Un juez investiga a una residencia de Barcelona por ocultar un brote de salmonelosis con ocho ancianos muertos

Un juez investiga a una residencia de Barcelona a la que la Fiscalía ha denunciado por ocultar en 2022 un brote de salmonelosis en el que murieron ocho ancianos y por desatender sus obligaciones, provocando un “grave riesgo sanitario” para los demás residentes con su conducta “irresponsable”.

Según ha informado este miércoles la Fiscalía, el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha abierto diligencias a raíz de su denuncia, dirigida contra el administrador y gerente del geriátrico, la directora, la gobernanta, el médico y la mercantil, por ocho delitos de imprudencia grave con resultado de muerte.

En su escrito, adelantado por El Periódico, la Fiscalía detalla que desde finales de julio hasta principios de septiembre de 2022 la residencia barcelonesa Aragó –con 100 plazas, 57 de ellas públicas–, sufrió un brote de gastroenteritis aguda por salmonela que afectó a 39 residentes, ocasionó la hospitalización de 15 y el fallecimiento de ocho ancianos.

Para la Fiscalía, el “comportamiento omisivo” de la residencia, al no haber “adoptado las más elementales medidas de atención, diligencia y colaboración” con los técnicos epidemiológicos ante la grave crisis sanitaria que se produjo en el geriátrico, “contribuyó” a la agravación del brote y generó directamente “un elevado riesgo de transmisión de la infección” y otros problemas de salud a los residentes, “con consecuencias letales” para algunos de ellos.

Los denunciados, con “incumplimiento de las normas de cuidado” a las que estaban obligados debido a su responsabilidad, según la Fiscalía, “no adoptaron ni instaron” a la adopción de las actuaciones higiénico-sanitarias propuestas por los técnicos epidemiológicos, “desatendiendo las obligaciones que les competían frente a una enfermedad particularmente grave cuando afecta a personas con vulnerabilidad extrema”, como los ancianos.

“Conducta irresponsable”

“Con su conducta irresponsable, colocaron a todos los residentes en una situación de grave riesgo sanitario, minimizando el impacto o importancia del brote, negando la existencia de otros casos diferentes de los notificados por el CAP, administrando medicación que no había sido prescrita con la espuria finalidad de encubrir los síntomas, ocultando nuevos casos...incluso las defunciones que se producían por causa de la enfermedad”, apunta la denuncia.

Según la Fiscalía, al ignorar las recomendaciones de las autoridades epidemiológicas y sanitarias para controlar el brote y a sus afectados, los responsables del geriátrico demostraron una “absoluta indiferencia por la salud y las vidas” de los ancianos de la residencia.

En concreto, según el ministerio público, “pese a tener la obligación de hacerlo”, los denunciados no notificaron ninguno de esos casos al Servicio de Epidemiología (SEPID) –dependiente de Salud Pública–, negaron el contagio de 33 de los residentes y no comunicaron siete de los ocho fallecimientos.

De hecho, según la Fiscalía, la residencia sólo facilitó información al SEPID cuando este organismo conoció los hechos por otras vías, y además el proceso de investigación fue “obstaculizado” y las consecuencias del brote “notablemente agravadas” debido a la “deliberada voluntad” de los denunciados de “ocultar cualquier dato o cualquier nuevo caso a Salud Pública”.

Según la Fiscalía, pese a que la SEPID dio a la residencia las instrucciones sanitarias a seguir, el geriátrico no las cumplió, por lo que, a lo largo del proceso de investigación, “la falta de higiene, la falta de material de desinfección y la falta de equipos de protección” para llevar a cabo una correcta “desinfección” de espacios e higiene de personas para evitar la propagación del brote “fue una constante”.

Falta de higiene “generalizada”

El “grado de obstaculización y falta de colaboración” llegó a “tal extremo”, a criterio del fiscal, que los responsables de la residencia dejaron de anotar en los registros toda la información sanitaria de los residentes, recogiendo únicamente hechos “intrascendentes” como visitas programas o cambios de pañales.

Además, la Fiscalía sostiene que la doctora de la residencia recetó un antibiótico a algunos de los ancianos, sin que conste motivo médico alguno que lo justificara, ya que únicamente obedecía a “razones de ocultación y obstaculización” en la detección de casos de cara a las autoridades sanitarias, lo que “favoreció” la transmisión entre residentes.

También se recetaron cápsulas de Fortasec a los residentes que presentaban diarreas en una de las plantas de la residencia, pese a que en los supuestos de salmonela está contraindicado. La Fiscalía remarca que cuando los inspectores acudieron a la residencia en septiembre del pasado año “se objetivó” una “falta de higiene generalizada” de “larga evolución” en el mobiliario, lavabos, duchas, interruptores y botones de ascensor.

Como ejemplo, describe que las sillas adaptadas para la ducha tenían suciedad marrón alrededor de la zona donde se situaban las nalgas, que había restos similares a vómito en uno de los lavabos y que la mayoría de las mesas del comedor estaban pegajosas.

Además, más allá de los “contados” traslados al hospital de los residentes que estaban más graves, al resto de contagiados “les fue sustraída” la atención médica indispensable“ para paliar los síntomas que sufrían y controlar la infección.