Morir en Barcelona es muy caro. Fácilmente, si no se dispone de un seguro, la factura puede alcanzar los 5.000, los 7.000 o los 10.000 euros. Estos son los precios en los que se mueven las facturas de distintos ciudadanos a las que ha tenido acceso la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, y lo que últimamente han abonado personas cercanas.
Son cifras, en mi opinión, desproporcionadas, más propias de un producto de lujo que de un servicio esencial, como es el caso. Más pronto o más tarde, todos falleceremos. Y eso convierte la muerte, por ahora en Barcelona, en un negocio seguro.
Pero el precio final no es el único problema. También hay que tener en cuenta las condiciones en las que una persona se enfrenta a estas situaciones. A las pocas horas del fallecimiento, en ocasiones de manera repentina, y en poco rato, la familia tiene que decidir, desanimada y triste, cómo quiere y lo que se gasta en la despedida de la persona querida. A esto hay que añadir, generalmente, la falta de información y el desconocimiento sobre cuáles son los servicios necesarios que se deben contratar y de los que se puede prescindir.
En un caso vivido recientemente, el comercial no fue informando de cada producto que se contrataba y, al final, la sorpresa fue mayúscula. La familia abonó sin rechistar los más de 9.000 euros a los que ascendía la factura final. “Tampoco se trata de escatimar un último esfuerzo por la persona querida”, pensaron. Y no creo que sea un caso único.
A finales del año pasado, la alcaldesa Ada Colau decidió, muy acertadamente, y siguiendo las recomendaciones de la síndica, intervenir para rebajar los costes de los sepelios. Colau anunció, como medida estrella, la apertura de un tanatorio municipal, que podría entrar en funcionamiento en 2019.
La propuesta ha levantado ampollas en el sector y entre algunos partidos políticos. Todavía es pronto para saber si la funeraria pública funcionará, pero veo muy loables los planes municipales si el objetivo es fomentar la competencia para rebajar el precio de los servicios, ahora, en muchos casos, totalmente fuera de lugar.
La Administración, ante servicios esenciales como son los funerales, no puede mirar hacia otro lado y debe actuar para que el servicio se preste en las mejores condiciones en interés de la ciudadanía.
Actualmente, en Barcelona no existe una competencia real. Hay un oligopolio. Una parte muy importante del mercado se lo reparte Serveis Funeraris de Barcelona –cuyo accionariado son Mémora (85%) y el Ayuntamiento (15%)-- y Áltima. Eso lleva, junto a un exagerado IVA del 21% y a las tasas de cementerios, a precios muy caros, a los que las familias se enfrentan en momentos anímicos bajos y sin casi información.
Abrir una nueva funeraria no es el único camino para garantizar una mayor competencia en el sector. En un informe de finales del 2015 sobre los precios abusivos y la falta de información y transparencia en los servicios funerarios, la síndica recomendó al Ayuntamiento que estudie modificar los contratos de concesión de los tanatorios de titularidad pública de la ciudad, con la finalidad de permitir el acceso a los velatorios de todas las empresas que lo soliciten.
La síndica planteó también modificar la Ordenanza de servicios funerarios de la ciudad. La normativa exigía disponer de un tanatorio con 12 salas de velatorio --entre otros requisitos-- para poder operar en la ciudad, aspecto que contravenía la normativa europea y catalana y limitaba la entrada de nuevos operadores en Barcelona.
Finalmente, las sugerencias de la síndica han empezado a dar sus frutos y el gobierno de Colau ha aceptado la recomendación de actualizar el citado marco jurídico municipal. Hace un par de semanas se llevó a cabo en comisión la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza, lo que debería permitir la entrada de nuevas empresas en el mercado para garantizar una competencia más real.
El Ayuntamiento, en su deber de velar por el interés de la ciudadanía, ha empezado a dar los pasos en la dirección acertada para intentar evitar que morir se convierta en el negocio de unos cuantos. En Barcelona, ahora, morir puede salir muy caro. Quizá, cuando las medidas planteadas se empiecen a implementar, no lo será tanto.
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