“No hay ni una sola condenada por aborto en El Salvador que no sea pobre”

Desde hace 20 años, el aborto en El Salvador está no sólo prohibido, sino castigado con pena de cárcel de hasta 30 años. Decenas de mujeres se han pasado más de una década en la prisión por interrupciones del embarazo que en muchos casos han sido involuntarias, pero que no les exime de ser acusadas de homicidio. Tras una larga lucha por parte de organizaciones feministas y por los derechos humanos, y casos sonados y mediáticos como el de Beatriz, la sociedad salvadoreña empieza a ver necesario un cambio en la ley. Ahora solo falta que lo hagan también los políticos, que pese a un compromiso inicial han acabado aplazando la reforma del código penal a la próxima legislatura.

Una de las figuras más activas a la hora de ayudar a las mujeres afectadas, y a la vez hacer lobby político, ha sido Morena Herrera. Guerrillera durante el conflicto civil en El Salvador, ahora encabeza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico. Estuvo en Barcelona la semana pasada para participar en un debate en Ca La Dona sobre los derechos sexuales y reproductivos en distintos países del mundo.

Llevan toda la legislatura en El Salvador tratando de que haya cambios en el código penal para despenalizar el aborto. ¿Cómo ha acabado su petición?

La legislatura ha concluido hace dos semanas y el aborto sigue estando penalizado en todas sus formas, tal como viene sucediendo desde hace 20 años, cuando entró en vigor el nuevo código penal que se acordó en los Acuerdos de Paz. Fue en 1997. El Gobierno, que era de derecha, no se planteaba penalizar el aborto, simplemente regular algunas excepciones, pero se empezaron a levantar voces que movilizaron a estudiantes y a la iglesia, y al final se acabó prohibiendo. La legislatura que ahora acaba era la primera oportunidad para modificar la ley, pero no se ha logrado.

En esta reforma ustedes pedían solo que se regularan casos en los que sí se permitiera el aborto, como el riesgo para la vida o la salud de la madre, las malformaciones fetales incompatibles con la vida, o el embarazo fruto de una violación… Son demandas de mínimos.

Exacto! Pero es que no sólo está nuestra propuesta. Hay otras que plantean elevar las penas de 30 a casi 50 años… Durante el proceso de revisión de la ley se han levantado las mismas voces que en el 97 se movilizaron, y además los apoyos que teníamos en la Asamblea Legislativa nos han fallado. Yo creo que por cálculos electorales y por miedo a ser señalados, muchos políticos con los que teníamos negociaciones al final no han sabido captar el cambio social que se ha producido en el país.

Además de los encarcelamientos ¿cuáles son las consecuencias de tener una penalización del aborto con penas de 30 años?

La primera tiene que ver con la salud y la vida de las mujeres. Muchas mueren por embarazos ectópicos (el óvulo se aloja fuera del útero y puede causar graves problemas a la gestante). Los médicos, por temor a ser procesados, se esperan a que ya no haya latido fetal para intervenir, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo y que conlleva enormes riesgos de hemorragia para la mujer. La propia ministra de Salud ha reconocido que muchas mueren. El año pasado, el 97% de las muertes maternas fueron por causas prevenibles; se habrían evitado con una interrupción a tiempo del embarazo. Otra consecuencia grave es no poder interrumpir el embarazo cuando se trata de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, y eso que en El Salvador el 30% de embarazos son de menores de edad. Hay 1.500 casos de menores de 14 años preñadas cada año. Y por todo ello, por falta de alternativa, una de las principales causas de muerte adolescente es el suicidio.

¿Y qué pasa si el aborto es natural? ¿Involuntario?

Lo mismo. Cuando llega una mujer con indicios de aborto espontáneo a un hospital, la acusan de aborto y la apresan en la misma sala de emergencia del hospital. Si el embarazo está en una etapa avanzada, aunque no haya hecho nada para provocar la pérdida del feto, se la acusa de homicidio agravado, con penas de 30 años. Ahora mismo en el país hay 24 mujeres condenadas por ello y dos todavía en proceso. De todos los casos, no hay ni una sola condenada que no sea pobre. Las que tienen dinero se pueden permitir salir del país o ir a algunas clínicas privadas.

¿Cuáles son los dos casos en proceso por los que están intercediendo ahora?  

