El PP acudirá a la Justicia si el Ayuntamiento de Valladolid no acepta su recurso contra los nuevos carriles bici y bus-taxi

La presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, ha anunciado esta mañana que han recurrido el Decreto 5842 del Ayuntamiento de Valladolid en materia de movilidad por el que se aprueba implantar carriles bici y carriles bus-taxi por ser contrario a derecho y vulnerar el Ordenamiento Jurídico. El Grupo Municipal Popular ha anunciado que, si no consiguen su objetivo por este medio, recurrirán a la vía judicial a través del Contencioso Administrativo.

Pilar del Olmo ha anunciado que su Grupo ha recurrido el Decreto de movilidad que publicó en septiembre el equipo de Gobierno y que ha enfrentado a la ciudad por los atascos que ha provocado. La presidenta de los populares en el Consistorio ha recordado que, desde el primer momento, desde el Partido Popular dijo que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano “para revertir estos cambios y frenar estos despropósitos”. “Hemos presentado tres mociones sobre movilidad que han sido votadas en contra por PSOE y VTLP y pedimos un pleno extraordinario monográfico sobre este asunto en el que también rechazaron todas la propuestas”, ha enumerado.

Después de todas estas acciones, Del Olmo ha explicado: “No nos queda más remedio que acudir a la vía administrativa para intentar que se reviertan estos cambios y favorecer a los vecinos”. El PP ha presentado un recurso de reposición al Decreto de movilidad del Ayuntamiento porque asegura: “los cambios han supuesto un coste y no hay memoria económica, vulnera la ley de tráfico y también vulnera el procedimiento legalmente establecido por la Ley reguladora de bases de régimen local y reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid”.

Pilar del Olmo ha subrayado que los cambios realizados en materia de movilidad en la ciudad durante los últimos meses van a conseguir es que el centro quede aislado. “La mayoría de los sectores afectados (comerciantes, hosteleros y muchos vecinos) está en contra de estos cambios. Mientras, el equipo de Gobierno se dedica a negar la evidencia, pero todos los días en las redes vemos cómo los vecinos cuelgan vídeos y fotos de atascos en cualquier punto de la ciudad”, ha afirmado.

Un decreto contrario a derecho y que vulnera el Ordenamiento Jurídico

El concejal Francisco Blanco ha explicado que este Decreto, a parte de causar “un caos circulatorio” en Valladolid, “es contrario a derecho y vulnera el Ordenamiento Jurídico”. Blanco basa esta afirmación en los tres puntos del recurso del Partido Popular para solicitar su nulidad. “Vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como el Principio de buena regulación, ya que el Decreto recurrido no incluye ninguna memoria económica justificativa, ninguna cifra de estimación de gasto, ningún elemento que contemple un presupuesto. Sin embargo, el Ayuntamiento se ha gastado mucho dinero para establecer estos carriles, señalización horizontal y vertical, señalización en asfalto, balizamientos, plataformas de acceso a autobuses, reflectantes… Además, desviar el carril bici de Isabel la Católica por el espacio libre público costará 100.000 euros”, ha señalado.

Desde el Grupo Municipal Popular también motivan su recurso en que el Decreto vulnera la Ley del Tráfico, que establece que los ayuntamientos serán los encargados de ordenar la circulación de vehículos en el término municipal mediante ordenanza municipal. “El Ayuntamiento de Valladolid viene a regular una norma de carácter menor, a la altura de los bandos y las instrucciones. Por ello, este Decreto no se ajusta a la forma de ordenanza municipal y, por ello, vulnera la Ley del Tráfico y por tanto debe declararse su nulidad”, ha explicado Francisco Blanco.

Por último, los populares también consideran que el Decreto de movilidad vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Reglamento de Participación Ciudadana de Valladolid. “Una ordenanza es totalmente diferente a un decreto, la ordenanza exige para su aprobación de un trámite de audiencia a interesados (asociaciones vecinales, comerciantes, grupos políticos…) y su aprobación en el pleno. Por su parte, el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid establece que es un derecho de los ciudadanos de Valladolid participar en el ordenamiento y regulación del tráfico. Y todo esto no se ha cumplido”, ha añadido Blanco.