El Govern de Artur Mas concedió en 2014 a un socio de Jordi Pujol Ferrusola la licencia ambiental para gestionar un vertedero en Llagostera (Girona) que tiene una parte en terrenos protegidos, considerados zona de interés natural y área especial de protección de las aves. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) revocó el pasado miércoles esta autorización y ha concedido un mes para cerrar definitivamente el basurero. Estas irregularidades probadas por el juez, sin embargo, podrían ir más lejos y tener consecuencias penales.
Según documentación obtenida por elDiario.es, el vertedero se gestiona sin concurso desde 1993 y sus aguas residuales rebasaron los límites de contaminación permitidos durante años. La Fiscalía ha denunciado ante el juez de Girona tanto a los responsables del vertedero como a los trabajadores públicos que permitieron la ampliación y explotación del basurero, en una causa que todavía está investigando la Guardia Civil.
El gestor del vertedero es Gustavo Buesa, conocido como “el rey de la basura”, exsocio de Pujol Ferrusola en otros negocios de residuos y prolífico donante de Convergència: solo entre 2007 y 2009 donó más de medio millón de euros al partido. También realizó dos préstamos de 50.000 euros a Unió Democràtica cuando el partido de Duran i Lleida tenía problemas de tesorería, según reconoció el propio empresario.
La sentencia del TSJC es muy dura con la Secretaria de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que en el momento de la autorización ambiental estaba comandado por Santi Vila.
Según el texto, la construcción entre 2009 y 2010 de un depósito de residuos y una planta de prensado en este vertedero sin ningún tipo de autorización ambiental ni urbanística supone un “hecho sorprendente por su temeridad y desconsideración de la legalidad”. A su vez, carga contra la posterior regularización de esta zona del vertedero, realizada por la conselleria de Vila en 2014, por haber omitido el preceptivo estudio de impacto ambiental y, en todo caso, basarse en un informe caducado.
Las mencionadas irregularidades podrían llegar pronto a la vía penal. El exsocio de Pujol Ferrusola, los responsables de la Agència de Residus de Catalunya -empresa pública adscrita al Departament de Territori- y el alcalde y técnicos municipales del Ayuntamiento de Llagostera, que en el momento de los hechos estaba en manos de Convergència, han sido denunciados por la Fiscalía ante el juzgado de instrucción 4 de Girona. Según el Ministerio Público, los denunciados podrían haber incurrido en un delito de prevaricación y contra la ordenación urbanística así como delitos contra el medio ambiente y recursos naturales y de prevaricación medioambiental.
La empresa presidida por el exsocio de Pujol Ferrusola no ha respondido a las peticiones de comentario de elDiario.es. Tampoco el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. A ambos se les contactó el pasado viernes por la mañana.
El de Llagostera no es el único vertedero del “rey de la basura” que ha sido declarado ilegal. En 2000, los Gobiernos autonómico y municipal de CiU aprobaron la instalación de un basurero en Cruïlles (Girona) que el Tribunal Supremo declaró ilegal en 2014 por estar demasiado cerca de un núcleo habitado. El negocio, sin embargo, ya estaba hecho: Buesa y Josep Mayola, ambos socios de Pujol Ferrusola en otro vertedero en Tarragona, invirtieron 3,5 millones de euros y en 2003 lo vendieron a FCC por 13,2 millones. En la operación había un tercer socio que se ha mantenido en secreto y los beneficios de este pelotazo se ocultaron en un complejo entramado empresarial radicado en un paraíso fiscal, según una investigación de El País de 2017.
Un vertedero gestionado sin concurso desde 1993
Según la documentación en poder de este periódico, el abocador de Llagostera, conocido como Complex de Tractament de Residus de Solius, está en manos de Gustavo Buesa desde 1993 sin que nunca haya ganado un solo concurso desde entonces. En 1993 fue adjudicado directamente por la Mancomunitat del Riudaura, la federación de municipios de la zona, con un contrato que le permitía explotar el vertedero hasta que la empresa de Buesa finalizara unas obras que debían llevarse a cabo.
En abril de 2001, la mencionada federación de municipios, junto a la Agencia Catalana de Residus, volvió a adjudicar directamente y sin concurso a Buesa la gestión del vertedero y la construcción de algunas ampliaciones en el recinto. El plazo volvía a ser, de nuevo, inconcreto: hasta que finalizaran estas nuevas obras.
En junio de 2002 se adjudicó de nuevo a una unión temporal de empresas en la que participaba Buesa la construcción y explotación de una planta de compostaje en el mismo vertedero. Este contrato se cedió posteriormente, en 2008, a GBI Serveis, el nuevo nombre de la empresa de Buesa.
Cuando en 2002 se firmó el contrato para construir la mencionada planta de compostaje, se le concedió al socio de Pujol Jr. la explotación de la planta hasta 5 años después de entregarla. El acta de entrega de la planta se formalizó a finales de mayo de 2007, con lo que el contrato permitía a Buesa gestionar el vertedero hasta ese mismo periodo en 2012.
