La reforma laboral ha endurecido los conflictos en las empresas y administraciones. La huelga indefinida era un recurso poco utilizado, pero ahora se ha vuelto común. El 4 de septiembre, por ejemplo, los funcionarios de la Justicia de Cataluña convocaron un paro de este tipo, y todavía se mantiene. Este viernes cumplen un mes.
La resistencia de los huelguistas ha provocado que las gestiones se acumulen y paralicen, lo que a su vez ha encendido la reacción oficical. “Nos han amenazado con represalias, con aplicarnos responsabilidad económica a los miembros del comité por hacer una huelga abusiva”, dice David Toribio representante de CCOO en el comité de huelga. Recientemente se ha avisado a algunos sindicalistas de que se les abrirá un expediente disciplinario y, en sus concentraciones y protestas junto a los actos en que participa el consejero de Justicia, Germà Gordó, “hemos recibido amenazas directas de los Mossos”, dicen. Todo esto mientras, sólo al Decanato, se acumulan más de 500 demandas sin tramitar y 12.000 escritos que esperan ser cursados.
Los motivos del paro, condensados en 29 puntos por parte de la plataforma, son mayoritariamente económicos, pero también los hay que son sencillos de solucionar, como la falta de sobres y papel en las dependencias judiciales o la acumulación de trabajo. Toribio habla de las condiciones salariales: “desde que el presidente Zapatero recortó un 5% los sueldos de los funcionarios, en este sector la pérdida acumulada puede ser ya de 9.000 euros por cabeza”. La chispa que encendió el fuego en Cataluña fue la decisión de la Generalitat de retirar dos complementos mensuales a los funcionarios de Justicia, que lo son también del Estado, y que para operar en Cataluña recibían una ayuda económica. Los cuerpos afectados son los auxiliares judiciales, los de tramitación judicial y gestores y médicos forenses. Los fondos que les aportaba la Generalitat son el complemento específico y el de mejora adicional. Mensualmente suponían entre 450 y 465 euros, afirman en el comité de huelga.
Fue en verano cuando la Generalitat decidió de nuevo no abonar la paga extraordinaria a sus empleado. Esto no debería afectar a los que lo son del Estado, pero acordó que a ellos se les recortarían los complementos mencionados durante cinco meses de manera que el resultado fuera eliminar una cifra similar a una paga.
Además de esta paga, los trabajadores han visto como les rebajaban otras compensaciones, como algunos días de vacaciones de que disponían a cambio de no cobrar por trabajos extras. De repente, estos emolumentos alcanzados en mesas de negociación quedaron suprimidos para los trabajadores de la justicia en Cataluña.
Pero la decisión de la Generalitat suscitó respuesta, pues los funcionarios estaban ya indignados y el nuevo agravio colmó el vaso. Crearon la plataforma y arrancaron una huelga indefinida. “No queríamos perjudicar a los usuarios, por lo que pactamos con la Generalitat unos servicios mínimos suficientes para servicios estratégicos, como los registros civiles o los juzgados de lo social adonde llegan los ERE”, afirma un funcionario consultado.
Efecto creciente
Los primeros días de la huelga coincidieron con el fin de las vacaciones y la protesta no se notó excesivamente, pero luego ha ido creciendo y en algunos lugares se han colapsado los servicios. Esto ha provocado las quejas de estamentos judiciales como el Colegio de Procuradores. Ante la situación y la constatación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los servicios esenciales pactados se cumplían, la Generalitat, que actúa también como empresa, cambió unilateralmente los mínimos y los incrementó hasta el 60%. Pero el colapso se mantiene.
La huelga afecta a los funcionarios en el horario habitual, de 9 a 2. Se hace de manera que tenga económicamente el mínimo impacto en los que la siguen pero que se note lo suficiente como para hacer reflexionar al Departamento de Justicia.
Los miles de trabajadores de los cuerpos generales de la Administración de Justicia en Cataluña mantienen la huelga indefinida con sacrificios por su parte, pero también con ayudas externas procedentes tanto de los usuarios como de los compañeros de todo el Estado que se sienten solidarios. Han recibido más de 1.500 aportaciones a la caja de resistencia, que acumula 90.000 euros para afrontar los casos de mayor necesidad.
La Generalitat argumenta razones presupuestarias por no atender las demandas y, en los contactos mantenidos con los huelguistas, no ha aceptado de momento ni los mecanismos para devolver el importe de los recortes si cambia la situación de ahogamiento actual. Y la huelga continúa.