Han pasado tantos años que algunas familias ya no se lo esperaban. Pero se aproxima la fecha en Catalunya en que las escuelas que separan por sexo, la mayoría de ellas vinculadas al Opus Dei, dejarán de recibir fondos públicos. Los tribunales, primero, y un intento fallido de mezclar niños y niñas, después, permitieron a varias de ellas prolongar los conciertos, pero en 2026 llegan a su fin. Y la decisión que prima entre estos centros es seguir siendo solamente femeninos o masculinos, así que pasarán a ser privados sin financiación del Departamento de Educación.
De los 15 colegios religiosos que apostaban por la segregación de género, y que aun así recibían entre 20 y 30 millones anuales en concepto de conciertos, al menos nueve han anunciado que mantendrán este modelo, con lo que asumen la pérdida de los fondos públicos. Serán, por lo tanto, centros privados no concertados. Una modificación que ya ha puesto en alerta a la Administración educativa, que prevé tener que reubicar a cientos de familias que no puedan hacer frente a las subidas de cuotas, especialmente aquellas de entornos vulnerables y cuya matrícula está financiada por el pacto contra la segregación.
A pesar de que la Generalitat anunció la retirada de conciertos hace más de un lustro y que la Ley Celaá también lo estipula, estas escuelas lograron tumbar en los tribunales un decreto que les dejaba sin ayudas en Primaria. Pero el Tribunal Constitucional avaló los artículos de la norma estatal que impide financiar estos colegios, y les dejó sin más argumentos.
En el último año, los centros que han comunicado que seguirán escolarizando exclusivamente a niños o a niñas son Xaloc, Pineda y Avantis, en l’Hospitalet de Llobregat; Les Alzines y Bell-lloc, en Girona; La Farga, en Sant Cugat; Canigó, en Barcelona; y La Vall, en Bellaterra. Se suman además a Viaró, de Sant Cugat, y Camp Joliu, de l’Arboç, que ya perdieron el concierto en la ESO en 2022. De esta forma, quedan en minoría las que han optado por acatar la legislación que atañe al sistema público catalán y se han pasado al modelo mixto, es el caso de cinco colegios en Lleida, Igualada y Terrassa.
Tanto si siguen separando como si continúan con la segregación, otra medida adoptada por diversos de ellos ha sido fusionarse administrativamente. Algunos lo hicieron para defender que eran mixtos, aunque la Generalitat no lo aceptó si no mezclaban alumnos dentro de las clases. Con todo, otros han optado por mantener o llevar a cabo ahora esta unión –suelen fusionarse los centro de cada sexo de una misma ciudad– para ganar músculo de cara al futuro.
La previsión del Departamento de Educación es que en torno al mes de marzo se conozcan ya las resoluciones sobre los conciertos. El proceso para su solicitud se inicia este mes de diciembre, y de ahí que algunos de estos colegios hayan comunicado con antelación a las familias sus intenciones.
Unos de los últimos en trasladarlo a su comunidad educativa han sido Xaloc, Pineda y Avantis, en L’Hospitalet de Llobregat, que reunieron a las familias a mediados de noviembre. “Muchos pensábamos que nos informarían de que tenían problemas para renovar el concierto y que, por ello, se pasarían al modelo mixto; pero no, nos presentaron un plan de empresa para crecer como colegios privados”, explica Mari, una de las familias que se han organizado mediante encuentros y grupos de WhatsApp para denunciar que nadie les avisó de esta situación cuando matricularon a sus hijos en el centro.
Los responsables de ambas escuelas, relata Mari, argumentaron que tienen capacidad para resistir e incluso crecer con un modelo enteramente privado, dado el incremento poblacional que experimenta el área metropolitana de Barcelona. Y pusieron sobre la mesa el aumento progresivo de cuotas al que deberán hacer frente las familias. Si ahora un alumno de Primaria y ESO paga en torno a 480 euros mensuales –con comedor–, el año que viene serían 560 e iría aumentando hasta 640 en 2030-2031.
Pese al notable encarecimiento, estos y otros centros que han anunciado subidas parecidas –como los de Girona– aseguran que siguen lejos de los precios de las privadas más elitistas, que pueden rondar los 1.000 euros al mes. Pero esto no quita que muchos de sus actuales matriculados no puedan hacer frente a las nuevas tarifas. “El problema es que saben que en L’Hospitalet no hay demasiadas alternativas de escolarización actualmente”, advierte Mari.
Los colegios aseguran que no dejarán a nadie atrás, pero la fuga de alumnos se empieza a notar. En La Farga y La Vall, el descenso en el último proceso de preinscripciones fue del 10% y el 14%, y unos 160 escolares que ya estaban matriculados pidieron cambio de centro, según desveló El País.
Más delicada si cabe es la situación de los cientos de alumnos de estos centros que están categorizados como de necesidades educativas específicas, es decir, de familias con bajos ingresos o inmigrantes, y que están escolarizadas en estos centros en el marco del plan contra la segregación. A diferencia del resto, su matriculación en las concertadas está subvencionada por la Administración, pero ahora esta ayuda se eliminará, ya que los colegios pasan a privados.
En L’Hospitalet, el Ayuntamiento tiene contabilizados unos 300 alumnos vulnerables a los que puede que tengan que redistribuir el curso que viene. Además, en sus Oficinas Municipales de Escolarización (OME) han atendido en las últimas semanas a unas 200 personas que se plantean salir de ambos colegios. “La situación escolar en la ciudad es complicada como para dar salida a tantos alumnos de distintas etapas”, constatan fuentes municipales, que recuerdan que la ciudad ya integra anualmente durante el curso a unos 4.000 niños y niñas que suelen venir del extranjero.
En Girona también ha habido reuniones entre centros, consistorio y el Departamento de Educación. Las dos escuelas del Opus de la ciudad, Les Alzines y el Bell-lloc, tienen tres y dos grupos por curso, respectivamente. “Por ahora trabajamos con escenarios hipotéticos, porque no sabemos cuántos alumnos continuarán y cuántos no, aunque las escuelas les han pedido ya una prereserva de cara al curso que viene para hacerse una idea”, señala la concejal de Educación, Queralt Vila.
Como en L’Hospitalet, aquí también hay un número nada desdeñable de familias vulnerables con matrícula subvencionada. Son unos 250. “Como ciudad, los podemos asumir”, valora Vila, “pero con la condición de no superar las ratios de 30 alumnos en la ESO y quizás teniendo que añadir algún grupo extra en algún centro”, añade la edil.