El grupo de Carles Puigdemont se enteró este lunes de que el expresident y los diputados que están encarcelados en la prisión de Lledoners no cobrarán ya la próxima nómina del Parlament. La decisión la ha tomado la Oïdora de Comptes, que es la interventora de la Cámara catalana, y ha dado esta orden en cumplimiento de la suspensión decretada por el juez Pablo Llarena en su último auto.
JxCat ha manifestado su rechazo a esta decisión y ha subrayado que no ha sido debatida antes en ningún órgano parlamentario. “No cuenta con el aval político de nuestro grupo ni de nuestros representantes en la Mesa”, ha advertido la diputada Gemma Geis. Lo que no aclara el grupo de Puigdemont es qué piensa hacer para intentar que el expresident y los presos puedan recuperar su sueldo.
Preguntada y repreguntada por si ERC o el presidente del Parlament, Roger Torrent, apoyan la orden dada por la interventora del Parlament, Geis ha evitado pronunciarse y se ha limitado a insistir en que lo que es seguro es que JxCat no la avala.
Fuentes próximas al presidente del Parlament han explicado que se trata de una decisión “técnica” y que no se ha adoptado a partir de ningún acuerdo en la Mesa. “Hay que buscar las fórmulas que permitan preservar los derechos de los diputados, siempre de acuerdo con la voluntad de los presos políticos y los exiliados para no perjudicarlos, y de acuerdo con la necesidad de no poner en riesgo a ningún trabajador de la Cámara”, han argumentado estas mismas fuentes. Es decir, Torrent no asume como propia la decisión, pero no la cuestiona.
El grupo de Puigdemont y ERC llevan días enfrentados por cuál debe ser la aplicación del último auto de Llarena. JxCat se niega a que el expresident sea suspendido como diputado mientras que los republicanos estaban dispuestos a tomar esta medida, aunque fuese de manera temporal. La bronca ha llegado a tal extremo que para ganar tiempo se ha acordado no celebrar ningún otro pleno hasta el mes de octubre.
Tradicionalmente a finales de septiembre ya se celebraba alguna sesión plenaria. La oposición ha criticado que la Cámara no convoque ningún pleno durante dos meses, aunque en este caso se incluye también el de agosto, que nunca se considera hábil.