ASCEL lleva a los tribunales al Ministerio para la Transición Ecológica por no proteger al lobo

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) lleva a los tribunales al Ministerio para la Transición Ecológica por no proteger al lobo, según informa a través de un comunicado. Esta organización inició en octubre 2019 el procedimiento administrativo para proteger toda la población de lobos de España incluyéndolo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría Vulnerable, o —en su defecto— en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011).

El Ministerio retiró la cuestión (dentro del trámite reglado) en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado septiembre, “por temor a confrontar con algunas comunidades autónomas”, a pesar del previo Dictamen del Comité Científico que ha de informar sobre el trámite, cuya posición fue favorable (y unánime) para incorporar al lobo en el RD 139/2011. Ese paso por dicha Comisión es requisito sine qua non para tramitar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la inclusión del lobo en el listado protegido.

Ascel, como entidad promotora, en tiempo y forma, se siente “obligado” a reclamar ante los tribunales, por medio de un recurso contencioso-administrativo, la incorporación del lobo como especie protegida en todo el territorio nacional, presentando demanda contra el Ministerio presidido por Teresa Ribera.

“Es preciso incidir en la hipocresía sobre el lobo del actual Gobierno. Si se quiere proteger al lobo, como reclaman el conocimiento científico, el marco legal, el interés general, y la coherencia con los tiempos, Teresa Ribera debería haber firmado la orden ministerial, tras el trámite oportuno”, defiende la asociación Ascel, que lamenta que el trámite no se completara y la orden no se firmara. “Cualquier anuncio de buenas intenciones ministeriales que no se plasmen en el BOE es engañar a la ciudadanía y prolongar sine díe una decisión que solo compete al Gobierno Central”, afea esta organización, que reprocha que se “perpetúe” el actual modelo de gestión autonómico “basado en la caza y control poblacional”, que contribuye al “desfavorable e inadecuado” estado de conservación de nuestra población de lobos, como ha acreditado la Unión Europea.

“El lobo es el gran carnívoro terrestre de nuestra fauna que no está estrictamente protegido (como el oso pardo y el lince ibérico) en el RD 139/2011. Estamos pues, en ASCEL, obligados a demandar en los tribunales que una especie clave para la salud ambiental de España ocupe su lugar, y lo hacemos denunciando a quienes se niegan a atender a sus obligaciones, de oficio, desde hace décadas, para proteger al lobo, ya sean empleados públicos o autoridades”, finaliza.