Vox borra la violencia de género en Castilla y León: de declaraciones incendiarias a suprimir ayudas para la inserción laboral de las víctimas

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (3d) durante el minuto de silencio ante el último crimen sucedido en Villagarcía de la Vega

Laura Cornejo


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No ha pasado ni un año desde que el Partido Popular firmó un pacto de gobierno con Vox en Castilla y León pero el negacionismo de la violencia de género del partido de extrema derecha ya impregna no sólo los mensajes del Ejecutivo autonómico, también sus políticas, más allá de los gestos. En lo que va de año, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad, en toda España, la cifra se eleva hasta las 38. De esos 38 agresores, 23 eran pareja de la víctima y 15 eran expareja o pareja en proceso de ruptura. Desde que Vox ha llegado por primera vez a un gobierno autonómico -en Castilla y León además de la presidencia del Parlamento, tiene la vicepresidencia y tres consejerías- ha repetido una y otra vez que “la violencia no tiene género”. Por ello, ha llegado a convocar un minuto de silencio por la muerte de un hombre a manos de su pareja, si bien sólo los consejeros de Vox acudieron. En el Parlamento, el presidente ha convocado un minuto de silencio por una mujer víctima de violencia de género, que para Vox fue “con motivo del crimen perpetrado en las últimas horas en Palencia, y que se ha cobrado la vida de una mujer”. La mujer fue hallada muerta por la Polícia cuando acudió al domicilio a comunicarle el suicidio de su marido. El hombre la había matado, y había dejado a una niña de siete años y a un niño de meses con el cadáver.

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Uno de los compromisos del pacto PP-Vox era la tramitación de una “Ley de Violencia Intrafamiliar”, que ya está en proceso. El partido de Abascal pretendía derogar la Ley Autonómica Contra la Violencia de Género, que se aprobó en 2010 con el gobierno de Juan Vicente Herrera, pero el PP dijo que ambas leyes “coexistirían”. Es una verdad a medias. Es cierto que la Ley de Violencia de Género de Castilla y León no se ha derogado, pero también lo es que con la entrada de Vox en la Junta, ha dejado de cumplirse en todos sus términos.

En el artículo 16 de la Ley autonómica, dedicado al Diálogo Social, se establece en su punto 1 que “los poderes públicos de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, promoverán, con el acuerdo de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Castilla y León, la elaboración y divulgación de materiales, así como la organización de jornadas informativas y de formación, dirigidos a la prevención y atención de la violencia de género y al reconocimiento de los derechos de las víctimas, en el ámbito laboral y social”. En el punto 2 se añade que “igualmente se impulsará la inclusión de la lucha contra la violencia de género como materia objeto del Diálogo Social, mediante la investigación, el intercambio de experiencias y buenas prácticas o cualquier otro instrumento”.

Sin embargo, Vox, que dirige la Consejería de Empleo, ha eliminado las bonificaciones a empresas por contratar a víctimas de violencia machista, se ha suprimido la contratación de agentes de igualdad en los municipios de más de 20.000 habitantes que se contemplaba dentro de los acuerdos del Diálogo Social, y también ha desaparecido una partida de 260.000 euros pactada dentro del Diálogo Social y destinada a las mujeres rurales. El impacto de estas medidas no sólo minimizan el problema de la violencia de género, también dejan a las víctimas sin opciones. Según la secretaria de Igualdad de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacárregui, en 2021, antes de que Vox llegase al Gobierno, 2.405 víctimas de violencia de género tuvieron la oportunidad de participar, como grupo específico prioritario, en 5.714 acciones del Instituto de Empleo de Castilla y León (ECYL) con servicios que van de la orientación para el empleo, a la formación o el autoempleo.

“En 2022 estas oportunidades desaparecieron. También desaparecieron como colectivo específico en las bases y convocatorias de los programas de fomento de la contratación indefinida, o en la conversión de contratos. Las cuantías totales de las ayudas a las empresas (1.500 euros contrato) ahora se reparten entre las mujeres víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia intrafamiliar (las personas víctimas de violencia intrafamiliar es ejercida por cualquier miembro de la familia sobre otro miembro de la familia: abuelos o abuelas, hijos o hijas, sobrinos/sobrinas). Es absurdo”, relata.

El negacionismo de la violencia de género y el concepto en general sobre la igualdad que tiene Vox no se refleja solo en partidas presupuestarias, también en declaraciones que el PP asume sin rebatir, más allá de un “ustedes saben lo que pienso” del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a los periodistas. Pero las declaraciones negacionistas de Vox, siguen yendo a más. De “la violencia no tiene género”, el vicepresidente, Juan García-Gallardo, ha pasado también a reivindicar a las mujeres “como dadoras y portadoras de vida” con “políticas prioritarias de apoyo a la maternidad”. Pero también señala a las mujeres como “desalmadas” que “usan la ley de violencia de género para quedarse con la custodia de los hijos”. Niega hasta la brecha de género en el mercado laboral, a pesar de los datos: “las mujeres no necesitan cuotas en el trabajo, sino ser valoradas en función de su trayectoria y mérito profesional. Todo lo demás es una falta de respeto”, ha llegado a declarar. Mientras, el PP mira para otro lado, alude a la libertad de expresión, pero acuerda unos presupuestos que apoyan el negacionismo de Vox.

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