Esta semana una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha visitado España y ha evaluado el estado de la economía. Entre las principales conclusiones, que apuntan a una mejor previsión del crecimiento de la que prevé el estado español, recomiendan a las autonomías que sigan haciendo esfuerzos de consolidación fiscal. Una de las recetas propuestas por el organismo dirigido por Christine Lagarde es la del copago sanitario que permitiría, dicen, contener el gasto público. Una medida que en España ya se intentó imponer en Dependencia, y en el caso catalán con el euro por receta. Dos iniciativas que despertaron polémica y que finalmente tuvieron que detenerse.
Àngeles Martínez, presidenta de la plataforma Dempeus per la Salut Pública, denuncia que la propuesta del FMI del copago “atenta contra la salud democrática”. Y señala, en declaraciones a Catalunya Plural, que las tres medidas propuestas por el FMI -incrementar el IVA, el copago y abaratar el despido- “incrementarían las desigualdades en un país cada vez más desigual”. Para Joan Benach, director del Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut (GREDS) de la Universitat Pompeu Fabra, este sistema es “injusto, inequitativo y evitable” porque, dice, “mercantiliza la asistencia sanitaria”. “Con la excusa de que no hay recursos se van abriendo espacios al sector privado”, añade.
Guillem López, director del Centre d'Investigació en Economia i Salut (CRES) de la misma universidad, considera pero que el copago, “como aportación a la financiación pública es positivo y probablemente menos inequitativo que hacerlo financiado totalmente con los tipos de impuestos que tenemos actualmente ”.
El copago, que se puede aplicar en varias modalidades, supondría que el enfermo tendría que pagar por alguna de las prestaciones que hasta ahora recibe a través del sistema público que se financia con los impuestos de los contribuyentes. Guillem López explica que valorar si es una buena medida o no “depende de la alternativa con la que se compare”. “Si se puede bajar el gasto innecesario mejor actuar por esta vía -explica-, si se considera que [el gasto] es el adecuado pero se carece de dinero en la financiación sanitaria, descartados aumentos de presión fiscal, tal vez mejor copago de usuario que reducción indiscriminada de prestaciones efectivas ”.
La diputada de la CUP Isabel Vallet asegura a Catalunya Plural que “repagar por algo que pertenece a las clases populares puede suponer una barrera de acceso a la asistencia sanitaria” y denuncia que la receta recomendada por el FMI supondría la vulneración de los derechos de equidad de acceso a la sanidad, el derecho de universalidad y el derecho a una asistencia pública. De hecho, como destacaban en un artículo los investigadores Joan Benach, Gemma Tarafa y Carles Muntaner a razón del copago farmacéutico en Catalunya, diversos estudios internacionales han demostrado que el copago reduce las visitas médicas necesarias.
Por su parte, aunque Ciudadanos defiende que la regulación de la demanda no puede basarse en el copago, el partido propone hacer uso de este sistema como un elemento disuasorio en aquellos pacientes menos graves que tengan la posibilidad de administrar mejor el uso de los medicamentos o de los servicios sanitarios y estudiar la posibilidad de copagos reembolsables. Según Benach, el elemento disuasorio no debería pasar por un copago, ya que “no se trata de pagar más o menos sino de un problema de educación sanitaria que viene de la época franquista”. “Mucha gente antes de pedir un buen servicio pide una receta”, explica el director del GREDS, en contra de los que opinan que el copago reduciría los abusos sanitarios.
Copago o repago?
La parlamentaria Isabel Vallet rechaza el término 'copago' y prefiere hablar de 'repago': “No estamos hablando de copago, en todo caso hay un pago doble o repago porque todo el dinero que se destinan a la asistencia sanitaria provienen de recursos que generan los impuestos. Puedes decir que hay copago si lo haces tú como sociedad y un ente privado pero si lo haces tú como sociedad y luego como individuo repagar no es copago”.
Por su parte, Guillermo López, del Centre d'Investigació en Economia i Salut, explica que el copago “es como una tasa” y considera que si el gasto es efectivo pero de coste demasiado elevado, quizás el copago es mejor que no financiarlo públicamente y dejarlo en el mercado, que quiere decir que el usuario la copagarà un cien por ciento.
A pesar de que el FMI no ha concretado en que se debería traducir este copago, esta medida podría suponer, pagar una cantidad fija por cada consulta, pagar por las pruebas diagnósticas y la hospitalización, financiar un porcentaje adicional del coste de los medicamentos o retirar servicios y prestaciones de la oferta pública. Un copago que se podría aplicar en función de la renta y las condiciones de cada uno de los pacientes. Según esto, cada ciudadano debería abonar un porcentaje u otro de la prestación que recibe. En otros casos, podría suponer establecer una cantidad fija por visita igual para todos, excluyendo las personas con situación más vulnerable. Pero la forma de implementar esta medida dependería, como ocurrió en el caso del euro por receta, de la estrategia que elaborara el gobierno que decidiera implementarlo.
López, que es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad de Madrid y de la Conselleria de Salut, ha hecho desde el CRES una propuesta al Ministerio de copago vinculado a la renta de manera “equitativa y eficiente”, y que se articularía a través del IRPF como prestación en especie computada sobre la base imponible del contribuyente, y por lo tanto sometida a tarifa progresiva.
La experiencia del copago farmacéutico: el euro por receta
Una de las medidas que tenían como finalidad principal un efecto disuasorio añadido al recaudatorio ha sido la del copago farmacéutico en Catalunya. La entrada en vigor de esta medida conocida como “euro por receta” que suponía el pago de una tasa de un euro para los ciudadanos que adquirían un medicamento con una receta del CatSalut, comenzó a aplicarse en Catalunya el 23 de junio de 2012. Para el Gobierno esta medida debía ayudar “a hacer más sostenible la sanidad catalana”. La tasa pero quedó suspendida de forma cautelar el 16 de enero del año siguiente cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso que planteó en contra el Gobierno y hasta que hace poco más de un año el Tribunal Constitucional declaró la medida de cobro del euro por receta de inconstitucional, una noticia que fue aplaudida por la oposición. Según Joan Benach la experiencia del euro por receta fue claramente “negativa”, Ángeles Martínez, por su parte, habla del “euro de la vergüenza”.
Desde Salut, sin embargo, defendían la medida, que permitió durante los meses que estuvo en vigor la tasa, la recaudación de 49.963.684 de euros y un ahorro para el efecto disuasorio equivalente. Según el departamento la tasa no fue una barrera económica para el acceso a los medicamentos, ya que unas 127.000 personas estaban excluidas por razones de renta y se fijó una limitación máxima de 5 euros al mes. Desde este verano, el CatSalut ha habilitado el procedimiento para que los ciudadanos puedan solicitar la devolución del importe que abonaron en las farmacias en concepto de esta tasa.
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