Los sindicatos piden la dimisión del presidente de Castilla y León tras un 'decretazo' que modifica las condiciones laborales del personal sanitario

No hubo diálogo y mucho menos negociación, como prometió el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los profesionales sanitarios verán mermados sus derechos y ha sido por la vía de un 'decretazo' que se ha materializado este sábado con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl). Los sindicatos dejaron la mesa sectorial ante las imposiciones pretendidas por la Consejería de Sanidad y que finalmente se llevarán a cabo. Los sindicatos han respondido en bloque con una nota en la que exigen la dimisión de Fernández Mañueco el incumplimiento del Plan de Respuesta contra la COVID-19 y el “acoso despiadado a los trabajadores de la sanidad”.

El decreto, que entra en vigor este domingo, permite “adaptar” los permisos, vacaciones y licencias, la jornada de trabajo, régimen de turnos y descansos, profesionales sanitarios en formación, las guardias médicas, el personal con dispensa por la realización de funciones sindicales, la flexibilización de la jornada y trabajo no presencial, la prestación a tiempo parcial del personal y jubilación, y las bolsas de empleo de personal estatutario temporal. En el decreto se argumenta que las medidas se adoptan tras un informe de la Consejería de Sanidad del pasado jueves 12 de noviembre sobre las necesidades de los recursos humanos sanitarios y con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y evitar el colapso del sistema de salud de Castilla y León. Las medidas son aplicables “a todo el personal estatutario, funcionario y laboral, cualquiera que sea su vinculación” y serán “de obligado cumplimiento”.

De servicios extraordinarios a traslados a otras provincias

El decreto permite imponer servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, y que resulten imprescindibles así como “todas aquellas medidas que resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en todo el territorio, y la distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades”. De este modo, la consejera de Sanidad, Verónica Casado podrá, mediante una orden, no sólo decidir sobre guardias, vacaciones, servicios o dispensas por funciones sindicales, también hacer contrataciones de carácter excepcional de personal facultativo y no facultativo, así como determinar la “movilidad funcional y territorial” para la prestación excepcional de servicios, así como el traslado a cualquier centro o institución sanitaria de la Comunidad. Le corresponderá al gerente de cada centro o institución acordar la aplicación de las medidas específicas a cada uno de los profesionales. No obstante, en los casos en que sea necesaria el traslado a un área de salud distinta a la de su correspondiente puesto de trabajo, se acordará por el gerente de Sacyl.

Un decreto en sábado y “con nocturnidad y alevosía”

Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE afirman que Alfonso Fernández Mañueco “no merece seguir siendo el presidente de Castilla y León ni un minuto más”. Recuerdan que el presidente prometió aplicar las 35 horas, que iban en su programa electoral “y ahora ataca a los trabajadores de la sanidad lanzando un decreto que recorta todos los derechos laborales de estos trabajadores, al mismo tiempo que en la mesa sectorial de sanidad se está desarrollando un simulacro de negociación sobre una modificación mínima y temporal de estas condiciones”. Así, añaden que lo ha hecho “con un boletín oficial en sábado, de manera traicionera, demostrando una vez más cuál es su forma de actuar”. Los sindicatos afirman que la “preceptiva negociación” ha quedado “totalmente rota de manera inesperada, tras la publicación con nocturnidad y alevosía, de un acuerdo que nunca se llegó a negociar”.

Advierten además que la Junta de Castilla y León se dispone a cometer “el mayor abuso jamás realizado sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público” y en este caso sobre el colectivo “que está soportando el envite de una pandemia mal gestionada”.

“No se sabe a dónde fue el dinero”

La modificación de estas condiciones se han intentado negociar en los últimos 10 días, pero según los sindicatos, la junta ha “despreciado e ignorado” tanto su postura negociadora como las propuestas que han presentado que, por un lado tenían la intención de garantizar la prestación de la asistencia sanitaria y la calidad asistencial, pero también preservar los derechos de los trabajadores. Las organizaciones sindicales atribuyen el 'decretazo' al “incumplimiento del Plan de Respuesta contra la pandemia” y aseguran que no se ha reforzado la Atención Primaria, tampoco la hospitalaria y que “no se han contratado rastreadores”. “No se sabe dónde ha ido a parar el dinero destinado para este fin, pero desde luego no para la sanidad”, aseveran.

Apuntan a que la sanidad vuelve a ser el escenario “de la batalla cada vez menos soterrada entre los socios de gobierno de la comunidad de Castilla y León” y que es algo que pagan los sanitarios y la población. Según las organizaciones la sanidad “sufre el acoso despiadado del propio presidente” y así “nunca podrá dar la respuesta adecuada a una población también cansada de un tipo de atención que deja de lado cualquier patología diferente de la derivada de la COVID-19”.

“Fernández Mañueco no merece seguir siendo el presidente de Castilla y León ni un minuto más. No puede seguir denigrando de esta manera a un gobierno ni a una comunidad autónoma. Castilla y León no merece tener un Presidente que no cumple sus promesas, que miente, y que se ríe y conspira contra sus empleados públicos y contra la población”, concluye el comunicado.