La Autoridad Catalana de Competencia impugnará la norma que obligue a contratar con antelación Uber y Cabify
El futuro decreto catalán para regular el uso de las licencias VTC, con las que operan empresas de transporte como Uber y Cabify, tendrá un parto difícil si acaba incluyendo la obligación de contratar estos coches con horas de antelación. No solo deberá lidiar con la oposición frontal del sector, que lo ve como una sentencia de muerte a su modelo, sino también con la Autoridad Catalana de la Competencia.
Este organismo, que depende del Departamento de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, ha dejado claro que impugnará el decreto que está elaborando la conselleria de Territorio y Sostenibilidad si recoge finalmente esta precontratación en los servicios de las VTC. Marc Realp, presidente del regulador catalán, ha calificado la medida de “altamente discriminatoria” y que “perjudica a la competencia y, en consecuencia, al consumidor”.
En declaraciones a Europa Press, Realp ha adelantado que no solo recurrirán la medida, sino que presentarán informes al Govern rechazándola. Por ahora, desde Territorio aseguran que lo están revisando todavía sus servicios jurídicos, aunque su intención es, si es viable, aplicarla. Es lo que les piden tanto las asociaciones del taxi y también el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La reserva podría fijarse en entre seis y doce horas antes de la prestación del servicio.
La patronal amenaza con indemnizaciones
La patronal del negocio de vehículos con licencia VTC, Unauto, ha advertido este lunes a la Generalitat de Catalunya de que si incluye la precontratación tendrá que asumir las indemnizaciones que estos profesionales pedirán y que podrían ascender, según sus cálculos, a 1.100 millones de euros. El presidente de Unauto VTC, Eduardo Martín, ha denunciado que los 3.000 trabajadores de su sector en Catalunya están “seriamente amenazados” por las “coacciones” que genera el sector del taxi.
Unauto ha celebrado una rueda de prensa en la que ha lamentado el “chantaje” de algunas asociaciones de taxistas, que ha amenazado con hacer huelga durante el Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona, en febrero, si la Generalitat no regula para fijar con una antelación mínima la contratación de servicios de VTC. Ha asegurado asimismo que asumir las reclamaciones del taxi supondría “prácticamente la desaparición del sector” y el cierre de centenares de empresas. Los responsables de Unauto han afirmado que defenderán los derechos de sus asociados y que han encontrado unas “rendijas” para ir al Constitucional contra el decreto que prepara la Generalitat.
La Generalitat, como las demás comunidades autónomas, tiene en sus manos fijar condicionantes al servicio de vehículos VTC, entre los que están los horarios o recorridos. Lo que no puede hacer todavía es limitar o reducir las licencias, puesto que el Gobierno aprobó una moratoria de cuatro años.
Los sindicatos del taxi son partidarios de reducir la presencia de estos coches en la ciudad, que es muy superior a la fijada por ley de un vehículo VTC por cada 30 taxis (en Barcelona está más cerca la proporción de 2 por cada 10). La AMB, presidida por Ada Colau, aprobó antes del verano un reglamento que pretendía limitar los vehículos VTC en Barcelona añadiendo una licencia propia, pero la norma está suspendido de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
