La Operación Catalunya sobrevuela el juicio por la fortuna oculta de la familia Pujol Ferrusola. Las defensas del expresident de la Generalitat y sus siete hijos han pedido a la Audiencia Nacional desclasificar todos los documentos relacionados con las maniobras parapoliciales del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy contra sus adversarios políticos y que sus responsables policiales declaren en la vista como testigos.
La solicitud para que los documentos relacionados con la Operación Catalunya dejen de ser secretos es una de las pruebas anticipadas –es decir, a practicar antes del inicio formal del juicio, que todavía no tiene fecha– que realiza Oriol Pujol, representado por el penalista Javier Melero, en su escrito de defensa presentado este lunes. Por su lado, Jordi Pujol Ferrusola y sus otros cinco hermanos, defendidos por el abogado Cristóbal Martell, solicitan que el excomisario José Manuel Villarejo y el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino declaren como testigos.
Además de negar los delitos de los que les acusan la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los Pujol Ferrusola quieren usar en su defensa los movimientos del excomisario Villarejo y la brigada política que anidó en Interior durante el mandato del exministro Jorge Fernández Díaz.
En su escrito de defensa de Jordi Pujol Ferrusola, Martell expone que la causa sobre la fortuna familiar tiene “origen e impulso” en una iniciativa “al margen de toda legalidad procesal y control judicial” protagonizada por la brigada política, en la que destaca “la intervención” de Villarejo y la “coordinación” de Pino. El hijo mayor de la familia pide que también testifiquen los exinspectores Bonifacio Diez Sevillano y Celestino Barroso y el excomisario Marcelino Martín Blas como “ejecutores” de una “operación de acoso coactivo” sobre los responsables de la Banca Privada de Andorra para obtener información sobre las cuentas de los Pujol.
Añade Melero en el escrito de defensa de Oriol Pujol que hasta ahora el juez del caso Villarejo se ha negado a desclasificar los documentos relativos a la Operación Catalunya, pese a que en las declaraciones que realizaron como testigos la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, y el empresario Javier de la Rosa, y en las que participaron Villarejo y otros exmiembros de la brigada política. Ni Álvarez ni De la Rosa han sido citados como testigos en el juicio por parte de la Fiscalía, que pide nueve años de cárcel para el expresident y 29 para su primogénito. “La desclasificación no alcanzó los pagos efectuados a testigos [del caso Pujol] con cargo a fondos reservados del Ministerio del Interior”, argumenta el penalista.
La petición de la familia se produce después de que el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, dejara fuera de la investigación los encargos de Interior al comisario Villarejo en los años 2013 y 2014, en la época de la Operación Catalunya, con el argumento de que es información susceptible de “estar legalmente clasificada”.
En esos años Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes directas del comisario Eugenio Pino, el artífice de la brigada política y que ya fue absuelto del caso del 'pendrive' de los Pujol, que a punto estuvo de contaminar toda la investigación sobre el origen de la fortuna familiar. Por su participación en la Operación Catalunya, Villarejo fue condecorado en marzo de 2014 con una medalla pensionada, como reveló elDiario.es un año después.
La familia insiste en la 'deixa' del abuelo
Más allá de la petición para desclasificar documentos y de la declaración de los expolicías, que supondría dar un giro al juicio, los escritos de defensa de Pujol y su familia insisten en la misma tesis expuesta por el expresident en su carta de confesión del 25 de julio de 2014: el origen de la fortuna familiar es un legado –la famosa 'deixa' del abuelo Florenci– que permanecía fuera de España porque así lo había decidido el padre del expresident ante la “profunda inestabilidad política” y su “futuro incierto” por los “riesgos” que asumía Pujol al dedicarse a la política.
“Nunca en el ejercicio de su alta función pública D. Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio, sin que resolviera o indujera por influjo a que otros lo hicieran, desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos”, expone el penalista Cristóbal Martell en el escrito de defensa del expresident.
Recrimina además la defensa a la Fiscalía que no identifique en su acusación ninguna conducta concreta relacionada con la presunta corrupción familiar. Y concluye que no existe “un solo ingreso” en el patrimonio familiar “que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas”.
Lo contrario opinan las acusaciones. La Fiscalía vincula la fortuna familiar a una “red de clientelismo” que Pujol tejió con empresarios afines en los 23 años de presidencia, con quienes con quienes “se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos” de las administraciones controladas por el partido“. Menos relevancia a la supuesta corrupción de la familia da la Abogacía del Estado, que se centra en el fraude fiscal (el del expresident está prescrito y por eso no le acusa) y pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola.
La estrategia de la familia, además de negar cualquier vínculo entre la corrupción y la fortuna familiar, pasa por presentar a Jordi Pujol Ferrusola como el gestor de los fondos, pero desvinculándolo de supuestas comisiones a cambio de contratos con la Generalitat. Según su defensa, el primogénito conoció directamente de su abuelo el legado de 140 millones de pesetas en dólares y a partir de 1990 (cuando gracias a las sucesivas devaluaciones de la peseta y la inflación habían ascendido a 500 millones de pesetas) lo gestionó “por acuerdo” de todos sus hermanos.
Es en 1992, según la defensa, cuando Jordi Pujol Ferrusola inicia el reparto progresivo de los fondos entre los hermanos, que finaliza el año 2000, sin que en ningún momento se produzcan ingresos “vinculados a la administración pública y a su actividad de contratación”. Las acusaciones, agrega la defensa, no han identificado “ni un solo supuesto” en el que Pujol Ferrusola presionara a funcionarios públicos para que las empresas a las que asesoraba lograran contratos públicos.