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CATALUNYA

Así han evolucionado las 23 propuestas de Mas que Sánchez quiere estudiar para su Gobierno

El candidato del PSOE a la presidencia ha asegurado estar dispuesto a cumplir "muchas" de las 23 reclamaciones hechas por Artur Mas a Mariano Rajoy en verano de 2014

En su momento el paquete completo de reclamaciones ascendía a 7.500 millones, una cifra que hoy podría aumentar ya que en la mayoría de ámbitos la situación se ha agravado

Analizamos el estado actual de aquellas reclamaciones, hasta qué punto son asumibles por Sánchez y cómo es la compatibilidad entre estas y su pacto con Ciudadanos

Mas y Sánchez en la visita que el líder del PSOE realizó a Barcelona en septiembre de 2014

Mas y Sánchez en la visita que el líder del PSOE realizó a Barcelona en septiembre de 2014 EFE (Archivo)

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta este viernes a su segunda votación de investidura, a la que acude con igual pronóstico que el martes pasado. En la primera sesión, Sánchez acudió apoyado por el pacto de gobierno firmado con Ciudadanos, que le permite disponer de 130 votos, lejos de la mayoría que necesita. Para buscar apoyos más allá de este número, Sánchez hizo algunas ofertas, entre ellas estudiar las 23 reclamaciones para Catalunya que Artur Mas esgrimió ante Mariano Rajoy en verano de 2014.

No era la primera vez que el líder del PSOE se refería a este documento. En semanas anteriores Sánchez había asegurado que podría aceptar "muchos" de aquellos puntos y que, de todas formas, el documento no podía quedarse en un cajón, aceptando así la legitimidad de algunas de aquellas demandas.

Repasamos el actual estado de aquellas reclamaciones de 2014, qué debería hacer Sánchez para cumplirlas y cuál es su compatibilidad con el documento de pacto firmado con Ciudadanos.

Tres vías para aliviar el déficit de la Generalitat

El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos incluye renegociar el objetivo de déficit español situándolo por debajo del 3% en 2017. Cómo distribuirlo es otra discusión. Las comunidades autónomas han sido las principales perjudicadas del reparto del déficit impuesto la pasada legislatura por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Precisamente el déficit y las finanzas públicas ocupaban el primer apartado de propuestas del expresident.

Mas propuso a Rajoy tres vías para aliviar el déficit. En primer lugar, revisar los objetivos de 2015 del 0,7% al 1,7% del PIB (se da por descontado que Catalunya habrá cerrado el ejercicio de 2015 con un desfase cercano al 3%) y poder endeudarse. También solicitó aumentar en 500 millones los ingresos propios vía tasas y operaciones o un incremento adicional de los ingresos transferidos del Gobierno central a la Generalitat por valor de 2.000 millones. Montoro se negó ni siquiera a considerarlo.

Es más, los tribunales tumbaron el pasado julio parte de la última vía. La Audiencia Nacional negó los 759 millones que Mas reclamaba correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatut (con los que se contaban para cuadrar las cuentas de 2015). Según la Audiencia, la deuda requerida por la Generalitat "no existe" porque no se acordó en la comisión mixta competente. La Generalitat venía pidiendo su cobro desde 2008 al ser una disposición incluida en el Estatut, pero el Estado nunca abonó esa cantidad, y en abril de 2014 confirmó esa negativa.

Dentro de los 2.000 millones extra requeridos por Mas a Rajoy también figuraban una compensación de 500 millones por la supresión por parte del Constitucional de la tasa que la Generalitat puso los depósitos bancarios (a lo que Montoro siempre se negó), así como la modificación por parte del ministerio de Hacienda de los ingresos transferidos en concepto de liquidaciones y anticipos a las comunidades. 

Para 2016 el déficit fijado para las comunidades autónomas es del 0,3%. Varias autonomías, incluida Catalunya, ya han avisado que o hay más ingresos por parte del Estado (las comunidades tienen una capacidad tributaria muy limitada) o el déficit se volverá a incumplir.

