El Parlament debate la Ley de Consultas, el último intento de acomodar el 9N a legalidad
Cuenta atrás para el desenlace legal del proceso soberanista catalán. El Parlament de Catalunya aprobará este viernes la Ley de Consultas con los votos favorables de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP, en una jornada marcada por el triumfo del no en Escocia. Entre las formaciones que sacarán adelante la ley suman cerca del 80% de la cámara. Este será el último intento por celebrar la consulta del 9-N de acuerdo a la legalidad, después de que el Congreso de los Diputados rechazara por amplia mayoría traspasar a Catalunya la competencia para celebrar consultas.
Después de la aprobación de la ley, ésta deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Generalitat para que entre en vigor, un proceso que podría dilatarse hasta 15 días. Según lo previsto, Artur Mas firmará el decreto de convocatoria del 9-N inmediatamente después de la publicación de la norma, a la espera de que el Constitucional paralice ambas cosas, puesto que el Gobierno español ya ha anunciado que la recurrirá ante el Alto Tribunal tanto el decreto como la ley que lo ampara. En este sentido, sin embargo, el coordinador de CDC Josep Rull ya ha adelantado que hoy no se firmará el decreto.
Hasta aquí llega la hoja de ruta del proceso soberanista trazada en diciembre del año pasado, cuando CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP se pusieron de acuerdo en una pregunta y una fecha para celebrar una consulta a la que siempre acompañó el epíteto de “legal”. Después del predecible veto del Constitucional, el Parlament catalán se quedaría sin opciones para realizar la consulta dentro de los márgenes de la Constitución española. Lo que nunca ha estado claro es si los partidos del acuerdo de diciembre apuestan por una legalidad emanada de las instituciones españolas o si entienden que la aprobación de la ley por parte del Parlament es suficiente respaldo legal, lo que en las últimas semanas ha suscitado la división al reclamar varios de ellos la desobediencia ante un bloqueo del Estado.
En este sentido, varios partidos quisieron aportar luz sobre el futuro del proceso con las propuestas presentadas el miércoles en la última jornada del debate de política general. La CUP hizo una propuesta mediante la cual reclamaba al Govern celebrar la consulta pese al veto del Constitucional, entendiendo la desobediencia como un “instrumento válido y legítimo en los procesos de autodeterminación”, texto que finalmente fue rechazado. La propuesta que sí prosperó con los votos de todos los partidos del pacto por la consulta, además de tres críticos del PSC, fue la que instaba a Mas a convocar la consulta el 9 de noviembre para que pudiera celebrarse “de acuerdo con los marcos legales” y a consultar al Parlament “cuando las circunstancias del proceso lo requieran”. Con esta resolución los partidos avalaron las intenciones declaradas de Mas, que había anunciado que convocaría la consulta con amparo en la ley aprobada en el Parlament, antes de que el Constitucional la suspenda, y se había comprometido a volver a reunir a los partidos que dan apoyo al proceso si esta vía fallaba.
Una ley ad hoc para la consulta del 9-N
El texto que se aprobará este viernes en el Parlament está diseñado para dar cobertura legal a la consulta soberanista, desplegando el artículo 122 del Estatut, que prevé la competencia exclusiva de la Generalitat para legislar sobre consultas populares. En él borrador del texto, que será sometido a 95 enmiendas presentadas por los grupos, se estipula un plazo mínimo de un mes y máximo de dos desde la convocatoria hasta la fecha en la que se celebre la consultas. Pero, además de para la soberanista, la ley da cobertura a otras consultas populares, que podrán ser promovidas por los ayuntamientos, los consejos comarcales o la ciudadanía si se aportan 50.000 firmas.
El texto legal respalda la celebración de cualquier consulta no plebiscitaria, excluyendo aquellas que puedan restringir derechos y libertades previstos en la Constitución y el Estatut, además de en materia tributaria. También contempla la creación de un censo con el que llevar a cabo estas consultas, que serán siempre no vinculantes. El PSC anunció su apoyo a la ley por entender que se trataba de un “mecanismo de participación democrática”, aunque no consideran que pueda dar cobertura a una consulta como la que el Govern quiere convocar el 9 de noviembre, que pregunta sobre un asunto, aducen, sobre el que la Generalitat no tiene competencias.
El Consell de Garanties Estatutàries, órgano consultivo de la Generalitat, aseguró por mayoría que el proyecto de ley era compatible con la Constitución y el Estatut, aunque cuatro de sus nueve miembros emitieron votos particulares al no estar de acuerdo con la decisión. El dictamen aprobado entendía que el articulado no entraba en colisión con la interpretación de la soberanía nacional española recogida en la Constitución, y apuntaba que el sistema constitucional español no prohíbe que la Generalitat pueda consultar a la ciudadanía sobre cuestiones de su interés.
Encaje legal o desobediencia
Las opciones del Ejecutivo de Mas después de que el Constitucional paralice la norma se resumen en acatar el veto y renunciar al 9-N o desobedecer al Alto Tribunal y sacar las urnas de todas maneras. El president anunció el lunes que, de no poderse celebrar la consulta “con plenas garantías democráticas, terminaría la legislatura y convocaría elecciones anticipadas. No aclaró, sin embargo, sus intenciones ante el veto del Estado.
Oriol Junqueras, líder de ERC y pilar sobre el que se ha apoyado el Govern de CiU esta última legislatura, se ha mostrado partidario de la desobediencia civil en el caso de una esperable prohibición de la consulta, lo que ha valido las críticas de Duran i Lleida, líder de Unió, al considerar que rompía la unidad de acción de los soberanistas. “Sabíais que el Estado no os aplaudiría cuando fueráis a votar. Sabíais que el TC no os lo regalaría. Si lo sabíais, tenéis que ser consecuentes con lo que votásteis y firmásteis”, inquirió con dureza Junqueras al Govern de Mas, palabras que mostraron por primera vez en el proceso soberanista una divergencia de opiniones entre los socios.
El líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, tampoco descartó la desobediencia al Constitucional, pero considero que es necesario pensar “cómo hacer una consulta que tenga reconocimiento y recorrido al día siguiente”. Herrera, que considera la consulta “insustituible”, se puso del lado de Mas al reclamar que esta tenga “garantías democráticas”, y exigió “firmeza al defenderla y responsabilidad para no quemarla”. La CUP ha mostrado en diversas ocasiones su apuesta por hacer la consulta “sí o sí”. “De lo contrario”, aseguró contundente Quim Arrufat, “esta legislatura sería el mayor fraude democrático de la historia”.
