Las ONG buscan su espacio en el debate sobre el estado de la nación
Mariano Rajoy afrontará a partir de esta mañana el debate sobre el estado de la nación bajo la atenta mirada de tres organizaciones no gubernamentales (ONG). Amnistía Internacional (AI), Intermón Oxfam y Greenpeace buscarán entre las palabras del presidente del Gobierno algún eco del ‘decálogo frente a la crisis’, un documento elaborado conjuntamente por las tres ONG y remitido al mandatario el pasado 8 de febrero.
Bajo el subtítulo ‘Las personas primero’, el decálogo recuerda al presidente las dramáticas consecuencias que la política de austeridad de su gobierno está teniendo sobre los sectores más vulnerables de la población, le ofrece alternativas y le invita a no utilizar la crisis como excusa para recortar los derechos de las personas y las garantías democráticas.
No es una iniciativa inédita. Intermón Oxfam, Greenpeace y AI, que mantienen una campaña contra la venta de armas y colaboran puntualmente en otras acciones, ya aunaron esfuerzos y discurso de un modo similar en 2003 para gritar no a la guerra de Iraq. “Desde entonces, no habíamos hecho nada de tanto calado político ni tan contundente las tres juntas”, admite el presidente de Greenpeace, Mario Rodríguez. “Pero la situación ahora es tan superlativa que lo requiere”, abunda.
“Éste no es un decálogo contra un Gobierno o un partido; nos posicionaríamos así frente a cualquier Gobierno que tomara estas medidas”, asegura Consuelo López, responsable de relaciones institucionales de Intermón Oxfam. “Aquí se está produciendo un cambio soterrado de modelo: la justicia social queda cada vez más excluida de las políticas públicas, el país se polariza y las diferencias de renta son cada vez mayores”, explica Consuelo López.
Austeridad, igual a pobreza y desigualdad
Según recogen en el decálogo, “las políticas de austeridad están incrementando la pobreza y la desigualdad en España y en el mundo”. Y pueden conducir a que 18 millones de personas estén en riesgo de pobreza en España, en 2022. El documento también reprueba la limitación a la salud para los inmigrantes, los miles de desalojos forzosos, la falta de respeto a los estándares internacionales en el derecho de manifestación, así como los recortes en las políticas de cooperación al desarrollo.
“Esta crisis económica se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos”, asevera Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional. “Y proponemos medidas para salir de ella con dignidad”. “Esta crisis, además de tener un coste social, puede ser una oportunidad para que los políticos apliquen la inteligencia, tengan un actitud de apertura hacia la sociedad y escuchen a la ciudadanía”, añade Consuelo López.
El decálogo lamenta que la subida de impuestos haya recaído “sobre las personas más vulnerables”, mientras “el 85% de las empresas del IBEX 35 tiene presencia en paraísos fiscales y la evasión fiscal se cifra en 90.000 millones de euros en España”, al tiempo que denuncia el actual modelo energético y la gestión de los recursos naturales.
“Un país con seis millones de parados no se puede permitir poner en quiebra la agricultura ecológica, las energías renovables y la movilidad sostenible, entre otras cosas, porque son generadoras de empleo”, afirma Mario Rodríguez. “Uno de los puntos clave para salir de la crisis es no repetir los esquemas que nos llevaron a ella”, prosigue el director de Greenpeace, que anuncia “el próximo pelotazo” con la nueva ley de costas.
Pese a la “mala calidad democrática” del país, las tres organizaciones confían en que su decálogo, que el lunes fue entregado al resto de fuerzas políticas, sea tomado en cuenta y genere debate. “Representamos a miles de ciudadanos y merecemos ser escuchados y una respuesta”, advierte Mario Rodríguez. “Esto es un grano de arena más dentro de las movilizaciones sociales”.
“Asumimos que los resultados se verán a largo plazo y que esto es sólo el comienzo de algo que tendrá una vida mayor”, abunda Esteban Beltrán, que anuncia manifiestos públicos y trabajos con los grupos parlamentarios como futuras acciones conjuntas. “Ejemplos como el de la plataforma contra los desahucios visibilizan problemas y demuestran que, poco a poco, la presión social logra resultados y cambios de políticas”, concluye Consuelo López.
