El Govern no presupuesta ni un euro para la renta garantizada aunque incrementa en 70 millones la renta de inserción
La Renta Garantizada de Ciudadanía, una reivindicación largamente demandada por amplios sectores, no recibe en el proyecto de presupuestos ninguna partida económica. El borrador sí contempla un incremento importante en el apartado de Renta Mínima de Inserción, que dispondrá de 70 millones más hasta totalizar 243. Esta mejora se hace en previsión de que finalmente haya un acuerdo político y se cree la Renta Garantizada de Ciudadanía.
El proyecto de presupuestos de la Generalidad de 2017 en el apartado de Trabajo, Asuntos Sociales y familias incluye un incremento de 193,8 millones respecto del que fue prorrogado en 2015 porque no hubo acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP. En cifras absolutas supone pasar de 2.106 millones a 2.299. Esto supone un incremento del 12,7% según los documentos presentados en el Parlamento.
El departamento de Treball agrupa bajo su paraguas competencias de lo que antes se diría protección social y de gestión de las competencias directamente vinculadas con el ámbito de promoción laboral.
El Gobierno destaca como parte más importante del incremento, la correspondiente a la Renta Mínima de Inserción, que suma 243 millones, lo que representa 70 millones más, destinados a la prestación económica y para políticas de inserción. El ejecutivo destaca que esta última cantidad se ha destinado como reserva para lo que sería la futura Renta Mínima de Ciudadanía, o lo que la campaña social denomina como Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que está pendiente de un acuerdo político.
La atención a la dependencia cuenta con 53 millones para nuevas plazas concertadas y 14 millones para el funcionamiento de nuevos centros de día.
La atención domiciliaria se incrementa en 43 millones, la mayoría de los cuales hacia los contratos con los entes locales.
La atención a niños y adolescentes en riesgo recibe un incremento de ghasto de 18 millones, lo que debería servir para crear 210 plazas residenciales nuevas. También dedica 6,5 millones para servicios de atención de los entes locales y 3,1 millones para prestaciones económicas a la acogida.
Los centros especiales de trabajo, reciben un incremento de 20 milloneas, mientras que se mantiene lo que se dedicó a afrontar la pobreza emergencia, 10 millones.
Empleo
El apartado de empleo recibirá, si finalmente los presupuestos pasan el filtro parlamentario, 724,1 millones. De dicha cifra 388,4 millones se destinarán a mejorar la empleabilidad de las personas en paro o que buscan su primer trabajo. Otros 327,4 millones en los apartados de igualdad, calidad e integración laboral y 8,3 millones se destinan a formación profesional agraria y pesquera.
Cabe destacar que de la totalidad de dinero que mueve el departamento de Trabajo, sólo 3,1 millones corresponde a inversiones reales, 614,5 millones son transferencias corrientes, especialmente fuentes dedicados a pagar prestaciones y subsidios de desempleo y el resto se gasta en bienes y servicios corrientes y en gastos financieros, que suman 0,5 millones.
Esto, sin embargo, el apartado laboral no está limitado a las competencias del departamento que preside la consejera Bassa. En este sentido, hay fondos destinados a la promoción industrial o programas específicos del Departamento de Empresa y conocimiento que inciden también en la lucha en favor del empleo.