Uno de ellos es Emelda. Nos dijo que la niña era hija de su padrastro, que abusaba de ella desde los 12 años. Pedimos a la Fiscalía pruebas de ADN para que sirviera de descargo, y al final lo hicieron y se demostró que decía la verdad. Aun así, la Fiscalía alegó que tenía que haber denunciado el abuso. No comprenden que la violencia sexual en el seno familiar es muy complicada de denunciar. Por ahora la muchacha sigue presa. El otro caso también es terrible. Una mujer que tenía una hija de seis meses, a la que estaba amamantando, no se dio cuenta que estaba embarazada. Tuvo una pérdida a las doce semanas y acudió al hospital, donde la denunciaron. Ahora está procesada.

El sistema es punitivo y con una importante carga de prejuicio. Para mi hay tres ideas que han conseguido dejar fijadas: que aborto es asesinato, que mujer que aborta es una asesina, y que un feto es un bebé. Todo esto ha acabado calando en una parte de la población, aunque sin mala intención, y eso es lo que a nivel jurídico tiene unas graves consecuencias sobre las mujeres, aunque haya decenas de instancias internacionales que se acerquen a nuestras instituciones a exigirles que esto tiene que cambiar, que es una violación de derechos humanos.

¿Cuáles son sus reivindicaciones para las mujeres que están actualmente en la cárcel?

Hay dos caminos. En algunos casos pedimos revisión de sentencia, que implica que tribunal que las condenó reconozca evidencias de errores judicial a partir de nuestro recurso, que se basa en peritajes médicos y otros documentos. Es difícil, pero hemos logrado algún caso. Luego impulsamos conmutaciones de pena, una cuestión que hemos discutido con gobierno, pero que depende de la Corte Suprema.

La problemática del aborto en El Salvador trascendió sus fronteras con el caso de la joven Beatriz en 2013, ¿cómo lo vivió usted?

Nos avisaron los médicos. Ella tenía una enfermedad, lupus heritomatoso sistémico con afectación renal, que ya le había complicado fuertemente un parto anterior. Además le diagnosticaron que el feto era anencefálico, no tenía cerebro, no iba a sobrevivir. Ella, que tenía 21 años y quería vivir, pidió que le interrumpieran el embarazo, pero se negaron. Entonces la contactamos para apoyarla. Presentamos recursos a la justicia, se empezó a generar debate, la llamaron de grupos fundamentalistas para que aceptara dinero o trabajo para su marido… Al final hablamos con la Ministra para que la internaran en un hospital, y allí estuvo 81 días esperando con enormes presiones políticas y sociales a que se pronunciara la justicia.

Al final permitieron la interrupción del embarazo.

Pero tardamos. En un momento de desesperación, porque su salud se deterioraba, pedimos medidas cautelares de protección a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, y nos las concedió, pero la oposición seguía siendo muy fuerte. Incluso nos ofrecieron trasladarla a Méjico, España y Estados Unidos, pero era complicado… Al final la corte dictó medidas provisionales y eso abrió espacio jurídico para dar confianza a los médicos, que le hicieron cesárea en la semana 26. El niño murió a las cinco horas. Beatriz quedó en cuidados intensivos, con la salud deteriorada. Nunca logramos que le dieran pensión por ello. Y el año pasado, tras un accidente de moto en la que no presentaba heridas mortales, fue ingresada, agarró una neumonía dada su situación frágil de fondo, y murió.

¿Qué cambió en El Salvador tras el caso de Beatriz?

La gente empieza a hablar. Aquellos días fueron increíbles: en el mercado, en las universidades, las clínicas… En todas partes se comentaba. Con la lucha por su vida contribuyó enormemente a la sociedad salvadoreña. Su caso conmovió porque era una mujer joven que soñaba con vivir. No pedía nada del otro mundo. A partir de entonces mucha gente se dio cuenta de las consecuencias de una ley que hasta entonces no conocían porque no les afectaba. No era percibida como un problema generalizado. Y esto también ha cambiado, aunque no haya logrado por ahora un impacto suficiente en la clase política. Por eso queremos hacerles pagar al menos el coste político de si decisión, y vamos a “premiar” a los diputados que opusieron más resistencia con 63 cruces que representan las tumbas de las mujeres muertas.

¿Es optimista? ¿Cree que el cambio podría llegar en la próxima legislatura?

Sí. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. El cambio social ya lo he visto. Y la derecha, que siempre se ha presentado como monolítica ante estos temas, también se ha quebrado. Algunos diputados nos han dicho que no han votado las propuestas de la izquierda por venir de donde vienen, pero que apoyarían otra propuesta. Y lo estamos trabajando. Otro diputado joven derechas, más sensible, lo hizo, se atrevió. Y hasta día de hoy se ha mantenido firme con su iniciativa.