La Fiscalía de Barcelona tendrá a una delegada para proteger y acompañar a las víctimas

La Fiscalía de Barcelona cuenta ya con una fiscal encargada únicamente a la protección y tutela de las víctimas del proceso penal, la fiscal Sílvia Armero, con el objetivo de acompañar a las víctimas durante todo el procedimiento, en especial en los episodios más críticos y sensibles proceso judicial.

Desde que asumiera el cargo de fiscal jefa de Barcelona el año pasado, la fiscal Neus Pujal se fijó como objetivo la protección de víctimas más vulnerables, que se ha concretado en el nombramiento de Armero como fiscal delegada así como a otro delegado dedicado a la protección de las personas mayores y con discapacidad, Antoni Torres.

En un encuentro con periodistas este viernes, Pujal y Armero han explicado las línea de actuación de la nueva delegada en protección a las víctimas, que van desde asegurarse una buena coordinación entre fiscales o pedir medidas de tutela a los jueces como a cuestiones de día en los juzgados, como la humanidad y la buena atención a las víctimas y que sientan menos presión a la hora de pasar por un ambiente hostil y frío como suelen ser las salas de vistas.

La acción se justifica en el marco del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que en ambas normas se otorga la protección a las víctimas por parte de los fiscales, así como su obligación de velar por sus derechos.

Hasta ahora, este servicio en la Fiscalía Provincial de Barcelona se llevaba a cabo desde la Sección especializada de Violencia contra la Mujer, que continuará promoviendo la protección y tutela específica de las víctimas de dicha violencia. La nueva fiscal se encargará tanto de las víctimas de delitos sexuales como de otros delitos, como lesiones.

Por su parte, la nueva fiscal especialista coordinará una red de referentes en las distintas secciones especializadas, territoriales y áreas. Sus funciones consistirán en proporcionar información a la víctima sobre: derechos, mecánica y evolución del proceso penal y de la posición de la víctima, servicios especializados de asistencia, derechos económicos relacionados con el proceso, y reclamación de los daños y perjuicios sufridos, derecho de acceso a la justicia gratuita y garantizar su protección a través de la coordinación de los diferentes órganos, instituciones y entidades competentes.