El 60% de quienes piden pisos públicos en Barcelona cobran menos de 16.000 euros anuales
El acceso a la vivienda digna es hoy por hoy el principal problema para muchas familias barcelonesas. Así lo ha hecho constar la Síndica de Greuges de Barcelona (la defensora del pueblo), Maria Assumpció Vilà, en su informe anual. El 60% de las personas o familias que solicitan un piso público en la capital catalana ingresan menos de 16.000 euros al año, “muy pocos recursos”, según la síndica, que se ven agravados por la falta de un plan de choque del Ayuntamiento que ponga fin a “la ausencia crónica” de viviendas sociales. Actualmente hay 28.000 personas en la lista de espera del Consorcio de la Vivienda de Barcelona para acceder a estos pisos. La situación es especialmente grave para 3.762 de las que constan en el registro, el sueldo de las cuales no llega a los 4.200 euros anuales,según los datos de la síndica.
Ante las cifras, Vilà, que en total ha recibido 80 quejas este año relacionadas con vivienda y desahucios, aseguró que echa de menos “la firme voluntad política por parte del Ayuntamiento de trabajar para que la gente tenga casa, en vez de esperar eternamente que el mercado inmobiliario se autorregule”. La síndica ha denunciado que, además, muchos de los aspirantes a acceder a las viviendas “hace años que esperan una adjudicación”, una muestra de que, a su juicio, el Consorcio de la Vivienda no tiene “capacidad de respuesta” para la mayoría de las solicitudes.
En este sentido, la Vilà ha criticado también el proyecto de reforma del nuevo reglamento para acceder a vivienda pública. “El proyecto obvia el compromiso de hacer una reserva, como mínimo de un 10%, para atender a personas y colectivos vulnerables”, una detalle presente en la actual normativa. Es por ello que la síndica reclama que se cree un nuevo reglamento para demandantes de pisos de emergencia social que se encuentren en situaciones de riesgo.
Más quejas que el año pasado, sobre todo del transporte público
El informe que ha presentado este martes la Síndica de Greuges de Barcelona incluía un total de 1.911 quejas formalizadas a lo largo del 2012, una cifra que supone un incremento del 7,5% respecto al año anterior. De todo el anuario, el apartado que más protestas registraba es el de los transportes públicos, con un total de 366, ocasionadas mayoritariamente por el aumento de un 116% del precio del servicio de bicicletas Bicing. Para rebajar las quejas, la síndica ha propuesto la creación de un abono familiar o la bonificación de los trayectos en subida. En materia de transportes, Vilà también ha pedido que se revise la normativa para distinguir entre la comisión de infracciones y los errores, que cometen a veces-entre otros-los “jubilados”, y que cree que no deberían responder ante los revisores de la misma manera que una persona que se ha colado.
Por otra parte, Vilà ha calificado de “ineficaz” las la ordenanza de civismo cuando se aplican a personas en riesgo de exclusión social. Según la síndica, es contraproducente iniciar unos trámites que supondrán una carga para la administración para enviar unas multas que difícilmente se podrán cobrar.
