Recordando al Cesar, la justicia, para serlo, no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Sin embargo, lo que hoy emana de las altas instancias judiciales en España, especialmente tras las últimas decisiones sobre el caso Kitchen, no es precisamente un aroma de equidad, sino el hedor de la descomposición institucional. La noticia de que María Dolores de Cospedal y por extensión la cúpula política de Mariano Rajoy volverá a evitar el banquillo de los acusados no ha sorprendido a nadie. Y esa falta de sorpresa es, precisamente, el síntoma más alarmante de una democracia enferma.

El argumento de que “no hay indicios suficientes” para juzgar a la exsecretaria general del PP choca frontalmente con la lógica ciudadana y con la fonoteca nacional. Los audios con el comisario Villarejo, donde se hablaba de “laminarse” pruebas y de “la libretita” de Bárcenas, parecen haberse disuelto en uno de esos agujeros negros que existen en nuestro sistema jurídico.

El sentimiento de la calle es claro, decepción, convencidos de que estamos asistiendo a una instrucción “quirúrgica”. El papel del juez García-Castellón es señalado es el de un orfebre que, durante años, habría moldeado los tiempos y los plazos para que, al llegar al juicio oral, los peces gordos ya hubieran escapado de la red. Es el triunfo de la verdad procesal (aquella que se construye en los despachos) sobre la verdad real (aquella que toda la sociedad conoce).