La Justicia sigue investigando al exalcalde socialista del Real Sitio, en Segovia, por prevaricación y malversación

El Tribunal de Instancia 5 de Segovia ha dictado un auto en el que acuerda continuar las diligencias previas contra el exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019 y exprocurador en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, investigado como supuesto autor de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Vázquez renunció a su escaño de diputado autonómico en octubre de 2025 tras el anuncio de esta investigación.

En una comunicación remitida este martes por el Tribunal Superior de Justicia, este señala que investiga algunos nombramientos de empleados municipales, la asignación de funciones y retribuciones y la contratación de determinados servicios.

También analiza la ordenación de pagos pese a los reparos de la Intervención del Ayuntamiento y otras diversas decisiones adoptadas durante el tiempo en que fue alcalde, según se desprende del texto.

En la parte dispositiva del auto, el Tribunal ha señalado que, a la vista de las diligencias practicadas, procede continuar el procedimiento y dar traslado al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El auto no es firme y cabe recurso de reforma ante el propio tribunal y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, o bien recurso de apelación directa

Archivo para el alcalde actual

Por otra parte, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del actual alcalde del municipio, Samuel Alonso (PSOE), al que se le investigaba por la supuesta autoría de un delito de falsedad documental inicialmente investigado.

El Tribunal ha concluido que no existen indicios de que los informes emitidos por el regidor contuvieran afirmaciones contrarias a la realidad ni que hubieran servido para realizar los nombramientos objeto de investigación.

Tampoco ha quedado acreditado que Alonso suscribiera los contratos investigados ni que conociera una posible ilegalidad de los mismos cuando se efectuaron pagos derivados de esos contratos durante su mandato, por lo que se descartan posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.