Déficit histórico en infraestructuras

La Generalitat acusa al Gobierno central de haber realizado entre 2009 y 2014 un ajuste presupuestario en infraestructuras en Catalunya muy superior al resto de CCAA; de un 71% en Catalunya mientras que la media del recorte en el resto fue del 53%, según datos de la Cámara de Comercio de Barcelona. Respecto a aquellos datos, de 2014, la situación de las inversiones de Fomento en Catalunya ha mejorado en términos totales por el aumento general, pero ha seguido empeorando en comparación con otras comunidades.

Así, la inversión territorializada para Catalunya para este año supone un 10,7% del total estatal, lejos de lo que la comunidad aporta en PIB (19%) y población (16%). El pacto firmado entre el PSOE y Ciudadanos pasa de puntillas sobre esta cuestión, que circunscribe a la decisión del Senado. Según la reforma que quieren implantar, sería la Cámara Alta la que tendría competencia para aprobar Planes Estatales de infraestructuras.

Una de las peticiones de Mas que Sánchez encontrará cumplida de acceder a la Moncloa será la línea de ferrocarril lanzadera para unir las estaciones de Sants y Passeig de Gràcia con la Terminal 1 del aeropuerto del Prat, obras que comenzaron en junio pasado. En ellas se prevé que el grueso del coste sea asumido por Fomento, hasta los 268 millones de euros, mientras que una parte de la infraestructura, así como la explotación del servicio, saldrán a concurso. Es una de las infraestructuras reclamadas en el documento de Mas que más avanzadas están, aunque ha recibido críticas desde el inicio de su construcción.

Dependencia y Sanidad

La Generalitat exhibió ante el Gobierno español el recorte en las partidas sanitarias efectuadas entre 2011 y 2014, asegurando que no podía seguir recortando sin afectar a la calidad del servicio. Para sostener el sistema sanitario público, Mas reclamó que el Estado reconociera un déficit estructural del Sistema Nacional de Salud de entorno al 9% del gasto, que compensara tanto la financiación de las nuevas prestaciones introducidas en 2012 como la modificación de los tipos del IVA a los productos sanitarios soportados por las CCAA, que no impugnara medidas como el pago por receta y, por último, que compensara a las CCAA por la atención de los pacientes desplazados.

Según las cifras de la Generalitat, estas medidas supondrían una aportación del Estado de más de 200 millones de euros, algo que el pacto de gobierno de Sánchez y Rivera no explicita.

Otro de los grandes agravios esgrimidos por Mas fue que el Estado no cumple con sus obligaciones respecto a la ley de Dependencia, que supondrían financiar su gasto al 50%. El pacto de investidura firmado por Sánchez y Ciudadanos se hace cargo de este problema y se compromete a "recuperar los principios inspiradores de la Ley de la Dependencia". Sánchez lo volvió a reiterar durante su discurso como candidato a la presidencia, en el que se comprometió a impulsar una financiación "suficiente" para Dependencia.

Si el candidato del PSOE quiere dejar la ley de Dependencia tal y como fue diseñada por Zapatero, deberá aumentar la partida en unos 240 millones solo para Catalunya, un gasto que queda muy lejos de los presupuestos de 2016 del gobierno de Rajoy, que prevén una ampliación de 70 millones más que en 2015 para todo el Estado.

Conflictos entre Generalitat y Estado

En la lista de agravios enviada a Rajoy también había lugar a la conflictividad institucional entre ambos gobiernos. Mas lamentaba los 29 procedimientos previos a la interposición de recursos de inconstitucionalidad abiertos entre la Generalitat y el Estado. De estos, 20 se habían instado por parte del Estado contra leyes de la Generalitat, mientras que nueve habían sido planteados por el Govern al entender que la legislación estatal vulneraba sus competencias. Los conflictos en el Constitucional han aumentado desde el 27-S al promover la Generalitat la conselleria de Exteriores.

La ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fue otro de los agravios denunciados por Mas. A juicio del Govern, vulnera las competencias del Estatut en materia de administraciones locales. El pacto PSOE-Ciudadanos se propone "derogar las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la LRSAL, con el fin de asegurar la autonomía local".

Mas también reclamó la transferencia de parte de los 316 millones recaudados en 2013 por las tasas judiciales y que mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial se permitiese el despliegue del Estatut para que Catalunya pudiese crear su propio Consejo de Justicia. El pacto Sánchez-Rivera se limita a proponer "redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial" en el marco de la LOPJ, sin hablar específicamente de Catalunya.

Energía, becas universitarias, trabajo y desarrollo rural

En el terreno económico, Mas también criticó la reforma estatal del sector eléctrico para eliminar el déficit tarifario al temer que perjudicase a las empresas catalanas. En este sentido, el pacto Sánchez-Rivera incluye la "reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica"

Asimismo, Mas cargó contra la Ley de Garantía de Unidad de Mercado ya que consideraba que invadía competencias autonómicas. En el acuerdo PSOE-Ciudadanos figura la reforma de esta última ley para incorporar "un procedimiento de colaboración entre diferentes administraciones basado en la lealtad institucional".

Mas también incluyó en su lista de agravios el recorte de 20 millones en becas para estudiantes catalanes por parte del ministerio de Educación; el tijeretazo del Gobierno del 25% del presupuesto para centros especiales de trabajo que obligaba a la Generalitat a aumentar su aportación y el recorte "unilateral" a los fondos para el Programa de Desarrollo Rural. En su discurso de investidura, Sánchez dijo que recuperaría dichos fondos.

El catalán en el aula y el IVA de TV3

En materia de Enseñanza, el caballo de batalla de la pasada legislatura fue la LOMCE o ley Wert. Mas reclamó anular el Real Decreto por el que se obligaba a la Generalitat a financiar el coste de escolarizar en castellano en un centro privado -6.057 euros por alumno- descontándolo de las transferencias que recibe Catalunya. El Gobierno de Rajoy hizo caso omiso.

Al inicio del presente curso, la exconsellera Irene Rigau anunció que 17 alumnos cumplían con los criterios fijados por la ley Wert. No obstante, la Generalitat lo recurrió y aseguró que todavía no había concedido bonificación alguna. El pacto Sánchez-Rivera incluye un gran pacto nacional para la educación y, hasta que no se apruebe, paralizar el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor.

Mas también cargó contra el Real Decreto que reordenó el espacio radioeléctrico, que hizo perder uno de los dos múltiplex que gestionaba la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). El expresident presentó la propuesta en julio de 2014, y tres meses después el ministerio de Industria negó el plan alternativo de la Generalitat y dio carpetazo definitivo al segundo múltiplex de TV3.

Otro agravio denunciado por Mas fue el pago 80,5 millones de euros que Hacienda reclama a la CCMA por deducciones del IVA durante los ejercicios de 2012, 2013 y 2014. El ministerio rechazó en noviembre de 2014 las alegaciones presentadas por la Corporación y el asunto está en los tribunales.

Finalmente, Mas denunció el "incumplimiento" de los compromisos del Estado respecto a los equipamientos culturales como el Liceu, el MNAC o el MACBA. El pacto entre socialistas y ciudadanos habla de promover un "Acuerdo Social y Político por la Cultura", sin mencionar la financiación. Sólo en los últimos presupuestos estatales, lo destinado al Reina Sofia, Museo del Prado y Teatro Real triplicó el total de les aportaciones del Estado a centros culturales catalanes. En equipamientos concretos, los fondos estatales a MACBA y MNAC han crecido un 0,7% respecto 2013, mientras que en el mismo periodo el aumento hacia el Prado, el Reina Sofía y Thyssen ha sido del 20%.

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