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Carles Campuzano, el convergente 'progre' resarcido por ERC

Carles Campuzano, en el Congreso en una imagen de 2019.

Neus Tomàs

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Cuando Convergència era Convergència, en los medios e incluso a veces dentro del partido se ironizaba con que Carles Campuzano (Barcelona, 1964) era el único dirigente de izquierdas. Era una exageración decir que era el único y también se podría debatir sobre si se puede ser nacionalista y a la vez de izquierdas. Lo que en todo caso no es discutible es que Campuzano encarnaba el alma más socialdemócrata de la formación fundada por Jordi Pujol. Era un sector que a menudo estorbaba a los más liberales hasta el punto de que estos frenaron sus opciones de ser conseller en uno de los gabinetes de Artur Mas. Ahora, sin carnet de ningún partido y con el bagaje acumulado como negociador y buen conocedor de las políticas sociales, lo será de la mano de ERC. 

Campuzano es lo que en Catalunya se conoce como un convergente de toda la vida, esa especie que ahora se refugia en el PDeCAT o pretende pasar desapercibida camuflado en otras siglas, desde los políticos que resisten aún en Junts a los votantes que discretamente elección tras elección han emigrado a ERC o el PSC. Con 25 años ya lideraba la JNC, las juventudes de Convergència. Su carrera política se explica a través de las dos décadas que estuvo en el Congreso de los Diputados.

Entre 1996 y 2019 intentó poner en práctica lo que define como un “soberanismo de centro pragmático”, que considera que es el que todavía le conviene a Catalunya. Es de la escuela que defiende que, igual que la Lliga exigía la autonomía, la ERC de los años 30 logró el Estatut y Convergència consiguió competencias, ahora los diputados en Madrid deben aprovechar su influencia en el Congreso y no renunciar a ella. En su haber como portavoz de CiU está haber negociado el fin de la mili en España. Sin la presión de los insumisos y los primeros movimientos de los objetores de conciencia, que protagonizaron un movimiento de desobediencia civil sin precedentes en España, no hubiese sido posible. Pero tampoco sin el acuerdo del Majestic entre CiU y el PP, cuando Joaquim Molins situó el compromiso de acabar con el servicio militar como una de las condiciones para investir a José María Aznar.

Menos progresista puede considerarse su apoyo a la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012 pese a que en discursos y en reuniones de la ejecutiva convergente criticó las políticas de austeridad por castigar a ámbitos como la sanidad y educación. En ese momento justificó el voto de los 16 diputados del grupo que lideraba Josep Antoni Duran Lleida porque sus aportaciones habían conseguido introducir lo que consideraban mejoras respecto al texto inicial. Uno de los argumentos que esgrimió para defender la posición de los nacionalistas catalanes fue que los fondos destinados a las políticas activas de ocupación se gestionarían libremente por las comunidades autónomas. 

En 2019, ante la disyuntiva de investir a Pedro Sánchez o propiciar unas nuevas elecciones, Campuzano tuvo claro que había que facilitar el camino del líder socialista. “Hay que abordar, pues, el momento político desde la convicción de que investir a Sánchez es la mejor opción para el independentismo que tiene en la cabeza una idea de país para todos; una idea de país que debe pivotar sobre la convicción de que la salida al conflicto solo puede ser democrática y que debe tener la ambición de satisfacer a la inmensa mayoría del país sin que nadie tenga que renunciar a ninguno de sus ideales y objetivos”, defendió entonces en un artículo en ‘El Periódico’. Era y es un independentista convencido que desdeña el ‘cuanto peor mejor’ que algunos sectores del secesionismo prefieren para mantener viva una mayor confrontación con el Estado. De ahí que considerase que era mejor intentar negociar con Pedro Sánchez que volver a ir a las rocas con otro Gobierno del PP. 

Ese mismo año publicó ‘Reimaginem la independencia. Un projecte vàlid per a tothom’ (Catarata), en el que alertaba de que la retórica que él tilda de inflamada solo conduce a la frustración. Insistía también en la necesidad de evitar que Catalunya acabase dividida en dos comunidades por culpa del procés.

A los que ahora desde sectores duros, algunos excompañeros suyos, le reprochan que haya entrado en el Govern de Pere Aragonès, les recuerda que él iba con la estelada cuando el independentismo era un movimiento casi residual. Es el argumento que esgrimen también algunos dirigentes republicanos para replicar a los que desde Junts o la ANC reparten carnets de buenos y malos. 

En 2020 se dio de baja del PDeCAT por sus diferencias con la estrategia de Carles Puigdemont y se centró en la dirección de Dincat, una entidad que agrupa a unas 300 fundaciones, asociaciones y cooperativas que trabajan con personas con discapacidad intelectual y ayuda también a sus familias. Durante su etapa al frente de esta organización se ha quejado de la falta de recursos para el tercer sector y de las trabas administrativas que hay que superar para cualquier trámite. A partir de esta semana, desde el otro lado de la mesa, como conseller de Derechos Sociales tiene el reto de resolver todo aquello que hasta hace una semana él mismo denunciaba que no funciona.

Estos días ha hablado con algunos de sus antiguos compañeros de partido. Algunos, como Josep Rull, son amigos desde la etapa de las juventudes de Convergència (Campuzano le dio el relevo al frente de la JNC). También ha conversado con Xavier Trias, el exalcalde de Barcelona que se ha dado unos días para aclarar si finalmente se presenta a las municipales. Y tras intercambiarse mensajes habló con Artur Mas. Quien no le ha llamado, según confirmó este jueves en una entrevista en RAC1, es Carles Puigdemont. No parece tampoco que esperase que lo hiciera.

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