modo, ha afirmado que los “picos de incidencia generan exceso de mortalidad” y que la Comunidad acumula dos de cada tres casos de exceso de mortalidad en España, según datos del Instituto Carlos III.

Emergencias y médicos sin titulación

El exvicepresidente de la Junta ha hecho referencia también a un caso en el que un médico de emergencias no pudo atender una para cardiorespiratoria en Salamanca porque el médico carecía de formación, fruto de medidas y decisiones que son “puro electoralismo”.

“Estamos contratando profesionales sin titulación para cubrir una promesa electoral”, ha aseverado, ya que en lugar de trasladar a los enfermos para que lleguen a los centros sanitarios, le han prometido a la ciudadanía que “pueden ir a todos los consultorios”.

Igea ha señalado que existe “una situación de conflicto soterrado en la que no se está tomando ninguna decisión” desde octubre, ya que la Consejería y la Gerencia de Sacyl no reciben a los profesionales de emergencias para atender sus reivindicaciones.

Una situación que ha calificado de “extrema gravedad” y que, en su opinión, “tiene que solucionarse ya porque no se puede poner en riesgo la salud de los ciudadanos”, por lo que ha solicitado la comparecencia de la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización, Silvia Fernández, y de la directora gerente de la Gerencia de Emergencias, Flor de Castro.

“Lo que están haciendo Mañueco y el consejero es tratar de ignorantes a los ciudadanos de esta Comunidad y a los que viven en el medio rural, que necesitan los mismo servicios: no le digamos a la gente que tiene sanidad porque tienen un señor con una bata blanca y una mesa”, ha reprochado, tras señalar que el 20% de estos sanitarios sin titulación irían a parar al medio rural.

Por todo ello, ha asegurado que a lo largo de la próxima semana registrará un escrito para pedir la intervención de los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad para que actúe contra la orden del Ejecutivo autonómico que permite la contratación de médicos sin titulación, que en el caso de la Atención Primaria es la de Médico de Familia y Comunitaria.

Veinte enmiendas

Respecto a la ley para el blindaje de los servicios esenciales de la Comunidad, el procurador ha presentado veinte enmiendas entre las que destacan la introducción de mediciones de calidad, tanto en las zonas rurales como las urbanas, en ámbitos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

En materia sanitaria, ha explicado que exige el cumplimiento de la cartera de los 48 servicios de Atención Primaria y ha añadido que va a apoyar el mantenimiento de los consultorios “siempre que éstos garanticen que mantienen la calidad suficiente”.

Con estas propuestas, Igea ha asegurado que su objetivo es garantizar el mismo trato tanto a los ciudadanos de los núcleos urbanos como los del medio rural y ha criticado que el Ejecutivo autonómico pretende “justificar la ausencia de transporte con que no hay médicos”.