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Opinión - ¡Con los jueces hemos topado! Por Esther Palomera

La Guardia Civil entra en el Parlament por el 3% de Convergència

Agentes de la Guardia Civil a su salida de la sede del Parlament

Oriol Solé Altimira

Agentes de la Guardia Civil han acudido este jueves, por orden del juez, al Parlament de Catalunya, la conselleria de Justicia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para requerir información sobre el 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). También se han dirigido al Palau de la Generalitat, donde el conseller de Presidència, Jordi Turull, les ha negado la entrada pero les facilitará la documentación solicitada.

En concreto, han informado fuentes cercanas al caso, se han requerido agendas, libros de visitas y correos electrónicos del exconseller y exsecretario del Govern y actual diputado no adscrito, Germà Gordó, y en el CTTI se ha realizado un vaciado y copia de archivos y correos de la conselleria de Justicia (la que ocupó Gordó).

Las solicitudes de información las ha ordenado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Carlos Ramos, en el marco de una pieza separada del 3% que instruye sobre Germà Gordó que está declarada secreta. Ramos ha citado a declarar como imputado el próximo lunes a Gordó, mano derecha de Artur Mas en la Generalitat y en el partido y que según la Fiscalía Anticorrupción era el “conseguidor” del 3%.

De la conselleria de Justicia los agentes solo se han llevado una copia de los actos públicos y protocolarios de los años en que Gordó fue conseller (2012–2016). Según han precisado fuentes de Justicia, no se ha entregado el registro de visitas de la etapa de Gordó ni su agenda, como requería el TSJC. El motivo es que esos archivos no constan en la conselleria. El registro de visitas se empezó a elaborar con la llegada de Carles Mundó (ERC) a la conselleria.

En el marco de los requerimientos, cinco agentes de paisano de la Guardia Civil también han acudido al Palau de la Generalitat pero, según fuentes gubernamentales, “no se les ha permitido entrar por orden del conseller de Presidència”, Jordi Turull.

Con todo, las mismas fuentes han indicado que la Generalitat facilitará la información solicitada por el magistrado Carlos Ramos y los agentes: el libro de visitas y la relación de apoyo administrativo que Gordó tenía en su etapa de secretario del Govern

En el caso del Parlament, una decena de agentes, acompañados por uno de los dos fiscales del 3%, José Grinda, han acudido sobre las 11.00 horas al departamento de infraestructuras y seguridad y han pedido acceder al correo electrónico corporativo de Gordó. Se han ido del Parlament minutos después de las 12 del mediodía. Asimismo, según fuentes parlamentarias, se han dirigido al despacho de Gordó, actualmente diputado no adscrito, pero finalmente no han entrado en el mismo.

Después del Parlament, Grinda se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde ha entrado sobre las 12:30 horas y ha salido una hora después, sin evitar las cámaras antes de subirse a un coche.

Objetivo: la agenda perdida de Gordó

Uno de los objetivos de los requerimientos a las distintas sedes institucionales catalanas es reconstruir la agenda de Gordó cuando fue secretario del Govern entre 2010 y 2012. Y es que, pese a las peticiones reiteradas del juez de El Vendrell que llevaba el caso y solicitó al TSJC que imputara a Gordó, la secretaría del Govern contestó al juzgado que la agenda se ha perdido.

“No ha sido posible recabar la información de dicha agenda que conste en formato electrónico, al desconocerse cuál era el buzón de correo en el que era llevada y al haberse eliminado el buzón del servidor departamental debido a una migración de datos”, respondió la Generalitat a la petición del juzgado.

La agenda de Gordó y los libros de visitas de la conselleria y la secretaría del Govern podrían contrastar las declaraciones de varios empresarios investigados, que  admitieron que utilizaban en sus comunicaciones nombres claves como “Gerardo” o “Gregorio” para referirse a Gordó. “¿Me llamaban Gregorio? No lo sé. Yo acostumbro a firmar como Germà Gordó, Gordó o Germà Gordó i Aubarell”, dijo Gordó en el Parlament.

Gordó: “Sin comentarios. Cielo despejado”

Gordó no ha dado explicaciones públicas ante la prensa pero ha escrito un enigmático mensaje en la red social Twitter. “Sin comentarios. Cielo despejado”, ha indicado, acompañando el tuit con una foto completamente de color azul.

Gordó, imputado y citado el lunes

El periodo sobre el que se investiga a Gordó va de los años 2011 a 2013, cuando fue secretario del Govern y conseller de Justicia, además de miembro del consejo de administración de la empresa adjudicataria de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat. Gordó ha sido citado ante el TSJC para declarar como imputado el próximo lunes.

Según el auto que acordó investigarle, Gordó habría “terciado directamente o indirectamente” ante las autoridades responsables de adjudicar las obras y, a cambio, los empresarios habrían donado dinero a CatDem y Fòrum Barcelona, las fundaciones de CDC.

Gordó mantiene su escaño en el Parlament como diputado no adscrito, que le da derecho al aforamiento y a ser investigado por el TSJC en vez de un juzgado ordinario. Su imputación provocó una tormenta política, que terminó con el PDECat forzando su marcha del partido y del grupo de JxSí.

Cinco contratos tienen a a Gordó bajo sospecha. Por ejemplo, el refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, y el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones. Según el auto, Gordó “negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones” con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.

En el caso de la constructora Pasquina, la donación fue de “al menos” 147.000 euros a cambio de un contrato de 2,1 millones en obras de mejora de la carretera C-55 y otro de 7,2 millones de trabajos de mejora de las carreteras de alrededor de Berga. Según el juez, Gordó también negoció importes, donaciones y fechas de entrega de los importes con el administrador único de la constructora, Félix Pasquina.

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