Ciudadanos no ha presentado la querella anunciada contra Torrent y la de Vox aún no ha sido admitida
Denuncias y querellas se han convertido en un arma más de la política catalana, sumergida desde hace un año en los procesos penales, las reuniones en prisión y pendiente de cada paso de los tribunales. Pese a eso y a las continuas apelaciones tanto de denunciantes como de denunciados, ni el presidente del Parlament, Roger Torrent, ni ningún otro miembro de la actual Mesa han recibido la notificación de ninguna querella o denuncia contra ellos. Y eso cuando se han anunciado al menos tres, más una ampliación, por parte de Ciudadanos y Vox.
“Usted es tan supremacista”, se dirigió Inés Arrimadas a Quim Torra, “que las querellas que ustedes presentan les parecen bien y las que presentamos los demás no. Pues sí, vamos a presentar una querella”. Así anunció la líder de la oposición el pasado 2 de octubre desde el atril su intención de presentar un escrito penal contra los miembros de la Mesa del Parlament, por haber permitido la votación que rechazaba la suspensión de los diputados dictada por el juez Llarena.
15 días después, esa querella no se ha interpuesto, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Fuentes de la formación indican que tienen la iniciativa paralizada “a la espera del momento adecuado” para interponerla. “Se está estudiando el desenlace del pleno de la semana pasada y también valorando las decisiones de hoy mismo respecto al cómputo de las votaciones en las comisiones”, indican desde el partido de la oposición.
Por tanto, la única acción penal que los de Arrimadas han llevado a cabo fue una denuncia ante la Fiscalía, que anunció el pasado 13 agosto contra la Mesa, por haber admitido a trámite una moción de la CUP que pretendía someter al voto del pleno resoluciones independentistas de la legislatura pasada. A diferencia de una querella, una denuncia permite que el denunciante no sea parte de un eventual procedimiento judicial. Ciudadanos ni siquiera tiene constancia de que esa denuncia haya llegado a alguna parte.
Otra iniciativa que también llegó a registrarse, esta vez sí en forma de querella ante el TSJC, fue la que interpuso el partido ultraderechista Vox en mayo, de nuevo contra los miembros independentistas de la Mesa. En el caso de Vox, lo que consideraron digno de persecución penal fue el debate sobre la modificación de la ley de la presidencia de la Generalitat. La querella, que inicialmente reclamaba la detención “con carácter urgente” de Torrent, fue ampliada este octubre, para introducir nuevos argumentos, como la votación de la resolución sobre las suspensiones de diputados.
Sin embargo, cinco meses después, el partido está aún a la espera de que la Fiscalía emita el informe preceptivo sobre su escrito, previo a que el tribunal se pronuncie sobre si la admite o no a trámite. Desde el partido ultraderechista explican que, pese a que el plazo ha sido largo, no pierden la esperanza en que aún pueda acabarse admitiendo. La Fiscalía, por su parte, aún no ha pronunciado palabra esta legislatura sobre los miembros de la Mesa, ni por iniciativa propia ni sobre la querella de Vox.
El resultado de todos estos episodios es que, hoy por hoy, sobre el presidente y la Mesa del Parlament no pende ninguna investigación judicial en curso, razón por la que fuentes de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC confirman a este diario que no han recibido ninguna notificación. Pese a eso, Torrent había asegurado en los últimos días que él tiene “tres querellas puestas”, tal y como repitió la semana pasada en los micrófonos de Catalunya Ràdio.
De hecho, pese a que la actividad judicial es intensa en lo relativo a los políticos independentistas que participaron en los hechos de octubre pasado, ahora los tribunales están haciendo más bien poco caso a los nuevos miembros del Parlament y el Govern. A diferencia de la legislatura pasada, cuando los llamados “apercibimientos” del Constitucional llegaron a amontonarse en los buzones del Parlament, la actual Mesa solo tiene una advertencia penal del Alto Tribunal, referida a la prohibición expresa de investir a Carles Puigdemont.
