La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de Castilla y León frente a la orden ministerial del lobo
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 20 de septiembre de 2021, sobre el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, referido al lobo.
Además, la Audiencia Nacional también reclama al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la citada Orden, lo que permitirá a los Servicios Jurídicos autonómicos, una vez se entregue, formalizar su demanda.
A su vez, con la decisión, se inicia la tramitación de la pieza de suspensión de la vigencia de la Orden de la ministra Teresa Ribera, medida cautelar solicitada por los Servicios Jurídicos de la Junta para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al Norte del Duero mientras se tramita el recurso, y da traslado al Estado para sus alegaciones, antes de resolver al respecto.
Como señala el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, con esta impugnación, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco “trata de evitar que se perjudique la situación de los ganaderos”, que son la verdadera “víctima” de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ante un régimen “excesivo” de sobreprotección del lobo en una Comunidad en la que, ha recordado, en 2020 se alcanzaron las 3.157 cabezas de ganado muertas por los ataques, lo que arroja una media de mas de ocho cada día del año.
La Junta ha señalado que la Orden perjudica al sector agrario de Castilla y León, una Comunidad eminentemente ganadera, que aporta un 51 por ciento del peso de la producción agraria en la Comunidad frente al 36% que supone en el resto de España, 15 puntos más.
También admite a trámite el recurso de los conservacionistas
La Audiencia Nacional también ha admitido el recurso de ASCEL para aumentar la protección del lobo e incluirlo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, porque consideran que la protección que confiere la Orden es “totalmente insuficiente”. ASCEL también se personará como codemandada en todos los procesos judiciales abiertos por las Comunidades Autónomas “beligerantes, anti-sistema y radicalizadas” en contra de la no caza del lobo, porque los argumentos que defienden son “indecentes e ilegales”. El proceso de protección nacional del lobo empezó en 2019 con la petición de ASCEL y el Ministerio ha tardado dos años en finalizar la tramitación, entre otras cosas, para cumplir con todos los trámites necesarios, “incluido el diálogo, consulta y participación de Comunidades Autónomas” como Castilla y León. “Por tanto, la Junta de Castilla y León miente a ese respecto, y manifiesta su animadversión contra la protección del lobo de forma tendenciosa y manipuladora”, zanja la asociación conservacionista.
De hecho, ASCEL ya se ha personado contra el recurso de la Junta de Castilla y León y promete que lo combatirá “con las mejores evidencias científicas y legales” a su alcance. En un comunicado remitido a la prensa, ASCEL ha recordado que su actividad ha permitido anular dos planes de gestión del lobo aprobados en 2016 y 2018, anular el aprovechamiento cinegético de lobos de las temporadas 2011-2012 y 2015-2016, suspender la caza de 143 lobos en el 2018-2019 salvando a esos ejemplares de la muerte, y condenar en primera instancia al pago de más de 800.000 euros como compensación a la muerte ilegal a 91 lobos en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018.
ASCEL apunta que las Comunidades Autónomas participan de forma reglada en los procesos, pero como órganos consultivos, no ejecutivos. Y en cualquier caso, las Comunidades Autónomas no puede suplantar las atribuciones nacionales, ni degradar el marco de protección nacional. Es decir, pueden mejorar la protección en el marco de sus propias competencias, pero no empeorarla.
La protección nacional del lobo no obedece a si hay 300 grupos de lobos invariablemente en España desde hace 30 años, o de si hay 3.000, 5.000 o 30.000 lobos solo en Castilla y León, sino que se trata de una cuestión legal correspondiente al marco normativo común español y europeo. La Junta de Castilla y León, “en vez de aprender a proteger y recuperar su patrimonio natural”, sigue “en sus trece” favoreciendo “desde el sensacionalismo, la desinformación y los intereses sectoriales minoritarios” (ganadería y caza), frente a una sociedad civil que demanda “otro modelo de gestión” que pasa por “no matar ningún lobo”.
“Para más inri, la Junta de Castilla y León ha generado un acto de rebelión administrativa en contra del Gobierno de la Nación, anunciando la creación ad hoc de un grupo de trabajo de lobos con otras comunidades autónomas cuyos responsables de medio ambiente actúan al margen del marco normativo europeo y español que protege al lobo, faltando a la verdad y engañando a la ciudadanía. Cualquier responsable público presentaría su dimisión si falta a la verdad en el ejercicio público, anunciando situarse al margen de la ley y del Estado de Derecho”, ha reprochado ASCEL.
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