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Guía del frente judicial del referéndum: tres causas penales, 23 imputados y 948 alcaldes apercibidos

El TSJC investiga a todo el Govern y a los soberanistas de la Mesa del Parlament y tiene que decidir si imputa a los dos líderes de los alcaldes independentistas

El Constitucional advirtió tras suspender la ley del referéndum a los 948 alcaldes catalanes y a 62 cargos de la Generalitat de su deber de impedir el 1-O

La Fiscalía empieza esta semana los interrogatorios a más de 700 alcaldes que quieren colaborar con el 1-O, en paralelo a las causas judiciales abiertas

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Lesmes expresa apoyo a los jueces de Cataluña ante la sala de gobierno del TSJC

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, junto al del TSJC, Jesús Maria Barrientos EFE

A la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament y a la convocatoria del 1-O por parte de la Generalitat le ha seguido una lluvia de querellas de la Fiscalía. ¿Qué políticos catalanes están imputados? ¿Qué delitos se investigan? ¿A qué se exponen los querellados si hay condena?

En esta guía repasamos las causas abiertas en los juzgados por el referéndum. Además, no hay que olvidar los apercibimientos del Tribunal Constitucional, que podrían derivar en más causas penales o suspensiones de cargos, ni tampoco las diligencias abiertas por la Fiscalía, que  han generado alarma en sectores de la política y la judicatura y críticas por no inhibirse en favor de los jueces que ya investigan el 1-O.

Caso 1-O

Es la principal investigación judicial del referéndum. Se abrió tras la compra fallida de urnas en julio y es la que previsiblemente llevará hasta el banquillo de los acusados a los más altos responsables catalanes.

Aunque su estado es incipiente, mantiene imputados desde hace una semana al president de la Generalitat, Carles Puigdemont; al vicepresident, Oriol Junqueras; y a los doce consellers del Govern por desobediencia, prevaricación y malversación, este último delito penado con hasta ocho años de cárcel. 

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas dirige la investigación. En una demostración de la independencia judicial, solo ha acordado dos de las seis medidas cautelares que planteó la Fiscalía en su querella, aunque las que ha adoptado traerán cola: la magistrada ha ordenado a los medios de comunicación que retiren toda publicidad del referéndum bajo advertencia de investigación penal a sus directores. También ha mandado cerrar la web de JxSí del referéndum y la página de la Generalitat para que los voluntarios se apunten al 1-O.

Como respuesta a la investigación, Puigdemont y el conseller de Presidència, Jordi Turull, recusaron este viernes a Armas y a los tres magistrados que admitieron a trámite la querella de la Fiscalía, entre ellos el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. El resto de consellers querellados podría sumarse a la recusación esta semana.

Caso Forcadell

Abierta desde hace un año, la causa ha acumulado las tres querellas de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por no impedir tres debates en el Parlament sobre el referéndum, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional (TC).

La última querella se presentó el pasado 8 de septiembre tras la aprobación de la ley del referéndum, y, al igual que con las medidas cautelares de la causa contra el Govern, el TSJC paró los pies a la Fiscalía y no imputó a Forcadell y al resto de miembros soberanistas de la Mesa del Parlament el delito de malversación que pedía el ministerio público.

En esta causa, la magistrada Maria Eugènia Alegret mantiene imputados por desobediencia y prevaricación, que contemplan de pena máxima uno y quince años de inhabilitación respectivamente, a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament: la presidenta, Carme Forcadell, el exvicepresidente Lluís Corominas, su sucesor Lluís Guinó, las secretarias Anna Simó y Ramona Barrufet (todos ellos de JxSí), y el secretario Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que es Pot.

¿Caso alcaldes?

Los signos de interrogación no son gratuitos.  La Fiscalía se querelló este jueves por colaborar con el 1-O contra los líderes de los alcaldes independentistas, la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, y su homólogo de Premià de Mar y de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ambos del PDECat.

Sin embargo, el viernes, tras más de dos horas de deliberación, el TSJC aplazó la decisión de admitir a trámite la querella hasta el lunes, algo inesperado dada la urgencia con la que el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, instó a pronunciarse al TSJC en su querella por desobediencia, prevaricación y malversación. La querella pide al TSJC que ordene a los alcaldes retirar carteles a favor de participar o del 'sí' el 1-O.

¿Caso Sindicatura Electoral?

