Forcadell, ante la jueza: “¿Si en la calle se puede hablar de la independencia, por qué no en el Parlament?”
“¿Si en la calle se puede hablar de la independencia, por qué no en el Parlament?”. Esta es la pregunta que ha realizado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en su declaración como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y que sirve para resumir su línea de defensa: que en todo momento actuó políticamente, sin desobedecer jurídicamente al Constitucional.
Forcadell, investigada por el TSJC por un presunto delito de desobediencia por permitir votar la hoja de ruta independentista el pasado mes de julio, ha llegado a declarar acompañada por decenas de cargos electos y arropada por centenares de ciudadanos. Una vez en el Palacio de Justicia, ha subido a la sala junto a su marido y a su abogado. La presidenta del Parlament sólo ha contestado a las preguntas de su defensa. No ha respondido a la jueza instructora Maria Eugènia Alegret ni a los fiscales Franciso Bañeres y José María Romero de Tejada. La declaración ha durado poco más de media hora.
El origen y objeto de la causa es determinar si Forcadell desobedeció al Constitucional cuando no impidió que el pleno del 27 de julio pasado incluyera en su orden del día y votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a una vía unilateral a la independencia.
El escrito de los letrados del Parlament advirtiendo de las consecuencias de no cumplir con el Constitucional se ha convertido en el principal obstáculo de la defensa de Forcadell. Los juristas, los primeros en declarar como testigos en la causa, recordaron mediante un informe que la obligación de los parlamentarios de cumplir con las sentencias del TC sí afectaba a nuevas resoluciones del Parlament reiterativas de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 declarada inconstitucional. “Especialmente –remarcaron los letrados– aquellas que puedan insistir en concretar el proyecto de crear un Estado al margen de la reforma constitucional”.
Fuentes judiciales han explicado que Forcadell ha intentado contrarrestar el informe de los letrados con las alegaciones que el Parlament hizo a la sentencia y a la advertencia del Constitucional, de febrero y septiembre de 2016 respectivamente, que avalarían la actuación por la que está investigada. En este sentido, las mismas fuentes apuntan a que la advertencia del Constitucional se refiere a reproducir partes de la declaración independentista del 9 de noviembre, y que las conclusiones sobre el proceso constituyente no lo hacen. De ahí la pregunta que la presidenta ha trasladado a la jueza y a los fiscales: “¿Si en la calle se puede hablar de la independencia, por qué no en el Parlament?”.
Asimismo, las mismas fuentes han explicado que Forcadell ha alegado que el Constitucional no anuló la comisión del proceso constituyente. También ha reconocido que las conclusiones no tienen ningún valor jurídico. Esto es, que sólo expresan una voluntad política de la Cámara.
Forcadell pide protejer su inviolabilidad
En otro tramo de la declaración de Forcadell, la presidenta del Parlament ha pedido a la jueza y a los fiscales que, como Poder Judicial, protejan su inviolabilidad como parlamentaria. Lo ha contrastado, según fuentes judiciales, con el hecho de citarla como investigada este viernes por permitir un debate de ideas en el Parlament al votarse las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La libertad de expresión y la inviolabilidad de los diputados han sido los puntales de la declaración de Forcadell.
En este sentido, ha recordado a los togados que como presidenta del Parlament tiene la obligación de proteger la inviolabilidad de los diputados, y ha enlazado esta responsabilidad con el hecho de permitir que se votaran las conclusiones del proceso constituyente –el hecho por el que está investigada. El 27 de julio no fue la Mesa del Parlament la que incluyo en el orden del día la votación, sino que lo solicitaron una vez empezado el pleno los portavoces de Junts pel Sí y la CUP, tal y como permite el reglamento.
Por contra, la Fiscalía considera que al atender esta petición Forcadell desobedeció al Constitucional. Forcadell ha rechazado que su actuación en el pleno supusiera un conflicto de legalidad y lo ha considerado un “acto político”. Asimismo, ha considerado que el poder ejecutivo –en referencia a la Fiscalía– no puede usar al judicial –el TSJC– para “solucionar un problema legislativo”.
