El TSJC admite la querella de VOX contra Puigdemont pero de momento no le investigará por sedición
VOX se une al frente judicial del referéndum. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido la querella del partido ultraderechista contra el president de la Generalitat, todos los consellers y la presidenta y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament.
Sin embargo, el alto tribunal ha rebajado considerablemente las expectativas de VOX y solo ha aceptado investigar, por ahora, los delitos por los que todo el Govern ya estaba imputado desde principios de septiembre: desobediencia, prevaricación y malversación, este último penado con hasta ocho años de cárcel.
Así, han quedado fuera de la investigación, de momento, los delitos más graves que VOX pedía imputar ya a los dirigentes independentistas: usurpación de funciones, conspiración para la rebelión y la sedición. En su auto, el TSJC advierte que se deberán investigar a fondo los hechos –la convocatoria del referéndum y la desobediencia abierta del Govern al Constitucional– antes de evaluar si se han cometido la totalidad de los delitos por los que VOX se querelló.
El alto tribunal catalán ha decidido acumular la querella de VOX a las dos causas que ya están abiertas en el TSJC por el referéndum, una contra el Govern y otra contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament. La Fiscalía se posicionó a favor de la admisión a trámite de la querella de VOX y de que se uniera a los dos procedimientos ya abiertos, detalla el auto.
Ahora queda en manos de las magistradas que pilotan las causas contra el Govern y Mesa del Parlament, Mercedes Armas y Maria Eugènia Alegret, la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por VOX, entre las que destaca la petición de prisión provisional para Carles Puigdemont. No hay un plazo para que las juezas decidan. En todo caso, esto será una vez VOX esté personada formalmente en la causa, algo que no ocurrirá hasta que pague la fianza que todavía deben decidir las magistradas.
Asimismo, el TSJC no ha aceptado la parte de la querella de VOX por la que se denunciaba a los miembros de la Sindicatura Electoral, el equivalente a la Junta Electoral del 1-O, ya que ninguno de ellos, al no ser diputados, tiene el derecho de aforamiento ante el alto tribunal catalán.
