El juez investiga a la exconsellera catalana de Salud por el retraso en vacunar a policías

El juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha dado 20 días a la diputada de ERC en el Parlament y ex consellera de Salud Alba Vergés para que diga si quiere declarar voluntariamente como investigada por el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles durante la pandemia. Según el magistrado, Vergés participó en la decisión de frenar la vacunación de los policías españoles. No obstante, al ser aforada, Vergés tiene el derecho a no declarar en el juzgado ordinario sino ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La causa está abierta por los delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores. La investigación contra Vergés, pedida por la fiscalía y los sindicatos policiales, llega después de unos whatsapps aportados por la defensa de la exsecretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, y del ex conseller Josep Maria Argimon. Según estos mensajes, una miembro del gabinete de la consellera dijo a la también entonces subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas: “La consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”. También aportaron otro mensaje en el que se decía: “Otra vez la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, lo tendríamos que parar”.

Justamente por estos mensajes, la fiscalía pidió al juzgado que presentara una exposición razonada al TSJC para que investigue a Vergés. En marzo de 2022 el TSJC ya rechazó investigar a la ex consellera al no apreciar indicios de delito pero ordenó a la justicia ordinaria identificar a los responsables de la vacunación.

De momento el juzgado investiga al ex conseller y entonces secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, así como al exsecretario general de Salud, Marc Ramentol, al exdirector del CatSalut, Adrià Comella, y al exdirector de Servicios del Departamento de Salud, Xavier Rodríguez. El juez, en cambio, ha archivado el caso contra la secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, y la exdirectora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón.

En su interlocutoria, el magistrado dice que la decisión del Departamento de Salud de frenar la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en marzo de 2021 fue “arbitraria, ilegal, injusta y claramente discriminatoria” y tomada por los altos cargos de la Conselleria. La decisión puso “en grave riesgo la salud y la vida” de miles de funcionarios policiales.

En su declaración judicial, Marc Ramentol, atribuyó esta parada a una decisión colegiada, pero ahora Cabezas y Argimon se han defendido atribuyendo la decisión directamente al entorno más próximo a la consellera y han pedido el archivo de la causa para ellos.

De hecho, además de los whatsapps citados, también aportan un mensaje que Cabezas envió el 23 de marzo a la jefa de gabinete de Vergés: “Yo creo que tenemos que hacerlos a todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras CC. AA. y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos”.

Argimon y Cabezas aportaron otro correo electrónico enviado a Vergés, incluido en la causa cuando ya estaba en el TSJC, donde una responsable de la Delegación del gobierno español en Catalunya pide explicaciones sobre por qué el 24 de marzo de 2021 se paró la vacunación a los policías nacionales destinados en Catalunya. Ni la reclamación ni la respuesta fueron compartidas con Cabezas y Argimon.