La Junta de Castilla y León considera que “no hay una necesidad imperiosa” de una nueva Ley de Memoria Democrática autonómica

Castilla y León no realizará su propia ley de Memoria Democrática. La Junta no tiene intención de elaborar un nuevo proyecto después de que la iniciativa redactada por el PP y Vox fuese tumbada en las Cortes por, precisamente, los 'populares' y el PSOE. Ahora, el Ejecutivo autonómico “no tiene una necesidad imperiosa”, como ha reconocido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago.

Tras la ruptura del pacto entre Vox y PP, lo que antes era necesario en cuestión Memoria Democrática, ahora ya “no hay una necesidad imperiosa ni ineludible de alterar el actual marco jurídico” a menos que los asesores den “máximas garantías para avanzar”, como ha significado Gago.

Sin una nueva normativa, lo que convivirá en Castilla y León es el decreto aprobado en 2018 por Juan Vicente Herrera (PP) y la ley estatal de Memoria Democrática. Ante esto, Gago ha apuntado que el Ejecutivo autonómico no elevará el rango normativo del decreto.

Gago ha defendido que el Decreto de Memoria Histórica y Democrática sirve “en el día a día” con respecto a estudios y universidades y también para los colectivos encargados de realizar las exhumaciones. El consejero ha apuntado que este texto “sirve para cumplir con los deberes” y es válido para desarrollar las políticas en esta materia.

El consejero también ha señalado las discrepancias entre las doctrinas de la ONU y del Gobierno a la hora de calificar el grado de derecho de la Memoria Democrático. Gago ha indicado que mientras que “los relatores de la ONU” lo elevan a “derecho humano”, para Ejecutivo central “no constituye un derecho fundamental” ni está catalogado como tal haberse desarrollado la normativa como una ley estatal y no como una ley orgánica, método para elevar los derechos según recoge la Constitución.

La Junta de Castilla y León todavía tiene pendiente cubrir la vacante de presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica tras la dimisión de Ángel Hernández en junio de 2022. Ante esto, el consejero ha apuntado que son los miembros los que tienen que proponer un nuevo presidente, algo que no habrían hecho.

Gago ha señalado que este consejo trabaja “a medio y largo plazo”. “Tranquilidad en políticas de Memoria. Lo estamos desarrollando de manera normal y así seguirá siendo”, ha zanjado.