También esta pendiente de ser aceptada por un juzgado de instrucción de Barcelona –no por el TSJC, ya que los denunciados no son aforados– la querella de la Fiscalía por desobediencia, usurpación de funciones y malversación contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum, el equivalente a la Junta Electoral Central.

Los querellados son el presidente y los vocales de la Sindicatura, Jordi Matas, Marta Alsina, Josep Pagès, Tània Verge, y Marc Marsal. Pese a la querella y la advertencia del TC de que impondría multas o suspendería a sus miembros, el viernes la Sindicatura acordó las organizaciones que han presentado suficientes firmas para conseguir espacios de propaganda para el 1-O (las más importantes, Òmnium y la ANC).

La causa secreta del juzgado 13

El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Suñer,  lleva meses investigando bajo secreto de sumario los preparativos del referéndum a raíz de dos denuncias, una de VOX y la otra del abogado Miguel Durán, contra el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal por las revelaciones de sus polémicas conferencias.

En esas conferencias, que acabaron precipitando su dimisión como senador, Vidal explicó que el gobierno catalán disponía de una partida secreta para llevar a cabo el referéndum, lo que dio pie al juez a investigar el posible uso de fondos públicos en la preparación de la consulta.

En esta causa están imputados el propio Vidal, el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, y el asesor de la Generalitat y exmagistrado del Constitucional, Carles Viver Pi–Sunyer, aunque el juez no los ha citado todavía a declarar. Por orden del juez, la Guardia Civil ha interrogado en los últimos meses a cargos del Govern y funcionarios.

En la última semana, Ramírez Súñer ha ordenado  el cierre de la web del referéndum de la Generalitat, que Puigdemont replicó en pocos minutos, y ha mandado a las operadoras de telefonía que bloqueen webs relacionadas con el referéndum.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que el juez debería dejar la causa y pasarla al TSJC al investigar los mismos hechos (el referéndum), aunque matizan que esta afirmación solo se podrá sostener con total seguridad una vez se levante el secreto de sumario.

Advertencias del Constitucional

Si bien no es una causa penal, el Tribunal Constitucional, tras suspender la ley del referéndum, apercibió a 62 cargos de la Generalitat, entre ellos el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dos comisarios y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, así como a los 948 alcaldes de la Catalunya, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.

Si no acatan al Constitucional, todos ellos se exponen a que el tribunal despliegue las medidas para hacer cumplir sus resoluciones, entre ellas la imposición de multas o la suspensión de funciones de los apercibidos, o bien a recibir una querella de la Fiscalía por desobediencia al TC. De hecho, el Constitucional ha adoptado el paso previo a alguna de estas tres opciones con los miembros de la Sindicatura Electoral, a los que ha preguntado si le están desobedeciendo.

Las diligencias paralelas de la Fiscalía

Por otro lado, las fiscalías catalanas, por orden del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, han abierto diligencias de investigación sobre el referéndum, y han ordenado a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional requisar urnas, sobres y cualquier material del 1-O, tal y como reveló eldiario.es.

Cumpliendo la orden de la Fiscalía, este viernes la Guardia Civil requisó 100.000 carteles de propaganda del referéndum en Barcelona. Las policías locales también retiraron carteles de propaganda en algunos municipios, y en Alcanar, la Guardia Civil identificó a tres miembros de la CUP que colgaban carteles a favor del 1-O. Por otro lado, l a Fiscalía investiga por posible desobediencia el mitin independentista de este jueves en Tarragona.

Además, en paralelo a las causas judiciales, la Fiscalía ha empezado a citar para interrogar a más de 700 alcaldes que quieren colaborar con el 1-O, bajo amenaza de que los Mossos les detengan si no acuden voluntariamente. El primer interrogado será el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona (PDECat), este martes a las 12h. en la Fiscalía Superior de Catalunya y no en la de Lleida, dada su condición de aforado por ser diputado en el Parlament.

Le seguirán, el miércoles , el alcalde de Cervera, Ramon Royes (PDECat), en su caso en la Fiscalía de Lleida. El jueves será el turno de los interrogatorios a los alcaldes de Reus y Amposta, Carles Pellicer (PDECat) y Adam Tomàs (ERC), ante el fiscal jefe de Tarragona. Y para el próximo lunes, han sido citados los ediles de Deltebre y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).

Esta última orden de la Fiscalía a los alcaldes ha generado alarma entre sectores políticos y de la judicatura y ha recibido críticas por cursarse en paralelo a la investigación judicial. "Es una instrucción que no tiene precedentes en nuestro país", aseguró en una entrevista con este diario el magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.

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