El cardena Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona, insta a las administraciones a cooperar y “buscar una solución entre todos” para el “drama” de las personas sinhogar. Lo ha dicho pocas horas después de que centenares de personas hayan sido expulsadas del instituto ocupado B9 de Badalona en el que ha sido el mayor desalojo de España.
“O encontramos una solución o el barco se hunde”, ha apuntado Omella, señalando que ninguna administración o entidad puede solucionar en solitario el problema. “¿Por qué no remamos todos en la misma dirección?”, se ha preguntado, durante la rueda de prensa de la presentación del informe FOESSA 2024. El cardenal se ha mostrado decepcionado tras el desalojo del instituto, algo que, dice, “todo el mundo sabíamos que pasaría”, por lo que pensaba que las administraciones “activarían lo que les toca”.
Se refiere a la activación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badalona y a la prestación de viviendas de emergencia temporal para los desalojados que, según los mismos afectados y las entidades que les acompañan, no se están proporcionando. Con todo, Omella ha apuntado que Càritas está “a disposición” de los desalojados, pero ha recordado que las entidades también tienen todos sus recursos residenciales llenos y con listas de espera.
“Las personas no somos enemigos”, ha añadido Omella, quien ha hecho un llamado a la solidaridad en una sociedad “cada vez más individualista”.
La vivienda, principal factor de desigualdad
Càritas Barcelona ha presentado este miércoles el informe FOESSA 2024, en el que se apunta que la vivienda es el principal eje de desigualdad en la diócesis de Barcelona, donde el 26% de la población tiene dificultades relacionadas con la vivienda y el 13,5% vive en situación de “hacinamiento” grave“.
El informe alerta de que más del 15% de la población se queda en situación de pobreza severa después de alcanzar el gasto de la vivienda. El 26,6% tiene dificultades relacionadas con la vivienda. Estas dificultades afectan, así, a unos 225.000 hogares y más de 730.000 personas.
El alquiler, apuntan, se ha convertido en una “trampa de pobreza” porque el porcentaje de personas en riesgo de pobreza que viven en régimen de alquiler casi triplica a las que viven en régimen de propiedad. Mientras el 8,2% de las personas que viven régimen de propiedad están en riesgo de pobreza, en el caso del alquiler la cifra se eleva hasta el 22,3%.
El trabajo deja de ser un elemento “protector”
El estudio indica que la precariedad “se ha convertido en la nueva normalidad” en la diócesis de Barcelona y que el empleo está perdiendo la “capacidad protectora”: el 57,5% de las personas que se encuentran en una situación de exclusión social viven en hogares encabezados por alguien que trabaja. La situación es más difícil para personas migrantes y jóvenes, alertan, porque tienen mayores tasas de paro.
Por su parte, el director de Cáritas Barcelona advirtió de que, pese a estar en un “tiempo de bonanza”, un tercio de la población está en riesgo de “caer” en función de la coyuntura económica. “El mercado no sirve para garantizar que las personas puedan tener ingresos suficientes para tener una vida digna”, insisten.
El informe, realizado a partir de entrevistas a 602 hogares y 1.519 personas durante el 2024, alerta de que se está consolidando “un modelo de sociedad en la cuerda floja” en el que un 37,3% tiene un nivel de integración “precaria”. Es decir, que es “más susceptible de verse afectada” por problemas como la vivienda, el empleo y la salud.
El estudio avisa de que “la recuperación económica no llega a todos” y que cerca del 17% de la población de la diócesis de Barcelona, más de 450.000 personas, se encuentra en situación de exclusión social. En el caso de la población extranjera, la tasa es 2,4 veces superior.