El 'CSI' de las cacas de perro: más de 80 ciudades rastrean el ADN de las heces en la calle para multar a sus dueños

La suciedad en las calles suele ser uno de los grandes motivos de queja vecinal y se cuenta entre los principales quebraderos de cabeza de los alcaldes. Pero, en el capítulo de la limpieza, más allá de los contenedores desbordados y las pintadas en el mobiliario urbano, hay un frente especialmente sensible, el peor valorado por la población, según las encuestas periódicas de la OCU: las cacas de perro.

Dejar los excrementos de un perro en la acera es, desde hace años, motivo de multa en la mayoría de ciudades. Sin embargo, muchas no han conseguido reducir esta práctica que los dueños de animales atribuyen a unos pocos incívicos. En su afán por erradicarlo, ya son más de 80 los ayuntamientos que han optado por un sistema que consiste en crear un registro de ADN canino que permite identificar a aquellos animales cuyas heces no se recogen. 

“La sensación de muchos vecinos es que el problema de las heces en la calle está desatendido y es algo que nos preocupa también especialmente a los que tenemos perro, porque no queremos pagar justos por pecadores”, señala Pablo Muñoz Gabilondo, periodista especializado en mascotas. Su listado de municipios que han adoptado el registro del ADN canino alcanza actualmente los 87, la gran mayoría en la Comunitat Valenciana y Catalunya. 

Una de las primeras ciudades que lo implantó fue Málaga, en 2018, y, desde entonces, se ha incorporado, previa modificación de la ordenanza municipal, en urbes como Alcalá de Henares, Tres Cantos, Martorell, Cornellà de Llobregat, Igualada, Benalmádena, Paterna, Mislata… La última gran ciudad en aprobarlo ha sido Tarragona, que ha dado hasta el 15 de agosto a los vecinos que sean dueños de mascotas para que acudan al nuevo registro de ADN.

Lo que suelen hacer los consistorios inicialmente es dar cierto margen a los ciudadanos para inscribir a su perro en el nuevo registro genético, que no sustituye al microchip identificador. Van al veterinario, les cogen una muestra (de sangre o de saliva) y esta se envía al laboratorio de la empresa que gestione el servicio. Desde entonces, la policía local y los agentes cívicos de los ayuntamientos pueden coger muestras de heces en la vía pública, mandarlas analizar, identificar al animal y multar a su dueño. La medida se acompaña normalmente de sanciones a los que no han registrado el ADN de su perro. 

“Nuestra conclusión es que la presencia de heces en la calle se ha reducido mucho, aunque tiene un coste económico para la ciudadanía”, reconoce Jordi Martín Forns, concejal de Urbanismo de Caldes de Montbui (Barcelona). Su municipio fue uno de los primeros en adoptar este sistema en Catalunya. “Es evidente que hay un efecto disuasorio y que la gente acaba entendiendo que, si no recoges los excrementos, te pillan y te multan”, resume. 

Debido al coste y las complicaciones de llevarlo a analizar, el muestreo no se realiza cada vez que un policía municipal ve una caca sin retirar. Explica Martín Forns que hacen batidas trimestrales, en zonas concretas –priorizando las más problemáticas–, que sirven también como campañas de “sensibilización”. En este municipio de 18.000 habitantes las multas que se incoan son pocas, unas decenas al año, y oscilan entre 150 y 300 euros. 

El laboratorio al que envían sus muestras los funcionarios de Caldes de Montbui está en el Parque de Investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Allí tiene su sede Can Identification, proyecto de la empresa Vetgenomics, que presta el servicio a 14 municipios españoles y a todos los de Andorra. La otra gran firma que se dedica a ello en España es ADN Canino, radicada en Xátiva (València), y que nació con polémica: su fundador era el concejal del PP que iba a implantarlo en el mismo municipio y tuvo que dimitir. Con todo, una vez en el gobierno, la izquierda no desmanteló esta política y actualmente sigue vigente. 

Desde el campus de la UAB, Óscar Ramírez, director de la catalana Can Identification, explica cómo funcionan. Facilitan a los ayuntamientos los tubos de muestra codificados, además de una app para marcar la hora y el lugar de la colecta. Por ejemplo, explica, es importante marcar si es un parque infantil, puesto que las heces de perros pueden contener parásitos que transmiten enfermedades. 

Ramírez, doctor en Genética por la UAB, reconoce que el sistema de comparación del ADN entraña cierta complejidad, sobre todo si se quiere alcanzar porcentajes de identificación que hagan que la medida valga la pena. En primer lugar, explica que muchas heces están contaminadas, puesto que los animales orinan y defecan sobre deposiciones de otros, lo que imposibilita el trabajo. Esto, según sus datos, afecta a entre el 15% y el 20% de las muestras que reciben.

Además, detalla, las heces tienen poco material genético del propio individuo (más bien de su dieta y de bacterias), y al aire libre y a altas temperaturas se degrada. Aun así, prosigue Ramírez, asegura que actualmente son capaces de extraer ADN del perro y obtener su perfil genético en el 95% de las muestras.

Una de las voces más críticas con este modelo, que califica de poco eficaz, es Gonzalo Moreno, ahora presidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, y que elaboró en 2018 un informe desfavorable a esta política municipal cuando estaba en el Colegio de Veterinarios de Alicante.

Ya entonces argumentó que es una medida demasiado costosa por sus resultados, dado que debe garantizar la cadena de custodia, contar con todos los perros registrados (algunos municipios se quedan a medio camino) y tener en cuenta que hay otros animales itinerantes (colonias de gatos, perros de otros municipios, de turistas…). Por último, alega Moreno que, debido a la degradación y contaminación de las heces en la calle, la probabilidad de identificar al animal es baja. 

Ramírez responde que el sistema de Can Identification utiliza un conjunto de 128 marcadores genéticos —llamados SNP o polimorfismos de nucleótidos simples— que se analizan a partir de pruebas PCR con sondas TaqMan. Este tipo de metodología y el uso de protocolos forenses permiten trabajar con ADN muy degradado, como el que se obtiene de las heces, y aumentar la fiabilidad de la identificación frente a los sistemas tradicionales.

Las dudas sobre los costes y beneficios de la medida han echado para atrás a más de un municipio, sobre todo a los más poblados y que deberían manejar grandes volúmenes de muestras. “La madre del cordero es si la medida realmente funciona, ¿no?”, arranca Pablo Muñoz Gabilondo, el periodista especializado en mascotas, en contacto con diversos de los consistorios que lo han implantado.

“Funciona, pero la clave es si el ayuntamiento se implica, si supervisa las placas de los perros, si tiene a la policía local alerta, que termine el censo, que haga recogidas periódicas de cacas… Porque es cierto que hay ayuntamientos que anuncian la medida y al año siguiente se olvidan. Debe ser estructural”, concluye.