El juez investiga si el PSC se lucró con el caso Inipro

El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, Joaquín Elías, ha citado a personarse como partícipe a título lucrativo al PSC en el caso Inipro, que investiga presuntas irregularidades de los consistorios socialistas de Tarragona, Viladecans y Palau-Solità i Plegamans en la contratación de esta empresa, vinculada al partido. El juez investiga los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas cuando en estos tres consistorios gobernaba el PSC. Entre los investigados está el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.

El juez ha delimitado la responsabilidad del partido, en este momento, hasta el importe de la cantidad desembolsada para sufragar contratos a Inipro, cantidad que asciende a 337.168,97 euros. En el auto, el juez explica que las “sospechas de criminalidad” se centran, entre otros hechos, en “la ausencia de necesidad del servicio contratado, el vínculo entre la empresa Inipro y el PSC, la opción por un proceso negociado sin publicidad en el que se vetara toda posibilidad de libre competencia”.

La novedad del caso, sin embargo, es que el juez ya no sospecha de los ayuntamientos sino, directamente, del PSC. “En definitiva era la escenificación de todo un proceso simulado de contratación pública exclusivamente encaminado a la colocación de una serie de personas para realizar trabajos en beneficio del Partido Socialista de Catalunta (PSC) a costa del erario público”, reza el auto.

Además, el magistrado ha vuelto a citar como investigados a la portavoz del gobierno de Tarragona, Begoña Floria, y al exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado, que fue detenido el pasado mes de mayo en una operación ordenada por el juzgado y llevada a cabo por la Guardia Civil.

La pieza separada número 1 del caso Inipro trata de investigar hasta dónde se extiende el asunto ya que, si bien la causa principal ya no estaba bajo secreto de sumario, sí continuaba estándolo la pieza separada, que se abrió a raíz de un disco duro aportado ante la Guardia Civil por una persona que en su día declaró ante el magistrado como testigo.

El contenido de este disco duro, que se sospecha pertenecería al exgerente del Instituto Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona, Antonio Muñoz, podría implicar a Cuadrado en la contratación de Inipro por parte del IMSS.

El juez cree que los trabajos de Tarragona con Inipro se prorrogaron dos años de forma irregular porque no se convocó ningún concurso ni procedimiento negociado, y por la documentación requisada en varios registros se investiga también a los ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans.

La relación con el PSC de Inipro y sus satélites –las sociedades Itinere, Gis Grup y Educare SXXI– empieza en la dirección de dichas empresas. Ricard Campàs, otro de los detenidos en mayo, es el administrador de Inipro y también es militante del PSC. De hecho, concurrió en las listas de los socialistas por Lleida en las elecciones al Parlament de 1988.