El juez condena a 17 personas por una trama corrupta de pisos turísticos en Barcelona
La Audiencia de Barcelona ha condenado 17 personas, algunas de ellas funcionarias del Ayuntamiento de Barcelona, a penas de hasta tres años y diez meses de prisión, así como penas de multa e inhabilitación, por los delitos de soborno, prevaricación urbanística, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad documental, además de amenazas, por el caso de las licencias fraudulentas de pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella.
La sentencia considera probado que altos funcionarios del distrito cobraron dinero para dar irregularmente licencias de pisos turísticos que no cumplían todos los requisitos legales. Durante el juicio, 15 de los imputados admitieron los cargos, y la Fiscalía rebajó la petición de condena (había pedido hasta 20 años de cárcel inicialmente) tras alcanzar un acuerdo con estos acusados.
La sentencia señala como uno de los responsables de la trama a Heliodoro Lozano, exjefe de los servicios técnicos de Ciutat Vella, al que ha condenado a dos años y seis meses de cárcel. También a Elena Ariza, exasesora jurídica, que ha sido condenada a tres años y seis meses. Joaquín Quílez, considerado el intermediario entre estos funcionarios y Apartur (la principal asociación de apartamentos turísticos), ha sido condenado a tres años y casi diez meses.
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en junio de 2005 un plan especial para regular los pisos turísticos. El consistorio prohibió la apertura de nuevos apartamentos de este tipo, pero permitió que aquellas viviendas donde se desarrollara esta actividad pudieran continuar haciéndolo siempre que previamente obtuvieran una licencia municipal urbanística de cambio de uso.
Para obtenerla, se tenían que cumplir unos requisitos y quien aprobaba el cambio de uso era un equipo dedicado exclusivamente a esta tarea. Fue en ese equipo donde se articuló la trama que concedía las licencias de manera fraudulenta. Seis de los funcionarios condenados pertenecían a este grupo de trabajo.
Amenazas a cargos públicos
En junio de 2007 llegó a la concejalía de Ciutat Vella Itziar González y la gerente Mercè Massa y trataron de acabar con las irregularidades que había en la concesión de esas licencias. Fue entonces cuando Quílez y su compañera sentimental tomaron la decisión de amedrentar a la arquitecta municipal, a la concejal y a la gerente, a las que les remitieron cartas amenazantes. González llegó incluso a dejar la política después de este episodio.
El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado que finalmente haya una sentencia condenatoria por el caso. A pesar de esto, ha “lamentado profundamente” la “lentitud de la justicia”, que “ha agraviado el sufrimiento de las personas afectadas”.
“Desde el consistorio queremos poner en valor la tarea de los alertadores -en este caso Lourdes Conesa i Itziar González- de casos de corrupción como este: son una pieza clave en la lucha contra el fraude que demasiado a menudo están expuestas a represalias tanto en el ámbito profesional como personal”.
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