Los Mossos informan pero por el momento no multan a ciudadanos que se saltan el confinamiento

Los agentes de los Mossos d'Esquadra y de las policías locales están controlando las principales vías públicas catalanas en este primer día bajo el estado de alarma por la crisis del coronavirus. La policía autonómica está impidiendo el paso y echando a personas que se están saltando el confinamiento sin motivos de fuerza mayor, aunque aún no han impuesto ninguna multa.

La labor de la policía, por el momento, es sobre todo informativa. En la madrugada de este sábado los agentes han cerrado 238 locales, entre bares, discotecas y restaurantes, que no habían hecho caso de las restricciones impuestas por el Gobierno y se mantenían abiertos y con clientela. Según fuentes policiales, no ha hecho falta imponer sanciones porque todos ellos han accedido a bajar la persiana tras requerírselo los agentes, por lo que solo se han levantado siete actas administrativas.

Por lo que respecta a los viandantes, los puntos calientes en Barcelona han sido las playas, el entorno de los parques y las zonas de paseo o donde la gente acostumbra a hacer actividades deportivas, como la Carretera de las Aguas, en el entorno de la Collserola. Los Mossos también han parado a viandantes por la calle, informándoles de que hay restricciones a la movilidad y pidiéndoles que volvieran a casa, aunque de momento no han impuesto sanciones.

También este sábado por la tarde la policía hizo filtros en los principales puntos de llegada de viajeros, sobre todo en el AVE. Los controles de los Mossos fueron méramente informativos y solo a las personas que tenían dudas sanitarias o aseguraban tener síntomas las derivaron hacia los servicios de atención médica.

Según ha informado el Ministerio, que ha tomado el control político de los Mossos y las policías locales, las Fuerzas de Seguridad utilizarán el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar los delitos e infracciones administrativas en los que pueden incurrir aquellos ciudadanos que no respeten el estado de alarma. Los delitos de resistencia a la autoridad pueden castigarse con hasta cuatro años de prisión, mientras que la Ley de Seguridad Ciudadana contempla una sanción por falta grave de entre 601 y 30.000 euros.