El Govern descarta renunciar a la consulta a cambio de una mejor financiación: “Estamos en otra fase”
El PP está convencido de que puede desactivar la cuestión soberanista con una oferta de financiación para Cataluña. Es la carta que el Gobierno de Rajoy se ha guardado en la manga desde el comienzo del proceso, basándose en la premisa de que todo el problema catalán es un asunto de índole puramente económica. El partido de Gobierno se plantea ahora utilizar el comodín de la financiación para suavizar el debate sobre la consulta, que llegará al Congreso el día 8 de abril, y entrar en una negociación con la Generalitat que pueda frenar el proceso, o al menos sacarlo del foco.
Desde el Govern, sin embargo, descartan de pleno que una eventual negociación sobre financiación les vaya a hacer cambiar de posición. “La consulta no es canjeable por nada. Se hará sea cual sea la propuesta del Gobierno”, ha concluído el conseller de Presidencia, Francesc Homs, tras apuntar que “la democracia no se cambia por cuatro cuartos”, en declaraciones a RAC1. El conseller portavoz ha asegurado que, por el momento, la Generalitat no tiene constancia de ninguna nueva propuesta del Gobierno en materia de financiación. “La determinación del Govern y Parlament es dar la voz al pueblo catalán. Estamos en otra fase”, ha zanjado.
También el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, se ha reafirmado en que el debate sobre financiación, pese a ser importante, no es suficiente. El propio Duran, abanderado de una solución negociada con el Estado -la llamada “tercera vía”-, ha sustanciado la postura de CiU en su cuenta de twitter: “La cuestión catalana no pasa solo por el dinero. Cualquier propuesta política del Estado debe ir más allá”.
El portavoz adjunto del grupo parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, demandó el jueves en sede parlamentaria un tratamiento fiscal para Cataluña semejante al del cupo vasco-navarro, lo que hizo pensar en un giro en las posiciones de la coalición nacionalista, que había dejado atrás la petición del pacto fiscal al comienzo del proceso soberanista. Pese a esto, fuentes de CiU restan importancia a las palabras de Llibre, negando que haya un cambio de parecer y recordando que el diputado se refirió al pacto fiscal en el marco de un debate sobre la financión foral de los territorios vascos.
Por su parte ICV, formación que CiU tiene como socia para la celebración de la consulta, también se ha reafirmado en la posición que vienen manteniendo. El candidato ecosocialista para las elecciones europeas, Ernest Urtasun, se ha negado al “cambio de cromos” asegurando que una nueva propuesta de financiación autonómica “no puede ser un sustitutivo del conflicto” entre Cataluña y España.
Del pacto fiscal al derecho a decidir
La evolución de CiU sobre el derecho a decidir ha marcado los tiempos del proceso soberanista catalán. Cuando Artur Mas llegó a la Generalitat, CiU llevaba en su programa el derecho a decidir pero no el pacto fiscal, aunque finalmente la acción política recayó en la cuestión económica, dejando de lado, por el momento, el debate de la soberanía.
En aquella primera legislatura, el Govern presidido Mas intentó en varias ocasiones negociar con Rajoy un concierto económico, intentos que no obtuvieron respuesta por parte del Ejecutivo español. Constatada la imposibilidad de comenzar una negociación sobre la llave de la caja y manifestación de la Diada mediante, Mas convocó elecciones para comenzar el actual proceso soberanista.
El PP solo se movió una vez entrada la legislatura, definida como “de transición” en el pacto CiU-Esquerra. Primero fue la lider catalana Sánchez-Camacho quien propuso un modelo especial para Cataluña, singular pero dentro de los límites de la Ley de Financiación de las CCAA. Después fue el equipo económico del Gobierno quien prometió que en 2014 se reformaría el sistema de financiación autonómica, modificación en la que Cataluña podría salir beneficiada. El Ejecutivo de Rajoy confía en que una negociación sobre la mejora de la financiación vuelva a situar la cuestión económica en el centro del debate, rebajando así la tensión sobre el derecho a decidir.
