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La Junta de Castilla y León sigue ralentizando la entrega de los expedientes de una de las empresas del presidente del PP de Burgos

Álvarez de Toledo  con el presidente provincia del PP de Burgos, Borja Suárez, y el diputado Ángel Ibáñez, en 2025.

Laura Cornejo

20 de agosto de 2026 09:12 h

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La Junta de Castilla y León sigue ralentizando la entrega de una información solicitada por elDiario.es a través de Transparencia el pasado 4 de junio, y después de haber negado que existiera. La información afecta a la mercantil El Granero de San Francisco SL, que perteneció, junto a otros socios, al presidente de la Diputación y del PP de Burgos, Borja Suárez. Suárez acabó deshaciéndose de su participación, del 22%, hace unos meses, después de que este medio publicase que otra mercantil, Eventos El Espino SL, de la que tenía el 33%, estaba recibiendo contratos del Ayuntamiento de Burgos, donde es concejal. La ley prohíbe acceder al acta de concejal con una participación superior al 10% en cualquier mercantil, pero Suárez no renunció ni al acta ni a las empresas. Los contratos pasaron desapercibidos para el Ayuntamiento, que acabó reconociendo que son nulos, pero lo hizo una vez que los hechos salieron a la luz.

ElDiario.es requirió hace más de dos meses todos los expedientes que obrasen en poder de la Junta sobre ambas mercantiles. La respuesta fue que no había tales. Sin embargo, elDiario.es tenía parte de un expediente y advirtió al gobierno autonómico que podían estar incurriendo en un error, o bien ocultando información deliberadamente. Así, la Junta derivó a este medio a la Delegación Territorial de la Junta en Burgos, que tras una semana, concluyó que no había ningún expediente.

Sí que lo había. El expediente 145/20, del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos se abre cuando El Granero de San Francisco quiere legalizar un almacén-secadero y un almacén-destilería de explotación agrícola en Santa Gadea del Cid. El técnico que elaboró el informe destacaba que las parcelas donde se asientan el almacén secadero y el almacén destilería están clasificadas como “suelo rústico de protección cultural” y que su uso no estaba vinculado a la explotación agrícola sino a una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes) por lo que, según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León“, se trataría de un ”uso prohibido“. En el caso de la normativa urbanística municipal pasaría exactamente lo mismo: ”se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural“. Además, el tipo de edificación, un granero de tipo americano contravenía la normativa urbanística de la localidad. La licencia se denegó, pero aun así, El Granero de San Francisco, desarrolló su actividad desde antes de pedir la licencia, y después de solicitada, tal y como puede comprobarse en varias publicaciones como periódicos y revistas. De hecho, su actividad iba más allá de la recolección de lavanda y elaboración de perfumes. El uso que se le daba era y es, fundamentalmente hostelero, ya que se celebran bodas y eventos, algo para lo que no se había solicitado licencia.

Una vez que elDiario.es publicó la información que la Junta pretendía ocultar, la Dirección General de Transparencia contactó con este medio. A finales del mes de julio, ese departamento se comprometió a localizar los expedientes y a facilitarlos. De hecho, insistió en hacerlo lo antes posible. El 31 de julio, con el plazo legal ya caducado y sin haber establecido ni una de las dos prórrogas de un mes que permite la ley, notificaron a la periodista que existen dos expedientes y que se da acceso a los mismos, algo que no ha ocurrido aún. Este miércoles, la Junta aseguró que se facilitarían los documentos, pero sin especificar cuándo, ya que “hay muchos funcionarios de vacaciones” y “hay que anonimizar” algunos datos que aparecen.

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