Primera querella de la Fiscalía contra una alcaldesa por donaciones a una entidad independentista

Fonoll, en una imagen de archivo

Primera querella de la Fiscalía contra un alcalde catalán por las cuotas a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). El Ministerio Público ha activado la vía penal contra la alcaldesa de Cubelles (Barcelona), Rosa Fonoll (Unitat Cubellenca), a la que acusa de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos por las cuotas que el consistorio pagó a la entidad independentista.

La fiscal, en su querella, pide al juzgado de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que abra diligencias de investigación contra la alcaldesa Rosa Fonoll por estos pagos, que causaron un "perjuicio a la hacienda de la corporación local de 2.231" euros. Hasta ahora la Abogacía del Estado impugnaba las cuotas a la AMI de sus centenares de ayuntamientos asociados, pero a través de los juzgados de lo contencioso administrativo y no por la vía penal.

Los hechos que el ministerio público pide que se investiguen se producen a raíz de unos informes de fiscalización de los años 2019 y 2020, que concluyeron con una disconformidad de las cuentas del ayuntamiento de la localidad, de unos 15.000 habitantes y ubicada a unos 50 kilómetros al sur de la capital catalana. Según la fiscal, "siendo conocedora -la alcaldesa- de las objeciones y reparos de ilegalidad" manifestados por la interventora y, en consecuencia, de su "absoluta falta de competencia para comprometer y hacer efectivo el gasto", ordenó el pago de las cuotas asociadas a la AMI mediante decreto, por importes de 1.115,50 y de 1.115,50 euros respectivamente, informa EFE.

Y lo hizo, según el ministerio público, "abusando del ejercicio de las atribuciones propias de su cargo y con pleno dominio de los caudales públicos del ente local que representa y preside". Estos pagos, sostiene la fiscal en el escrito de la querella, causaron un "perjuicio a la hacienda de la corporación local de 2.231 euros, no habiendo devuelto hasta la fecha el importe de las cantidades desviadas".

La querella constata que, a pesar de que se dictaron varios decretos en los años previos para aprobar estos pagos, no fue hasta 2019 cuando la alcaldesa tiene una "conducta contraria a Derecho", que "se manifiesta abierta y patentemente ilegal". La Fiscalía se refiere así a los reiterados pronunciamientos que hizo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC sobre esta cuestión, en los que argumentó que el pago de adhesión a la AMI "sobrepasa el ámbito de las competencias locales".

La fiscal subraya, en este sentido, las "reiteradas advertencias de ilegalidad formuladas por la propia Intervención del ayuntamiento de Cubelles de 26 de abril de 2019 y de 28 de marzo de 2021, que se hacían eco de la referida doctrina", pero que la alcaldesa "decidió ignorar, dictando unos decretos que no tenían ningún encaje en el marco de las competencias que tenía legalmente atribuidas".

Por ello, esgrime el ministerio público, los actos realizados por la alcaldesa a partir de 2019 "van más allá de la mera ilegalidad, controlable y revisable mediante los recursos, especialmente los que se resuelven por la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo susceptibles de constituir un delito de prevaricación administrativa".

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