Un borrador de la ley de ruptura catalana prevé declarar la independencia si no hay referéndum
Un borrador de la ley de Transitoriedad Jurídica, la ley de ruptura catalana, prevé declarar la independencia de Catalunya si el Gobierno de España impide que se celebre el referéndum previsto para después del verano, según el texto revelado este lunes por el diario El País. Junts pel Sí y la CUP llevan meses escondiendo el contenido de la ley, que según el plan independentista debe permitir romper con el Estado y constituir una Catalunya independiente.
El presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull (PDECat), ha desmentido la noticia de El País. “Quien os haya pasado este supuesto borrador va muy desfasado. Cuando se haga pública la ley lo comprobaréis rápido”, ha escrito en Twitter. Fuentes de la Generalitat han apuntado asimismo que se trata de “un borrador muy desfasado y por lo tanto sin ninguna actualidad ni validez”.
Los independentistas se niegan a dar a conocer, de momento, el contenido de la norma apelando a su trascendencia y para evitar que sea impugnada por el Gobierno ante el Constitucional.
En este sentido, la oposición del Parlament ha vuelto a reclamar transparencia a los grupos independentistas. “Lo que tiene que hacer el Govern y JxSí si quieren evitar filtraciones y especulaciones es presentar ya su proyecto en el Parlament”, ha afirmado en Twitter el portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela.
Según publica El País, el borrador de la ley de ruptura establece la declaración unilateral de independencia si el Gobierno central impide la celebración de la consulta, que se llevaría a cabo inmediatamente después de que el Parlament catalán “constate este impedimento”.
La pregunta del referéndum
Desvela asimismo la pregunta que se realizaría en ese eventual referéndum: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente de España?”, distinta a las tres posibles preguntas para el referéndum que sugirió Puigdemont en abril. El borrador de la ley, según recoge el rotativo, da por hecho que Catalunya seguirá dentro de la UE y asume sus leyes actuales y las que pudieran aprobarse posteriormente a la declaración de independencia que, en ambos casos, pasarían a formar parte del nuevo ordenamiento jurídico catalán.
Respecto a la organización de la Justicia, los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español, según el borrador de la ley independentista, “podrán concursar en las plazas que se convoquen” en el hipotético estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza en Catalumya y el Ejecutivo catalán participaría en los procesos selectivos que fijase la futura ley.
La amnistía para todos los imputados y condenados por causas soberanistas (medida que afectaría al expresidente catalán Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta del 9-N); la obligación a policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo, o la de que los funcionarios públicos aprendan catalán para poder trabajar, son otras disposiciones recogidas en el texto de la ley.
Asimismo, establece que se otorgará la nacionalidad catalana a todo aquel ciudadano español que acredite, al menos, un año de empadronamiento en algún municipio catalán o acredite un mínimo de dos años continuados de residencia en Catalunya en el pasado. En todo caso, dice, ello “no exige” renunciar al pasaporte español. En cuanto a los bienes públicos, la Generalitat pasaría a ser titular de “cualquier clase de derecho real” sobre todos aquellos que estén en territorio catalán y se “subrogaría” los contratos de obras y servicios formalizados por el estado y que afectan a Catalunya.
Maza reúne a los fiscales
Por su lado, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado que este mismo lunes reunirá a la cúpula fiscal para empezar a analizar el borrador de la ley para la independencia de Catalunya y ha garantizado que, si se aprecia que atenta contra la ley, se presentará una querella.
Maza, en una entrevista en TVE, ha reconocido que es apresurado pronunciarse sobre una “filtración” como la publicada por el El País. Con todo, Maza ha dicho que el texto que se ha dado a conocer es “sorprendente y extraño al Estado de Derecho”, y ha avanzado que este mismo lunes reunirá con “celeridad” a los fiscales para comenzar a estudiar el texto.
