Ya hace unos años, porque ahora esto ya hace tiempo que dura, que cuando alguien pregunta, reclama, reivindica, sobre las necesidades socioeconómicas que se sufren en Catalunya recibe por respuesta que esto cambiaría con la independencia. Si haces presente que no compartes los recortes en sanidad, educación, servicios sociales, el problema no es de la Generalitat. Esto tiene que ver con las obligaciones impuestas por el gobierno del estado. Esto cambiará cuando podamos disponer de nuestros recursos. No quisiera caer en ninguna caricatura, intento plantear el escenario con rigor para ver si encontramos soluciones.
Una amplia parte de la ciudadanía parece haber aceptado este discurso. Otra contestarlo. Pero no es fácil encontrar un debate argumentado y concretado con datos sobre la realidad económica que vivimos. Eran los recortes inevitables? Son una opción política? La nuestra es una sociedad con una gran presencia del posicionamiento partidista. Esto se nota, especialmente, escuchando a los representantes de los partidos políticos y los medios de comunicación más masivos. No resulta extraño, pues, que se imponga un debate más fundamentado en las consignas provenientes de cada ámbito que en el análisis y la argumentación. La naturaleza del debate dominante acaba presente en todas partes y la ciudadanía acaba asumiendo en demasiadas ocasiones también este juego de posiciones duras. Es una clara y grave debilidad de nuestra sociedad.
En un momento en el que tan importante es la deliberación y el debate, se evidencia que nuestra capacitación individual y como sociedad es débil. Lo que en demasiadas ocasiones domina es el querer ganar el debate, querer imponer una posición sin atender a las otras que están presentes. Y convendría asumir que las posiciones diferentes no desaparecerán aunque no nos gusten, forman parte de la pluralidad de esta sociedad. Esta manera de hacer resulta especialmente grave en un momento en el que parece que todo lo relacionado con el “procés” es urgente y definitivo.
Dos hechos de estos últimos días, pero podríamos buscar más cada día, deberían encender todos nuestras señales de alarma, si no las teníamos encendidas ya con anterioridad. Estos dos hechos son muestra de todo lo esencial que pasa desapercibido o es menospreciado porque no se corresponde con lo que hoy se considera importante y urgente. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca siguiendo con su trabajo diario ha querido encontrar una solución para personas que lo están pasando muy mal, en este caso María y Jorge. La respuesta, los Mossos d'Esquadra desalojaron a los miembros de la PAH que estaban manifestándose en una oficina de la entidad bancaria implicada. Segundo hecho. El Tribunal Constitucional ha suspendido el decreto que prohibía a las compañías energéticas cortar la luz y el gas durante los meses de invierno a las personas con pocos recursos. El gobierno español argumenta que invade competencias. Las familias que se habían acogido a él ahora están en riesgo. Un decreto que la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa de entidades del Tercer Sector ya consideraban insuficiente y reclamaban medidas más efectivas a la Generalitat de Catalunya.
¿Cómo responden a estas realidades? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hacen las instituciones políticas con responsabilidad en estos ámbitos? ¿Tenemos que esperar a que se resuelva el “procés” (en una dirección u otra)? No hay ninguna institución política que haga ninguna propuesta mínimamente ilusionante para resolver las situaciones de falta de derechos denunciadas. Desde la desesperación, podríamos llegar a decir: muy bien, esperamos que la situación con el estado permita tener más recursos, ¿pero hay que enviar los Mossos d'Esquadra contra la gente de la PAH? ¿Cómo puede ser que sea la PAH el instrumento que está salvando a tantas personas como María y Jorge? ¿Este nuevo país que se quiere construir, puede tener estos fundamentos institucionales? Al gobierno del estado, también desde la desesperación le podríamos decir algo parecido. ¿Podemos argumentar invasión de competencias y no hacer nada para garantizar el derecho a los mínimos recursos energéticos para la subsistencia de la población más necesitada?
En este escenario, enfrentarse con las realidades que no se quieren aceptar y las instituciones que no contribuyen a resolverlas (desde los ayuntamientos al gobierno del estado) quizás es vivir en el mientrastantismo o el postindependentismo. Es intentar dar importancia al mientras tanto, más allá de donde acabamos yendo (dentro o fuera de España) o donde nos seguimos quedando. Es intentar vivir sin agotarse en el debate independentista sabiendo que incluso si llega tendremos dependencias contra las que luchar como nos recuerdan, entre otros, la gente de la campaña “¿Independientes de quién?”. Es vivir intentando dar la máxima importancia lo que está fuera del “procés”, lo que no forma parte de lo que se considera importante en los discursos dominantes de uno u otro sentido. Lo que ahora y siempre ha estado en un segundo plano en una sociedad que cotidianamente muestra sus limitaciones para poder ser definida como una democracia.