La reunión entre las patronales catalanas, los principales sindicatos y la Generalitat para tratar de desbloquear la negociación de los convenios colectivos finalizó en fracaso este martes. Las organizaciones empresariales se han negado a aceptar la mediación para evitar conflictos. Se resisten, pues, a perder en la mesa de negociación lo que la reforma laboral del PP y CiU les regaló.
Tras la jornada de movilizaciones del 23 de mayo en que los sindicatos reclamaban un acuerdo que evitara que los convenios colectivos -que hace un año que se negocian- pierdan todo su contenido, la Generalitat movió ficha. Aprovechando que a nivel estatal se ha llegado a un pacto que permite que se mantengan los convenios mientras haya negociaciones abiertas, el gobierno catalán quería emular la solución. El problema era que aquí las patronales no aceptan que en caso de desacuerdo un organismo extrajudicial emita un veredicto de obligado cumplimiento.
Fuentes sindicales han explicado a catalunyaplural.cat que en la reunión de este martes la Generalitat propuso que, en lugar de establecer un mecanismo de arbitraje, formado por técnicos que emiten soluciones en caso de no alcanzarse acuerdo, se aceptara una solución menos drástica. Esto era establecer un sistema de mediación en que quienes propusieran soluciones fueran técnicos vinculados con las partes y, en caso de que no se lograra acercar las posiciones, estos expertos propusieran un arbitraje delegado. La idea, con matices, fue aceptada por los sindicatos mayoritarios, pero “las patronales no lo han querido”, indicó Camil Ros, secretario de acción sindical de UGT. Fomento del Trabajo, la socia catalana de la CEOE, ha sido en esta ocasión más inmovilista que la organización que preside Juan Rosell.
Cataluña, problema aparte
La existencia de un pacto a nivel estatal no soluciona el problema en Cataluña porque los convenios objeto de renovación son de este ámbito o inferior y la solución alcanzada a nivel español requiere para ser válida la adhesión expresa tanto de las organizaciones sindicales como empresariales.
Como no se han acercado posiciones, sindicatos y patronales han interrumpido la negociación formal. Por tanto, no hay fecha para nuevas reuniones. Actualmente hay unos 40 convenios en Cataluña que podrían perder todo su contenido si no se pacta un acuerdo que los sustituya. Los trabajadores que ahora tienen un marco normativo que regula sus relaciones laborales pasarían a cobrar el salario mínimo, 645 euros al mes, y se regirian por el Estatuto de los Trabajadores, perdiendo los derechos conseguidos hasta ahora.
Los sindicatos han iniciado desde hace semanas movilizaciones. De momento mantendrán las acciones reivindicativas previstas. Así, este miércoles, 29 de mayo comienza una huelga en Cementos Molins. Se trata de una muestra de la voluntad de los empleados que no quieren perder sus derechos. Esto ocurre, entre otros, al ramo del ocio educativo o del transporte por carretera de Barcelona, Tarragona y Girona, entre otros.