Admiten una querella en Andorra contra mandos policiales por la 'Operación Cataluña'
La justicia andorrana ha admitido una querella contra cuatro mandos policiales españoles por supuestas amenazas y extorsión a los antiguos responsables de la Banca Privada de Andora (BPA) en relación con la 'Operación Cataluña'. Así lo han explicado este martes las entidades querellantes, el colectivo de juristas soberanistas, Drets, y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA).
Los querellados son el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policia Nacional, el comisario Eugenia Pino; el inspector jefe de la misma unidad, Bonifacio Díaz; el jefe de asuntos internos, Marcelino Martin-Blas; y el agregado del Ministeri del Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso.
La querella se halla ya en fase de instrucción en la Bailía (juzgado) número 2 del Principado. Tanto Drets como el IDHA consideran que los cuatro policías “vulneraron los derechos y libertades” del accionista mayoritario de la Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, así como del consejero delegado del mismo banco Joan Pau Miquel y de la secretaria del consejo de administración, Rosa Castellón.
Según estas entidades los directivos andorranos recibieron en mayo y junio de 2014 “amenazas, coacciones y extorsiones” por parte de los policías para “obtener información de supuestas cuentas bancarias de políticos catalanes independentistas” como el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, el actual vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, o el expresidente Jordi Pujol.
El presidente de Drets, Sergi Blázquez, ha dicho que la 'Operación Cataluña' es “un ataque a los derechos fundamentales y hay que ver quién está detrás”, mientras que la presidenta del IDHA, Elisa Muxella, lo considera un “agravio enorme a la soberanía andorrana” y ha declarado que no se imagina a Andorra “extorsionando personas de España o de Francia”.
Drets relaciona estas supuestas amenazas con la intervención de BPA y de su filial española Banco Madrid y asegura que la policía española “menospreció la soberanía y la independencia” de Andorra, un país con el que España mantiene “acuerdos de amistad y cooperación”.
La crisis de BPA se desató en marzo de 2015 a raíz de una nota del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, remitida al gobierno andorrano, en la que alertaba sobre presuntas actividades ilícitas de la entidad, lo que provocó su intervención por parte de las autoridades andorranas.
De hecho, Higini Cierco y su hermano Ramón están investigados en el juzgado de instrucción 38 de Madrid por un delito de blanqueo de capitales en el Banco Madrid. Además, la defensa de los Pujol considera al máximo accionista de la BPA –la última entidad andorra donde los Pujol ocultaron su fortuna oculta– la persona que aportó la nota manuscrita de Marta Ferrusola sobre “traspasos de misales”, información que no contenía la comisión rogatoria enviada desde el Principado.
Por su lado, los dos hermanos han pedido al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que investigue si hubo un “complot” contra el BPA ante la creencia de que ocultaban información de los Pujol.