A pesar de que formalmente su concesión finalizó en mayo de 2012, el ex socio de Pujol Ferrusola ha gestionado el vertedero hasta hoy, gracias a una suerte de prórroga tácita que está prohibida por la ley de contratos del sector público. Durante estos ocho años ni la Agència de Residus de Catalunya ni el Consorci de Solius han licitado un nuevo contrato que dé cobertura legal a la explotación por parte de Buesa.
Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es aseguran que esta explotación con el contrato vencido, con el conocimiento de la administración pública, podría suponer un delito de prevaricación.
Una ampliación sin permiso y en terreno protegido
El varapalo del TSJC tiene origen en las obras, instalaciones y movimientos de tierras que GBI Serveis realizó entre 2009 y 2010 sin ningún tipo de autorización administrativa, con el objetivo de aumentar la explotación del vertedero. Entre estas obras destaca la construcción de una balsa de lixiviados y aguas semi-limpias (donde se recogen las aguas residuales del vertedero) que tiene una parte ubicada en una zona de protección especial donde no se permiten este tipo de instalaciones.
Estos terrenos forman parte del Massís de les Cadiretes, una zona incluida en el Plan de Especial de Interés Natural y en la Red Natura 2000 como zona de especial protección de las aves. A pesar de ello, la balsa de residuos contó con los informes favorables del Ayuntamiento de Llagostera y de Santa Cristina d’Aro (el terreno pertenece a ambos municipios) cuando en 2012 se solicitó la legalización de estas obras aprovechando que se pidió un permiso para seguir ampliando el vertedero.
Fue en ese momento cuando algunos vecinos y asociaciones de la zona presentaron alegaciones contra la balsa y pidieron al Ayuntamiento de Llagostera que iniciara un procedimiento de protección de la legalidad urbanística, pero tanto el consistorio como el Govern siempre remaron a favor del vertedero, según apunta la documentación.
En 2014 el Ayuntamiento de Llagostera, en manos de CiU, decretó que las infracciones habían sido leves, las declaró prescritas y emplazó al ex socio de Pujol a legalizar las nuevas instalaciones ante el Departament de Territori i Sostenibilitat. Ese mismo año el arquitecto municipal también emitió un informe favorable a la legalización de la zona nueva del vertedero a pesar de reconocer que una parte de ella quedaba en terrenos protegidos. Ni el Ayuntamiento ni el secretario municipal movieron un dedo a pesar de esta afirmación del arquitecto del municipio.
El estudio de impacto ambiental que presentó el vertedero para lograr la autorización, además, era de 2009, años antes de la polémica ampliación. El Govern, sin embargo, acabó otorgando la autorización ambiental en octubre de 2014. Lo hizo atendiendo un estudio de impacto ambiental que no incluía la parte objeto de la controversia y que, en todo caso, estaba caducado ya que el plazo máximo entre la presentación de este estudio y la declaración de impacto ambiental es de cuatro años.
La orden del TSJC de cerrar el vertedero en un mes choca frontalmente con las intenciones del Ayuntamiento de Llagostera, que lleva años intentando ampliar la capacidad del basurero. En 2019 el consistorio promovió una modificación del Plan de Ordenación Urbanística del municipio para ampliar el complejo de tratamiento de residuos, con la oposición de vecinos y asociaciones de la zona.
Vertidos contaminantes
El resultado de las diversas inspecciones llevadas a cabo por la Agencia Catalana del Aigua y otros organismos también indican que la actividad del vertedero contaminó las aguas superficiales de su entorno durante varios años, una anomalía que en principio fue corregida en 2014.
Este periódico ha tenido acceso a varios informes de las inspecciones que hicieron esta agencia y otros organismos entre 2007 y 2014. Según estos documentos, el vertedero estuvo vertiendo al cauce público durante años aguas residuales cuyos valores contaminantes rebasaban lo permitido. Estos vertidos se hicieron, además, sin ningún tipo de permiso hasta que el Govern concedió la autorización ambiental en 2014. Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que estos informes indicarían un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En abril de 2007, la Unitat d’Inspecció de Girona constató el vertido al cauce público de aguas con valores que superan los objetivos de calidad ambiental de la masa del agua del río Ridaura. En un informe de la Agència Catalana de l’Aigua, de 2009, también se comprobó que los valores de las aguas de la balsa de residuos no permitían su vertido al cauce público y que, sin embargo, el vertedero las estaba abocando a un torrente próximo.
En otro informe de la demarcación territorial de Girona, de febrero de 2014, se indica que las inspecciones realizadas en 2012 y 2013 demostraron que las aguas que se vertían tenían valores contaminantes “muy alejados” de los que se proponían en la autorización ambiental. Unos resultados similares aporta un informe de la Unitat d’Inspecció de l’Agència Catalana de l’Aigua, realizado a pocas semanas de que se concediera la autorización ambiental: se estaban vertiendo habitualmente aguas contaminadas a un torrente cercano al vertedero.